Como parte de la agenda que tiene por fin el golpe de Estado programado, la oposición venezolana inició este mes de junio una nueva fase. La define el aumento e intensidad de los ataques terroristas y que las concentraciones, marchas o plantones avanzan hacia el centro de la capital, en lugares como la Candelaria.
Como consecuencia de lo anterior, (antes fue en abril de este año), nuevamente, grupos vandálicos atacaron insistentemente la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia. El pasado jueves 08 de junio colocaron sus barricadas y secuestraron un camión de Corpoelec, el cual intentaron estrellar contra la fachada del edificio. Luego incendiaron el vehículo. Además de esto, bombas molotov y objetos contundentes fueron lanzados al órgano estadal.
El sábado 10 de junio continuaron los ataques contra la Magistratura con la mirada complaciente de la policía del municipio Chacao. Siguieron el lunes 12, esta vez robaron e incendiaron la sede del Banco Provincial, ubicada en el primer piso de la Magistratura.
¿Por qué el intento de arremeter contra instituciones del Poder Judicial de manera reiterada? Ya dejaron en evidencia que el Máximo Tribunal es el impedimento para vulnerar el Estado de Derecho. Así lo han hecho en otras partes. A Dilma Rousseff la juzgaron hace un año, desde la Corte Suprema. En el 2012, Fernando Lugo, expresidente del Paraguay, fue sometido a juicio político por la Cámara Alta.
En definitiva, intentan aplicar el mismo método contra el mandatario nacional: su enjuiciamiento desde el Máximo Tribunal. Ya hubo un intento en enero del 2017, el supuesto abandono del cargo. Ahora repiten el mismo libreto del 2002. En ese momento, buscaron culpar al presidente Hugo Chávez de los fallecidos y heridos de Puente Llaguno. La estrategia se repite entonces, generar muertes, violencia y caos para atribuir tal situación al Gobierno nacional.
