Vuelve a manifestarse un terremoto en el sector más extremista de la oposición venezolana. Julio Borges y Primero Justicia (PJ) han reclamado a la figura de Juan Guaidó y a Voluntad Popular (VP) lo que desde el chavismo venimos haciendo en los últimos años: que por la corrupción y la pésima gestión de su falso «interinato» -que por imaginario no deja de hacer daño- están poniendo en riesgo de perderse los activos venezolanos en el exterior.
En un comunicado publicado el 27 de septiembre PJ anunció que ya no forma parte de los «espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior», luego de criticar el papel de parte del antichavismo pro-estadounidense en la administración de las empresas venezolanas en el plano internacional.
Recientemente el gobierno colombiano tomó el control de Monómeros, filial de Pequiven en el país vecino, con el aval de Guaidó, una movida que fue calificada por el Gobierno Bolivariano de «asalto en flagrancia». De acuerdo a una nota del medio Argus, Monómeros se declaró en quiebra y apunta a un «plan de rescate acelerado» que lidera la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
En el comunicado de PJ se habla de Juan Guaidó «sin títulos ni decoraciones» (es decir, sin llamarlo «presidente interino» o siquiera «diputado») para «darle un corrientazo» que permita que «aterrice en la realidad» y busque resolver con decisiones el tema de los activos en el exterior porque «estamos tarde en ello», dijo Borges en una entrevista radial con el periodista opositor César Miguel Rondón.
Este dirigente opositor acusa de «manejo partidista» la administración de los activos con juntas ad hoc, un enunciado paradójico si tomamos en cuenta que, al menos en apariencia, las decisiones de controlar las empresas filiales de Venezuela en el extranjero se dieron en componenda entre las fracciones antichavistas reunidas en la extinta Asamblea Nacional (AN), dirigida por las oposiciones de 2015 a 2021 y apoyada por el gobierno de Estados Unidos.
Si bien es cierto que VP tiene la conexión más privilegiada con el establishment estadounidense, no debe perderse de vista que PJ y en especial Julio Borges tienen mucho que ver con la pérdida de soberanía de todos los activos en países socios de Washington. Cuando Borges fue presidente la AN, hizo todas las gestiones posibles desde la institucionalidad venezolanada para que los gobiernos y bancos occidentales iniciaran sistemáticamente un boicot económico, financiero y comercial contra la República Bolivariana bajo la excusa de «dictadura» y «corrupción» por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Pero la tortilla se ha volteado. Los mismos dirigentes y partidos opositores se están acusando entre sí de todos los males que aquejan al antichavismo nacional e internacional, siendo VP la diana principal tomando en cuenta su papel principal en la articulación no solo del «interinato» imaginario sino también en los planes conspirativos y golpistas llevados a cabo durante años, incluyendo la fallida Operación Gedeón y la «Fiesta de Caracas», donde estuvieron involucrados grupos armados de distinto origen y calaña.
El mismísimo Borges ha estado involucrado en algunos de esos planes desde Colombia (como el intento de magnicidio contra el presidente Maduro en 2018), fue el principal promotor de las «sanciones» contra Venezuela en su periodo parlamentario y además apoyó el «interinato» en su cruzada por secuestrar ilegalmente las empresas y las finanzas del Estado venezolano. Así que su sentencia de que los activos en el exterior «nunca han debido ser manejados por la oposición» es otra manera de lavarse las manos y trasladar la culpa a una única figura como chivo expiatorio, cuando la responsabilidad recae en todos quienes acompañaron la travesía pro-estadounidense.
Incluso ha viajado fuera de Colombia y ha ejercido «labor política», al punto de seguir alineando intereses contra la economía venezolana, como el de propiciar el robo de oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, hecho que constituye un acto de Traición a la Patria acorde a las leyes venezolanas.
No olvidemos que Borges ha estado formando parte del «interinato» como «Comisionado presidencial para la Relaciones Exteriores de Venezuela», es decir, que ha estado promoviendo el mismo esquema de robo y secuestro de activos a nombre de Guaidó y Estados Unidos.
Sin embargo, le dice a Rondón que Guaidó «no tiene la fuerza ni la asertividad» para planificar ni proponer cosas desde su cargo fantasma, que «no ha tomado decisiones, muchas veces ni siquiera está en las reuniones» en la toma de decisiones y que el supuesto «gobierno» pro-gringo va a «desaparecer» el 5 de enero de 2022.
Además acepta que no saben qué van a hacer para «reorganizar la unidad política», cuando ésta se haya extinta desde hace tiempo. Pero además es una declaración tanto política como existencial tomando en cuenta que parece, al menos por ahora, imposible que se restituya algún tipo de unidad en el antichavismo de cara a los escenarios políticos y electorales en Venezuela.
Lo de Borges profundiza las divisiones ya cimentadas en las distintas tendencias opositoras existentes, mientras hace las gestiones para que PJ vuelva al ruedo de las elecciones, aspirando a cargos públicos que se elegirán el próximo 21 de noviembre.
Aunque el comunicado de PJ y las declaraciones de Borges sirvan para que algunos seguidores antichavistas apunten con el dedo hacia la figura de Guaidó, chivo expiatorio de las oposiciones, la memoria no falla para traer a colación las responsabilidades que tienen estos dirigentes «en el exilio» en la actual situación de los activos venezolanos, y en general de la estabilidad política, económica y social de la República. Lavarse las manos y echarle el agua sucia sobre la cabeza de alguien más no servirá de mucho a la hora de acusar recibo ante el resto de los venezolanos.
