Dos cosas atentan contra la impunidad de los golpistas que sueñan con repetir su malograda aventura, o al menos intentarlo: la primera es que en la situación de excepción que ellos mismos eventualmente provocasen se les mantenga su "derecho al debido proceso" y la segunda es que para ese momento de su golpe hayan milicias populares incrustadas en el ejército, componente visto como una amenaza real, de calle, que no se mantendría silenciado por la cadena de mando ante la comisión del delito.
Ese es todo el cuento y explicación de la alharaca que forman los oposicionistas venezolanos en su gallinero. Su sueño de país es ese, que si no estás de acuerdo con el veredicto del pueblo en las urnas electorales tengas la posibilidad de irte a las armas, "civilmente" -como dirían ellos, ejerciendo el derecho a la protesta-, romper la constitución, pegar un golpe, perseguir a medio mundo en medio de una cacería de brujas políticas y luego, cuando la marea baje, ser declarados inocentes en medio de su "debido proceso" por un tribunal que sentencie que la culpa es del Estado por estar vacío por dentro, por no disponer de un corpus legal que le meta enérgicamente la mano al golpismo o, como ellos mismos dijeran, por presentar un vacío de poder.
Aquella farsa del vacío de poder escenificada por un tribunal espurio, que sesgó la crónica original de los hechos y eximió al golpista de cualquier confrontación con la ley, tuvo fuerza para erigirse en cinismo por la circunstancia de carecer el Estado de unas leyes precisas y concisas en la materia, donde el delito de la agresión aparecía sedado en su castigo por el ideal humanista de los derechos civiles. Así también ocurrió con el Código Civil, donde los delincuentes encontraron un refugio a la hora de exigir lo que ellos nunca tuvieron la gentileza de conceder a sus víctimas: respeto a los derechos humanos, debido proceso, etc. Recuerdo lo que un político excomulgado del proceso de cambios que vive el país opinara en su tiempo: el código nos quedó grande, aludiendo a las dulzuras preescritas de capturar al criminal in fraganti, concederle ocho días de detención para incoarle el expediente y acusarlo, entre otras altas consideraciones para tan barbáricas y criminales personas. Aquél Código Civil, por fortuna luego reformado, soltó mucho criminal a las calles, y el delito vivió de lo lindo una época dorada.
Hoy, luego de los hechos de abril, cuando ya parecía que el oprobio se olvidaba, el Estado venezolano propone blindar a la República contra el aventurerismo golpista, proponiendo una reforma constitucional que en uno de sus aspectos corregiría los desafueros e impunidad de tiempos pasados. Se había tardado mucho en esto de aprender de experiencias pasadas.
El artículo 337, reformado, facultaría al Estado para ejercer un mayor control en una situación de irregularidad, con mayor razón aun si durante dichas situaciones las facultades de control estatales tienden a la merma o colapso Los sueños carmónicos de dar el golpe, provocar decenas de muertes civiles, perseguir funcionarios del Estado, juramentarse y abolir leyes, para luego reírse de que la ley misma no lo pueda ni detener, han llegado a su fin. Se acabó. Detenido y punto, y a la espera de su juicio por quebrantar la constitucionalidad de un país, como se haría en cualquier parte del mundo.
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. [El subrayado es nuestro]
Otro matiz que ha levantado roncha sobre la gallinácea piel oposicionista es el asunto del "derecho a la información". Tras su reforma ellos leen que no podrán montar una fiesta mediática en sus televisoras sin que el Estado no los toque, como ya ocurrió con la locura golpista de utilizar los medios de comunicación para perpetrar el quiebre constitucional. Frescas están las imágenes del jolgorio mediático de llamar al magnicidio, tergiversar la verdad, empujar a las masas fanáticas hacia las zonas de resguardo gubernamental, editar comiquitas para vedarle al país el retrato informativo y hasta de realizar celebraciones apologéticas del delito, como cuando dijeron a todo gañote ante las cámaras y el país completo, luego de consumado el golpe: "Buenos días, Venezuela, tenemos presidente nuevo" y sus "Gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias"... Todo porque detrás de ese "derecho a la información", tal cual como está, ellos interpretan su derecho a la mentira y encuentran el campo libre para forjar la verdad, editarla y transmitirla en la versión y formato acorde con sus intereses inmediatos.
Las imágenes televisivas de oficiales llamando a desconocer el gobierno constitucional no pueden alegarse como sensibles a ser cubiertas por ese derecho a la información en ningún Estado de derecho del mundo, porque el principio de la autodestrucción es un concepto contranatural que no comulga con un sistema de valores soportados democráticamente, donde el deber, los derechos y la ética tienen figuras de participación. Es un principio elemental, positivo y progresista. Abraham Lincoln, refiriéndose al problema de la esclavitud y a la guerra civil, habría dicho que "una casa dividida contra sí misma no se puede sostener", como en el mismo ámbito de la naturaleza una especie no irá en contra de su propia supervivencia. Es instinto, de valoración constructiva en este caso. Son principios fuente del Derecho, del mismo modo que el uso o la costumbre.
Ahora, de poder ejercer tal derecho, en el criterio personal de un intérprete de la ley, nadie lo duda. Salgan a la Plaza Altamira, militares y civiles, con plantas televisoras incluidas a llamar al quebranto de la legalidad y legitimidad, y corran con las consecuencias, en el contexto de la ley reformada y en medio de la circunstancia de una situación de excepción.
No se trata de amenaza, sino de justicia, y justicia aun blanda: a lo más, serán objeto de detención -si el Estado así lo decide- hasta el retorno de la normalidad, momento cuando sean entregados a los tribunales competentes.
No tendría tampoco que soportar la sociedad, aparte del golpe eventual de Estado, generador de la situación excepcional, el discurso leguleyo de los artesanos del derecho constitucional, pescadores de gazapos legalistas que buscan el hueco por donde tirar la piedra sin que les caiga el peso de la ley encima.
Nuevamente, se acabó. Es trabajo grande hacer entrar por el aro de la ley a factores del pasado sin que necesariamente se invoquen los siniestros procedimientos de muerte de su propia época, la Cuarta República.
La reforma constitucionales, en aspectos similares a los aquí considerados, es una deuda que se tiene con el pueblo y la justicia venezolanos.
El aspecto de las milicias, asimiladas a la fuerza armada como quinto componente, ni hablar: horada día y noche la serena imagen bucólica y utilitarista del pasado de unos militares replegados de la ciudad hacia al campo, pero dispuestos prestamente a acudir y salvaguardarlos en su trabajo ricachón de rifar los bienes del país al interés trasnacional y personal, como hicieron siempre.
Eso significa que las milicias incorporarían un concepto de ética y patriotismo ciudadanos que distaría mucho del enquistado por adecos y copeyanos en su seno, de servilismo y traficante de prebendas, vendedores de pías y todo, vergüenza de cualquier uniforme que se postra ante cualquier cosa que no sea ante el amor por su país y las leyes.
La inacción militar ante una asonada golpista o intervencionista, de requerirlo las circunstancias, también se acabó, y eso no es ya que quite el sueño a algunos, sino que es una verdadera pesadilla.
El próximo diciembre doy mi voto para reformar circunstancias constitucionales que no vuelvan a dar pie al acaecimiento de eventos que nunca debieron suceder en nuestro país.
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