Una vez más la oposición equivoca el rumbo y en esta ocasión si es verdad que lo hace sin detenerse a pensar que el camino escogido le hace el peor de los daños a su tan cacareada campaña antigubernamental por la corrupción, pues no resulta para nada convincente ante los ojos del país en general, que mientras por un lado no escatima esfuerzos ni tiempo en sostener la matriz de opinión de que el gobierno de Chávez es el más corrupto que ha tenido el país en toda su historia, por otro lado toma partido y en primera línea de fuego, en defensa de quienes la Contraloría General ha declarado inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por manejos irresponsables y poco transparentes de los dineros y bienes públicos, simple y llanamente porque una buena cantidad de sus copartidarios forman parte de ese grupo, entre los cuales sobresalen el Alcalde de Primero Justicia, Leopoldo López, así como Enrique Mendoza, Antonio Ledezma, Oscar Pérez y paremos de contar, porque la lista de estos personajes es larga.
Ciertamente, es un número importante de venezolanos los que han sido declarados responsables en lo administrativo por la Contraloría en estos últimos años (algo más de 400), por lo cual y de conformidad con los artículos 91 y 105 de su Ley Orgánica y la jurisprudencia más reciente en dicha materia de nuestro más alto tribunal, les recae, en primer lugar, la sanción moral que les genera la propia decisión contralora y, en segundo término, porque los señalados artículos así lo contemplan, la pérdida del derecho a ocupar cargos públicos, incluyendo los de libre elección, todo lo cual habla de una efectiva labor que viene cumpliendo ese máximo órgano de fiscalización y control.
Es a partir de estas posiciones contradictorias donde no es posible encontrar racionalidad alguna en los grupos que le hacen oposición al gobierno esgrimiendo las banderas de la lucha contra los corruptos, pues el empeño que han puesto de manifiesto para desacreditar al Contralor Russián por la decisión que ha tomado con esas inhabilitaciones, acusándolo de estar al servicio del régimen con ese tipo de decisiones, es un total desatino y habla más bien de su muy escasa disposición a enfrentar con seriedad y firmeza la corrupción en el país. No es posible dejar a un lado la consideración de que quienes han sido sancionados con dicha medida han tenido conductas en el manejo de recursos públicos que lindan con el delito y que, además, hay que tenerlo por seguro, en muchos casos debió haber ocurrido que el ente Contralor no se los pudo comprobar.
Cuando fue establecida la figura de la inhabilitación dentro de las declaratorias de responsabilidad administrativa (creo que ello ocurrió en la década de los noventa), se consideró un importante avance en la lucha por erradicar la indecencia en los estamentos públicos, de manera que repudiamos todo el esfuerzo mediático que ferozmente se adelanta como arma política en contra de estas saludables decisiones de la Contraloría General.
