Durante los días previos y posteriores a las elecciones del pasado 7 de
octubre, los términos ‘comuna’ y ‘eficiencia’ han sido de los más
frecuentemente usados por parte de la clase política venezolana. Unos
para declarar la inminente construcción del estado (con ‘e’ minúscula)
comunal en Venezuela, otros para alertar sobre la amenaza de comunización
que para la sociedad venezolana representa el nuevo estado. Unos y otros,
por otra parte, para decretar la eficiencia como el nuevo paradigma de la
gestión pública venezolana.
La verdad es que ambos procesos, tanto el territorial, para la
conformación de comunas, como el administrativo, para el uso eficiente de
los recursos humanos y materiales, presentan cada uno por su lado cierto
grado de dificultad para que sean exitosos, y al mismo tiempo están
estrechamente relacionados. El territorial, porque requiere que en cada
porción del territorio donde se aspira a establecer comunas, existan las
condiciones apropiadas para que ello sea posible, mientras que el
administrativo, porque implica un cambio cualitativo importante en todas
las personas que han tenido y tienen responsabilidades en las labores de
gestión pública.
Lo anterior indica entonces que el desarrollo del proceso territorial de
conformación de comunas en Venezuela, tiene que darse necesariamente de
manera simultánea con el desarrollo del proceso administrativo de una
mayor eficiencia en la gestión pública. Porque lo primero sería impensable
si no se hace previamente un diagnóstico de la realidad comunal
venezolana, a fin de detectar los nichos territoriales donde existen
experiencias exitosas de consejos comunales y otras formas de organización
comunitaria, tanto desde el punto de vista organizativo, como en lo que se
refiere a la gestión de recursos financieros y materiales que se les hayan
entregado. Luego, una vez conformadas las comunas, se les debe hacer el
correspondiente seguimiento, para asegurar una apropiada territorialidad.
De tal manera que ambos procesos deben ser vistos como buenas alternativas
para el fortalecimiento del Estado (con ‘E’ mayúscula) democrático y
social de derecho y de justicia, en el que la construcción de comunas sea
el impulso, mientras que la eficiencia sea el regulador de ese impulso.
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