En la recolección del 1% del referéndum revocatorio por parte de la MUD contra el presidente Maduro hay 605 mil 727 firmas fraudulentas, el 33,6% de las rúbricas consignadas.
Este delito está tipificado en el Código Penal Venezolano en "falsedad de actos y documentos", en los artículos 317-321. La acción delictiva de la usurpación de identidad alude a "toda persona que (…), forje total o parcialmente un documento para darle apariencia de instrumento público o altere uno verdadero de esta especie", Art. 319.
En concreto, en esa primera fase del RR firmaron personas que no están inscritas en el Registro Electoral, menores de edad e inhabilitados. Luego hay miles de casos de usurpación de identidad y de fallecidos. Por ello, debe existir penalización por parte del Estado venezolano de semejante fraude.
Por consiguiente, en días recientes, siete tribunales penales exhortaron al CNE a suspender la continuidad del proceso del RR sin pronunciarse sobre su legalidad, para privilegiar las investigaciones en esta materia, mientras emiten medidas para proteger a las víctimas de delitos de usurpación de identidad, validación de documentos falsos, entre otros ilícitos. Y así priva la norma penal, la sanción del delito, sobre la administrativa, el RR.
Lo anterior desagradó a esa Asamblea Nacional, con mayoría opositora, que acordó el pasado domingo 23 de octubre declarar la ruptura del orden constitucional y juicio político al Ejecutivo en otro intento de golpe parlamentario; pidieron la designación de nuevos rectores del CNE y magistrados del TSJ, desconociendo estos poderes; y manifestaron acudir de nuevo a la OEA para activar la Carta Democrática que decían que ya habían activado, una estafa más.
En resumen, la oposición revive el mismo libreto del 2002, pero ahora desde el Legislativo, desde ahí hablan de constitucionalidad, aunque continúan legitimando su política del fraude.
