Los derechos ciudadanos, la diversidad organizativa, la participación y la corresponsabilidad, no convierte a la democracia liberal, en democracia popular. La última sólo existe cuando el colectivo tiene el control de un territorio y sus medios de producción. Un discurso político que obvie esto es, ilusionista o mentiroso.
He insistido en presentar como vital para el proceso que las comunas adquieran la capacidad para gobernar nuestras ciudades, grandes y pequeñas, dentro de un régimen de planificación central. Es la única vía al socialismo que vislumbro en un país monoproductor con altísima población urbana. Si alguien ve otra, cuéntemela.
Sin embargo, la comuna, tal y como está interiorizada por el gobierno, y en la leyes aprobadas, es una organización barrial para trabajar en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El gobierno capitalista de Suiza, tiene comunas así.
En la ley de las comunas (lo más lanzado que tenemos), se la concibe como un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas Territorio y medios de producción terminan reducidos a un lugar de encuentro y reconocimiento del otro. ¿Lo dudan?
Veamos el Consejo Federal de Gobierno, que es quien establece los lineamientos (y fíjense en la redacción) que orientarán los procesos de planificación y coordinación en la ordenación territorial y de transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del poder popular...
Ahí queda bien claro que el territorio no es lo transferible, y el que lo dude será apabullado en su Plenaria semestral: de sus 104 miembros (ministros, gobernadores, alcaldes y voceros comunales), sólo 20 son de esas organizaciones de base. Peor aún, no hay nadie de esa base en su Secretaría permanente, que es la que administra y ejecuta las decisiones.