L os estudiantes de la derecha lo habían anunciado: con el reinicio de clases implementarían acciones de desestabilización usando como excusa la promulgación de la incluyente y garantista Ley Orgánica de Educación, LOE. Ante el fracaso evidenciado por el masivo apoyo del estudiantado venezolano a la nueva ley, deciden seguir al pie de la letra el librito de Otpor, que cuenta con centros de adiestramiento para jóvenes, donde se les enseñan códigos y métodos para servir a organizaciones secretas, en un intento por tratar de expulsar del poder a gobernantes mediante la aplicación de los textos de Gene Sharp sobre la no violencia como base teórica de sus campañas. Financiados por agencias extranjeras como Usaid, NED, Freedom House y NDI, focalizan sus actividades en captar incautos y presentarlos ante el pueblo como un movimiento estudiantil espontáneo.
En ese orden de ideas efectuaron un viraje en su accionar para realizar una huelga de hambre en la sede de la OEA en Caracas, con la cual solicitaban la intervención internacional por la supuesta violación de los derechos humanos, la libertad de los políticos presos y la presencia en nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y al mejor estilo de los reality shows, aspiraron a acaparar la atención de los medios nacionales e internacionales para que trascendiera en el mundo la noticia sesgada de que en Venezuela se violan los derechos humanos, mientras trataban de reducir el inocultable éxito de la II Cumbre América del Sur-África.
Es necesario resaltar el porqué de las solicitudes y precisamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues constituye un hecho notorio el uso de esta corte al servicio de los más oscuros intereses del imperio norteamericano. De manera sistemática, a la hora de opinar y elaborar informes, los señores comisionados presentan situaciones sesgadas, malintencionadas y contrarias a la realidad que se vive en el país. Y es que emplean como fuente la información que aparece en los medios de comunicación y esas entidades privadas, organizadas y financiadas por organismos internacionales para crear confusión en torno a la violación de los derechos humanos y comprometer la imagen internacional de gobiernos no subordinados a los intereses de Washington, mejor conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales carecen de toda independencia porque siempre terminan obedeciendo los dictámenes de sus financistas, que se presentan generalmente como perseguidos políticos.
Todo esto forma parte de un plan orquestado con la única intención de horadar el piso jurídico de la revolución bolivariana, puesto de manifiesto en el incremento de denuncias desde que el comandante Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República, y después en Ecuador y Bolivia, a los que también califican de violadores de derechos humanos, luego de la llegada a la Presidencia de Rafael Correa y Evo Morales. Mientras que en países que vivieron regímenes dictatoriales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay, donde si se conculcaron derechos humanos, no fueron denunciados ante instancias internacionales y la participación de la CIDH fue extremadamente tímida.
Como se observa, los "manos blancas" cambian los métodos y siguen aplicando en las calles sus técnicas de golpe suave.
Ahora visten ropaje de defensores de derechos humanos y generan acciones de provocación al Estado, pero tienen el mismo fin: servir cual cipayos como cascarón de proa a los viejos políticos corruptos para adueñarse del país y doblegarlo a la agenda imperial.
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