Entremos por la calle del medio: cada quien emplea su derecho a la libertad de expresión como mejor entiende que debe hacerlo. Si ello acarrea o no consecuencias posteriores, es otro, entonces, el tema a debatir. Pero –y acá lo que nos ocupa– cuando tal privilegio humano es direccionado para moldear mentiras son otras las consideraciones que entran en juego. Peor aún, cuando quien derrama la farsa posee una investidura nacida de cierto respaldo popular. Sí: nos referimos a María Corina Machado y la sarta de invenciones y cizañas que, al amparo de su condición de asambleísta, armó en España rodeada de graneados pensantes de la derecha europea hace apenas una semana.
En medio de “agonía y éxtasis”, como señaló, dibujó una Venezuela que en el menos “pintao” de los ingenuos que haya podido escucharla, pudo haber generado –mínimamente– las ganas de lanzar un misil en el mero centro de Miraflores.
Haciendo uso poco responsable de su inmunidad parlamentaria, afirmó que en Lara el presidente Hugo Chávez, luego de ver “una finca que le gustó, ordenó su expropiación”. Insinuó, igualmente de manera insensata, que la esposa del supuesto afectado, “que estaba embarazada, (…) ese día perdió su finca y su bebé” por el “capricho” del jefe de Estado, a quien dicho relato puede asociar con el concepto de homicida. Impelable que cuestionara la transparencia de nuestro sistema electoral y que pusiera en duda las misiones que, “en teoría”, apadrinan niñas que en lugar de vender café “a los camioneros sabemos que venden otros servicios”.
Pero si algo nos impactó –tanto como lo anterior– fue cuando enfatizó que “ha surgido una serie de grupos” que llama “paramalandros y que están armados por el Gobierno y operan bajo el patronato del mismo”.
Nos preguntamos: ¿genera impunidad absoluta el goce de la inmunidad parlamentaria? ¿Diputadas y diputados, por su parte, se quedarán de brazos cruzados luego de ser señalados por Machado como los capos que “dirigen diversas bandas”?
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