Felipe González, expresidente español, ha expresado que asumirá la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma en Venezuela. Así como antes González en su país defendió a quienes fueron juzgados y condenados por ser responsables de la conformación de los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, que aplicaron terrorismo de estado contra la ETA, hoy el hombre defenderá a quienes en nuestro país promueven la violencia y el fascismo para acceder al poder político.
Como es de conocimiento público los GAL actuaron desde 1983 a 1987 contabilizándose entre sus hazañas más de 60 actos terroristas que causaron 27 asesinatos. Aunque estos grupos parapoliciales actuaron principalmente en el País Vasco Francés y sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, también afectaron a muchos inocentes.
Ahora Felipe erigiéndose en defensor de los Derechos Humanos declara que defenderá a Leopoldo y Antonio, quienes permanecen encarcelados por promover la violencia como medio para desestabilizar al gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro.
Hay que decirle al sr. González que si de verdad quiere velar por los Derechos Humanos en su país tiene bastante por hacer. Según informes bastante sólidos en España entre 2001 y 2008 hay más de 5000 denuncias de casos de torturas y/o malos tratos que deben investigarse.
Las extensas citas de Makazaga X. (2009), Manual del Torturador Español, que se presentan a continuación, muestran parte de la cruda realidad respecto a los Derechos Humanos que padecen los españoles.
“El informe de Amnistía Internacional (AI) titulado España: acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación, publicado en diciembre de 2004, es uno de los documentos más relevantes en lo que respecta a la denuncia de la práctica de la tortura en el Estado español. Con este documento, la asociación internacional de Derechos Humanos expuso «motivos de preocupación concretos que se derivan de la injusticia a la que se enfrentan las víctimas de tortura y malos tratos en España», al tiempo que formula «serios cuestionamientos sobre el compromiso del Estado con la protección del derecho de las víctimas a una reparación íntegra y apropiada que incluya medidas de rehabilitación, indemnización, restitución y satisfacción, así como garantías de que el delito no se repetirá».
“Las conclusiones del informe se basan en el análisis de más de 450 sentencias dictadas por tribunales españoles entre 1980 y el 2004 relativas a casos de torturas y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad. De estas, únicamente 90 resultaron condenatorias. Según AI, «la larga duración de los procesos beneficia a los presuntos responsables, que mientras la causa está en curso no son apartados de su actividad profesional. Amnistía Internacional ha comprobado que, debido a la extensión de los procesos en el tiempo, los tribunales con frecuencia aplican a los condenados la circunstancia atenuante por dilaciones indebidas, por lo que la pena puede quedar reducida hasta en dos grados y acabar imponiéndose en su extensión mínima, de forma que la condena no guarda proporción con la gravedad del delito. Para la víctima, en cambio, los largos años de espera suponen una situación de desamparo y sufrimiento añadido y una segunda victimización»
Que no venga éste hombre a meter sus narices en nuestros asuntos y a pretender defender a fascistas y aprendices de terroristas.
Carlos Luna Arvelo.
P.D:
Pero más allá de este tema es necesario mantener vigente la denuncia del secuestro de Alcedo Mora Márquez en Mérida y exigir a las autoridades que atiendan el caso. Vivo se llevaron a Alcedo y vivo deben regresarlo.
