El 31 de julio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país que dirima cualquier irregularidad que pueda existir en torno al proceso electoral en Venezuela. Layla Tajeldine, abogada y analista internacional, ofrece a Sputnik su perspectiva sobre esta acción y sus implicaciones.

El presidente, Nicolás Maduro, fue enfático en afirmar que había llegado al TSJ "para que se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético".



A su vez, pidió al TSJ que exigiera las actas y revisara el proceso a través de la convocatoria de todas las partes interesadas, específicamente los candidatos que concurrieron a las elecciones presidenciales, para que entreguen las pruebas que cada uno considere servirán para probar sus respectivos puntos de vista en torno a los resultados emitidos por Consejo Nacional Electoral.

"Le puedo decir que el gran polo patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, a quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido", informó el jefe de Estado venezolano.

La acción del presidente, como participante en las elecciones presidenciales, a juicio de Tajeldine, es un derecho que ejerce para aclarar dudas sobre los resultados electorales.

"Lo hace ante la Sala Electoral [del Tribunal], a través de un recurso contencioso electoral que está establecido en la ley orgánica de procesos electorales", señala la experta a tiempo de añadir que "este procedimiento legal está normado en las leyes electorales de Venezuela, permitiendo que cualquier candidato pueda solicitar acción judicial".

Pero además, desde la perspectiva de la analista internacional, la solicitud que hace el presidente al Tribunal Supremo de Justicia tiene una significación que va más allá del solo hecho electoral. Según ella, demuestra que en el país existe un estado de Derecho y una institucionalidad que goza de buena salud a través de "cinco poderes públicos" independientes y con capacidad de actuar libremente.

El 1 de agosto, el TSJ admitió el recurso del presidente Nicolás Maduro y comenzó una investigación llamando a todos los candidatos a presentar sus pruebas, para así "certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio del 2024".

Ausencias que hablan

El día 2 de agosto, 9 de los 10 candidatos presidenciales concurrieron al llamado del Tribunal Supremo de Justicia para comparecer ante ese órgano electoral, a fin de ser informados sobre el inicio de la investigación que realizará la Sala Electoral y firmar un compromiso para aportar todos los recaudos necesarios para certificar el peritaje.

Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Democrática (coalición de la derecha venezolana), no asistió a la actividad. Por otro lado, Enrique Márquez se negó a firmar el documento de cooperación y respeto al veredicto que emitirá el Tribunal luego de concluida la investigación.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, instó "a todos los ciudadanos, candidatos, partidos políticos, y demás sujetos intervinientes a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso".

Para Layla Tajeldine, no resultó una sorpresa la no comparecencia de Edmundo González. "Ya con esta inasistencia está ratificándole al mundo que él es parte de un complot internacional". Según la especialista, esto sería una prueba más de la alineación de Edmundo González con intereses extranjeros que buscan desacreditar las instituciones venezolanas, particularmente el sistema electoral.

A decir de la abogada venezolana, el proceso que se inicia dentro del Tribunal Supremo de Justicia dejará a su juicio más fortalecido el sistema constitucional del país y terminará de disipar cualquier duda que pudiese haberse posado sobre el sistema electoral venezolano, alentado principalmente por una campaña internacional de deslegitimación institucional.

"Ahora viene un proceso donde se llama a las partes. A las partes que dicen que existió fraude se les pide que presenten las pruebas, pero también a las otras partes, por ejemplo, el que está ejerciendo el recurso contencioso, también va a presentar las pruebas. Y se van a cotejar las pruebas con las que existen en la entidad electoral", explica Tajeldine.

"El sistema electoral venezolano tiene más de 16 formas de ser auditado, tiene varios mecanismos, trabaja con códigos específicos. Todo esto que no puede ser alterado, lo firman varios a la vez, es decir, viene este proceso de investigación donde se va a ratificar la verdad", explica la analista.

Para Tajeldine, luego de que finalice el proceso de investigación, "se va a ratificar el hecho de que el fraude que realmente se quería cometer contra Venezuela es el que salió de la vocería de Edmundo González, que es uno de los candidatos junto a María Corina Machado, que representa a la ultraderecha y al rostro más fascista que puede existir en toda la historia latinoamericana", concluye.