La oposición venezolana, representada por la Mesa de Unidad Democrática, antes denominada Coordinadora Democrática; ahora desde la Asamblea Nacional actualmente en desacato, arremete de nuevo con acciones similares a las del golpe de Estado del 2002 y del plan La Salida del 2014.
Lo anterior se traduce en la continuación del mismo guión "pacífico" que la ha identificado desde el 2001 hasta el presente: ataques a instituciones estadales; destrucción de autobuses estudiantiles de distintas universidades públicas; lanzamiento de "inofensivas" piedras en concentraciones, algo propio de terroristas, entre ellos paralimitares, pagados por sectores radicales de la derecha venezolana como Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), e intento de llegar a Miraflores para crear las condiciones "de paz" del 11 de abril, además del toque de las cacerolas con el que han finalizado las marchas que han prometido el derrocamiento exprés del mandatario nacional.
En cuanto a las agresiones a entes del Estado, la más reciente es la perpetuada a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao. Empezaron el jueves 06 de abril frente a la institución prendiendo fuego, mientras gritaban "resistencia"; el sábado 08 destrozaron su entrada. Cuando agarraron a los agresores, confesaron que PJ los había financiado. Esa es la derecha en Venezuela que, desde la AN, firmó un acuerdo para continuar con la activación de la Carta Democrática de la OEA y que paga a estos grupos "pacíficos" para que cometan actos criminales. También volvieron las guayas que reviven las crueles escenas que dejaron 43 muertos en 2014.
En definitiva, la MUD sigue instrucciones del Comando Sur, del Departamento de Estado de los EE.UU y operadores: crear las condiciones que justifiquen una intervención militar con el ardid de que hay una crisis humanitaria, una vez que desestabilizan la economía venezolana.
