El programa de la derecha con muy escasas referencias, no hace más que “comparar” la IV con el proceso bolivariano, pero en esa “comparación” no hay datos e indicadores. Una comparación que no pasa de decir e insistir por ejemplo, que durante la IV la administración pública estuvo orientada eficaz y eficiente al servicio del bienestar de los venezolanos y que ahora no es así. Está al servicio del un autoritario.

 El tema de la descentralización  y el Poder Popular son dos aspectos  tratados en el  programa. A través de ellos, se entiende bastante a la oposición y a sus seguidores. En los lineamientos se deja ver, que los “avances” logrados en el campo de la descentralización resultó ser para AD y COPEI una fiesta democrática y una demostración de su compromiso con el país. En la lectura se percibe por ejemplo, que la elección directa de gobernadores la entregaron muy comprometido con la fallida reforma del Estado. Un bobo o castrados políticos pueden entender esto así, porque no son capaces de recordarse toda la movilización que realizó una parte de la sociedad venezolana (movimientos de los notables) para arrancarle esta ley a los partidos de AD y COPEI.

Más allá de este hecho, la tesis y la concepción que defiende la oposición sobre la descentralización en este programa, se limita a lamentarse que las entidades territoriales no le llega el dinero, porque una parte de los recursos que recibían tiene como sujetos a las comunidades organizadas. El problema no es la descentralización; el asunto es monetario y se lamentan de los aportes que van a los consejos comunales como parte de un proyecto básico de la revolución. Los puntos que se comentan en la página 29 de los lineamientos, como “logros de la descentralización entre 1989 y 1998”,  son casi todas mentiras.

Si en algo hay que seguirse quejando en tiempos de revolución, es la situación que viven los municipios con los llamados PDUL. Pocas alcaldías no tienen todavía este instrumento  y las que lo tienen, no lo usan. Esto no es un logro de la IV y lamentablemente  tampoco se registra como logro  de la V.

¿Qué fue el FIDES y el LAEE? ¿Es mejor instrumento el FIDES y LAEE que la Ley Orgánica de Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento?

Estas dos leyes se asumen como dos puntos importantes en el proceso de descentralización y probablemente fueron dos iniciativas con sus bondades, pero con un esquema de distribución de recursos que promovía la existencia de dos Venezuela. Las entidades no eran iguales ante la ley. Había unos estados que eran más venezolanos que otros y a través de esa ley, se promovía una mayor desintegración territorial. El modelo de descentralización que promueve la oposición a través de estos lineamientos, pretende revivir un modelo de descentralización que pretende regresarnos a la existencia de dos Venezuela en el plano territorial y social.

No es cierto lo que se plasma en la página 25 de estos lineamientos cuando se dice: “Por su parte, el FIDES quedó virtualmente eliminado con la aprobación con la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la cual establece que los recursos que nutrían al fondo y se transferían a los estados y municipios pasan ahora a los consejos comunales”. No es cierto esto; el FIDES no quedo “virtualmente eliminado”, quedó realmente eliminado y los recursos no van a los consejos comunales. Una parte de esos recursos que antes se quedan en los estados y municipios bajan ahora a las comunidades organizadas y esto es un cambio sustantivo. Los estados y municipios continúan recibiendo sus aportes y esta Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno con su reglamento, es un instrumento de mayor alcance descentralizador, que la ley FIDES y LAEE. El índice relativo de desarrollo es efectivamente un mejor criterio para proceder a realizar la distribución de los aportes a los estados y municipios. Socialmente es un mejor parámetro.

El problema y el clavo que atraviesa el sentir de la oposición, es que dentro del modelo de descentralización que ofrece el proceso bolivariano, las comunidades organizadas son un sujeto activo y tienen posibilidades reales de participar. A la oposición le duele e irrita que este modelo tenga este sentido y por eso el malestar.  Su problema en estos lineamientos camina tras la opción de desmantelar estas iniciativas que el proceso ha denominado “Poder Popular” y para encubrir o justificar la eliminación del Poder Popular y sus leyes, expresan que hay que “deslastrarlo  de todo sesgo ideológico”. Su interés es eliminarlo y quitarle el derecho que tienen de recibir aportes a través del Consejo Federal de Gobierno. Esto queda claro en  la página 17; después de tanta basura, se dice. ¨Los consejos comunales deben terminar de asumir “funciones públicas que le son ajenas”. Debajo de toda la otra basura, este detalle es definitivo para verle su intención.