Enero 14 de 2017.- Domingo 22 de diciembre, en pleno bullicio por la preparación de las celebraciones navideñas, decenas de personas se concentraban en la Plaza Grande de Quito para reivindicar la desmilitarización de los territorios de la región de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor del Ecuador. Concretamente en Nankintz, la zona donde la empresa minera Explocobres S.A. (EXSA), filial del consorcio chino CRCC (China Railways Construction Corporation), y Tongling Non Ferrous Metals pretenden iniciar el proyecto Panantza-San Carlos, que consiste en abrir dos minas a cielo abierto. Actualmente, está en estado de excepción desde el 14 de diciembre de 2016, cuando las comunidades campesinas e indígenas shuar que vivían allí intentaron retomar el territorio del que habían sido expulsadas en el mes de agosto.

La ciudad en contra la megaminería

"Es la primera vez en seis meses que se consigue tomar esta plaza, símbolo de las protestas en la capital", explica Michelle Báez, del colectivo Minka Urbana, integrado por activistas que intentan vincular con la ciudad las luchas contra la minería en el territorio. Desde las movilizaciones para frenar la ocupación del Yasuní en manos de las petroleras, dice, "nos habían expulsado de las plazas, y ahora volvemos, para mostrar la indignación por la falta de respeto y la violencia hacia los pueblos indígenas. La gente es muy consciente de la riqueza del pueblo shuar y lo que implica su expulsión".

"Esta rabia ha nacido por cómo se ha entrado al territorio; sin consulta previa, con ocupación militar, insultos y manipulaciones... a un pueblo tan digno como el shuar", cuenta Báez. No se han movido del territorio desde tiempos ancestrales –a pesar del discurso estatal que intenta negarlo–, y hasta ahora han sido considerados "héroes nacionales", ya que aportaron herramientas estratégicas en la guerra contra Perú para defender militarmente la Cordillera del Cóndor.

El 28 de diciembre hubo otra convocatoria que también ocupó la Plaza Grande. Aunque pudieron entrar, y lo hicieron de manera pacífica, la concentración terminó con agresiones a las manifestantes por parte de un grupo de personas que se les encaró gritándoles y lanzando huevos, y al final, cuando todo terminaba, los agredieron. "Nos tiraron del pelo y nos golpearon", narra Juan, que estuvo presente. La policía también intervino, y todo hace pensar que fue un "grupo de choque", al servicio del Estado, tal como denuncian desde Minka en un documento presentado a la Fiscalía el día siguiente, 29 de diciembre. Además, en el contexto de represión, los ministerios de Interior y del Ambiente –respondiendo a las denuncias de EXSA– han iniciado un proceso para intentar cerrar la organización Acción Ecológica, que hace 30 años trabaja defendiendo la tierra y la naturaleza, así como la soberanía de los pueblos indígenas.

El incremento de la violencia

La organización de movilizaciones en Ecuador viene promovida por el llamado de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), después de una asamblea de urgencia celebrada en Sucúa, la población más cercana a Nankintz. Ese día se convocó un encuentro para el 10 de diciembre en San Juan Bosco, una de las comunidades campesinas atravesadas por la disputa. Allí se tenía que definir cómo continuar la resistencia con el apoyo de las federaciones indígenas de todo el país, pero no se llegó a realizar a causa de la intervención militar que evitó la entrada de las representantes que asistieron.

Las poblaciones de Oriente se manifestaron en defensa del territorio shuar el 29 de diciembre en Puyo. / Edu León

El 14 de diciembre se intentó retomar la zona, y el enfrentamiento dejó diversas personas heridas y un policía muerto. A partir de esa fecha, se decretó el estado de excepción y el conflicto se agravó: ha habido acosos y tiroteos constantes por parte de las fuerzas del Estado y diez personas han sido procesadas. Cinco de ellas se encuentran en prisión preventiva en Latacunga –lejos de su región– y de manera irregular, sin justificación. Esta situación les impide preparar la defensa en buenas condiciones. Uno de ellos, Agustín Wachapa, es el líder de las FICSH, y su aislamiento supone "cortar la cabeza" en parte al movimiento de resistencia shuar, según personas que han convivido con la comunidad.

Esta persecución a dirigentes y acciones organizadas, a pesar de estar repuntando ahora, no es nueva: desde que las empresas transnacionales llegaron a la Cordillera para empezar la fase exploratoria, en el año 2006, han muerto tres personas shuar en contexto de enfrentamiento o asesinadas por su posición de liderazgo. Todas las muertes siguen en la impunidad. "Lo que pasa ahora es consecuencia de la espiral de violencia instaurada por el mismo Estado", afirma Michelle Báez.