La ley mordaza española, aprobada en marzo pasado y que tiene por título Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana vale la pena revisarla. Es un bodrio propio de un régimen autoritario y despótico, al estilo de pinochetista y del que instaló por cuatro décadas su padre putativo, Francisco Franco, con el apoyo bélico del Führer alemán y Mussolini, donde el ejercicio de la protesta prácticamente dicha ley la prohíbe por el considerable monto de las multas que esa norma legal le impone a todos aquellos que hagan parte de la misma y decidan escoger como espacios para la misma, por ejemplo, los accesos públicos al Congreso de los Diputados en Madrid.
Una España literalmente arrodillada a los pies del imperio yanqui y presta a servirle para lo que fuese, inclusive hasta para generar con base en mentiras guerras en cualquier lugar del planeta (caso Iraq), es entendible que produzca leyes tan repudiables como esa, cuyo articulado no sólo enumera las infracciones en que pudiera incurrir un súbdito de ese país que ose manifestar públicamente, sea ya para festejar algún suceso o para reclamar o exigir respeto a derechos que los siente vulnerados, sino que estipula las respectivas sanciones con multas exageradamente abultadas, tan altas que con ello se demuestra que la monarquía que lo gobierna, le importa un bledo su pueblo.
Por suerte, ese pueblo ya despertó. Las elecciones municipales realizadas el 24 de marzo último le asestaron al binomio gobernante por casi 40 años (PP/PSOE) una aplastante derrota, cuyos resultados pronostican por ello que ese fracaso será aún mayor en los comicios presidenciales de noviembre venidero (período 2016/20), pues allí perderán el poder que vienen compartiendo como fieles herederos del Hijo por la Gracia de Dios, desde que éste falleciera en 1975 y asumirán nuevos liderazgos que se han declarado enemigos del neoliberalismo y dispuestos a proponerle al pueblo español modelos económicos que signifiquen un compromiso social auténtico con los sectores mayoritarios del país, en el marco de una indeclinable política de plena soberanía e independencia que libere a España del recetario de dominación y de hambre del FMI.
La ley distingue tres tipos de infracciones: Muy graves, graves y leves. Veamos sólo parte de las primeras: 1) Manifestaciones no autorizadas o prohibidas en frente a instalaciones públicas o privadas donde se prestan servicios a la comunidad; 2) Fabricación, traslado y utilización de armas de fuego, explosivos y pirotécnicos; 3) Convocatorias prohibidas o suspendidas por razones de seguridad pública; 4) Fotografiar a la fuerza pública y, 5) Proyectar haces de luz que provoquen ceguera momentánea.
Las multas para esas infracciones, por increíble que nos puedan parecer, han sido fijadas entre 30.001 y 600.000,00 euros que, al cambio en bolívares (base: dólar guarimbero), serían entre 12 millones y 240 millones de bolívares.
Qué paradójico que un personajillo de la calaña de González, activo propulsor de este tipo de leyes totalmente antidemocráticas, venga a nuestro país a inmiscuirse en los asuntos internos que a sólo los venezolanos nos atañen y, además de ello, a pretender hablarnos de libertad y democracia.
Alguien, cuyo nombre olvidé, con mucho acierto le preguntó a este Felipe de España, través de los medios (palabras más, palabras menos): ¿Por qué no viajas a Guantánamo, el pedazo de tierra que los yanquis le tienen secuestrado a nuestra hermana República de Cuba por 112 años (1903), a defender a los cientos de presos que allí mantiene Obama encadenados desde hace más de 10/12 años, sin ser sometidos a juicio justo y que viven en un limbo jurídico infernal, donde el derecho sagrado que ellos tienen de defenderse les ha sido negado persistentemente, violando de esa formas los derechos humanos más elementales?
