Por lo general el humo no nos deja ver el fuego, y aún menos los daños que éste causa. El resultado de las elecciones primarias de la derecha venezolana resultó en otro nuevo golpe de estado a las Instituciones de la sociedad venezolana. El profesor Earle Herrera en un artículo publicado en aporrea (15-02-2012), de una extensión aproximada de un cuarto de página, que no tiene renglón de desperdicio; dirigido a los analistas y a los responsables de tomar decisiones plantea: El análisis previo al hecho implica pistas para la acción; el análisis pos-hecho sólo sirve para un ejercicio intelectual. Estamos en el proceso donde el hecho emergió y ha desencadenado una serie de acontecimientos políticos.
Muchos analistas y militantes del chavismo, antes de celebrarse las elecciones primarias de la derecha opositora, declaraban complacidos que el hecho de las primarias manifestaba que por fin la derecha había entrado por el aro del juego democrático y ahora concurrían a las elecciones reconociendo CNE y todo. ¡Qué lejos estaban de la realidad!
El CNE llego a un acuerdo, o al revés, la derecha llega a un acuerdo con el CNE (¿Que se sabe con certeza de ese acuerdo), para usar su infraestructura en las elecciones, las cuales se regirían por un reglamento interno de la MUD y no los principios del ente rector; “el cual aceptó”. Según Jorge Rodríguez, todo proceso electoral regido por el CNE tiene unos pasos (7) a seguir, los cuales garantizan la pulcritud del proceso. Dentro de ellos, uno es la razón de ser del CNE en tanto que poder electoral, los otros son mecanismos técnicos del proceso. El CNE cedió, negoció, el principio, la filosofía: La garantía de un voto un elector.
El resultado de las elecciones fue un fraude y su demostración legal es imposible. Estadísticamente se comprobó que el proceso muestra comportamientos anómalos. La comprobación de facto no puede realizarse porque los cuadernos ya no existen; pero debe haber alguna consecuencia para aquellos que con conciencia y desplante incumplieron una orden, no de cualquier tribunal, sino del máximo tribunal de justicia; es decir, de ¡El Tribunal Supremo de Justicia. (T.S.J)!
¡El CNE falló en el proceso de aplicación de sus funciones, en su razón de ser y este hecho nos devuelve a la cuarta república, donde “acta mata voto”. ¡Ese es un problema de ellos, decían los chavistas, nosotros tenemos nuestro candidato!; entendiendo que el problema estaba en el ámbito de lo privado, hasta que surgió la denuncia y reclamo que pedía reconteo de votos por parte de uno de los pre-candidatos de Yaracuy, haciendo la respectiva denuncia ante el TSJ. El problema se trasladó al ámbito de lo público; se reclama entonces el hecho de que se violentaron los derechos civiles de un ciudadano.
Las respuestas de la derecha en torno a las dudas del proceso fueron respondidas por diversos personajes y de la misma manera. A la pregunta de un periodista, el ganador de la candidatura presidencial, riposto: “¿Usted esta diciendo que el CNE cometió fraude?”. Otros, ¡Si hubo fraude es responsabilidad del CNE! Un locutor antichavista de una radio larense afirmaba: “¡El CNE presto las maquinas o mejor dicho, las alquiló, ya que se tubo que pagar y bien caro! Asignándole un papel al CNE, como empresa que alquila infraestructura para realizar conteo de votos en elecciones y no el de la institución con rango constitucional para hacer cumplir la transparencia electoral.
Frente a la demanda del candidato yaracuyano ante el TSJ, éste procede e instruye que los cuadernos electorales no se quemaran y se entregaran para hacer la respectiva auditoría. La situación se complica dado que los opositores desconocen la instrucción y proceden a quemar los cuadernos impidiendo así todo el proceso de auditoría. Queda así un proceso en pleno desarrollo, como dijo el sr aquel, donde está por verse si la justicia venezolana actúa restableciendo los derechos individuales violados en la presente situación y al mismo tiempo si el TSJ actúa haciendo cumplir sus sentencias, o pasa bajo la mesa las sanciones que corresponden por desobediencia de sus dictámenes. Sólo desde la primera posibilidad se reivindicaría la credibilidad de la justicia y las instituciones venezolana; de lo contrario, se confirmará la sentencia que somos un país donde reina la impunidad.
Queda por verse, pues, si de estos hechos sale bien parada las instituciones y se reivindica los derechos individuales y colectivos que son parte esencial de la democracia. Lo que es evidente es que estamos en pleno proceso de un nuevo golpe de estado por parte de la derecha venezolana contra la institucionalidad y los derechos individuales y colectivos.
Los japoneses se hacen el haraquiri para salvar el honor cuando no logran o fracasan en la responsabilidad que le han encomendado. No pidamos tanto a nuestros funcionarios, pero como mínimo alguno debiera asumir la responsabilidad y renunciar.
¡Despejemos el humo para ver los daños!
ulpimedialegua@yahoo.es
