En América Latina, y en específico en nuestro país, se han creado en las últimas décadas, toda una serie de mecanismos para la “lucha contra la corrupción”, ya que pareciera haber pasado de lo atípico o anormal, a lo normal y cotidiano.
La corrupción, desde la perspectiva política ha sido tradicionalmente atribuida a la administración pública, al manejo de fondos públicos o tráfico de influencias, sin embargo, ha sido difícil develar dentro del imaginario colectivo a la corrupción como parte de una práctica que responde a unos valores culturales que pervierten las relaciones sociales, tales como el “comerse la luz roja del semáforo”, o “buscar a ver a quien conozco ahí para hacer el trámite rapidito y sin cola”, expresiones cotidianas en nuestra realidad urbana venezolana, y que de fondo tienen mucho que decir de nosotros.
En el rico proceso político que vivimos, surge el planteamiento de generar “poder popular”, basado en la necesidad de profundizar el principio constitucional de Democracia Participativa y Protagónica, y para ello, después de una dificultosa experiencia en el montaje de los Consejos Locales de Planificación en Políticas Públicas, que no ha generado los frutos esperados, hemos pasado ha una vertiginosa experiencia de instalación de Los Consejos Comunales, que en la actualidad pasan ha ser la forma directa de participación popular, no sólo en la priorización y planificación de políticas públicas, sino, en la capacidad de ejecutar directamente los recursos.
Esto presenta algunas dificultades en el plano del gasto del presupuesto público, ¿Cómo garantizar el control de recursos atomizados, cuando antes estaban centralizados y no era posible generar la garantía adecuada del buen manejo de estos?
Es aquí donde emerge la Contraloría Social, como organización popular de control del gasto público que afecta a las comunidades, que tiene como objetivo tener a ciudadanos capaces para generar mecanismos adecuados para velar por el buen uso de los recursos públicos. Podríamos decir que nace así el primer espacio público de debate y acción sobre la corrupción. Pero, ¿será posible en nuestras comunidades hacer una contraloría social independiente del ejecutor de los recursos, y que dé garantía del buen manejo de estos recursos? Estamos por ver el real compromiso social por superar el problema estructural que nos ha carcomido durante décadas, la corrupción como parte de la vida cotidiana, pero para ello se necesita formación de valores ciudadanos, y profundización por parte de las comunidades del conocimiento técnico del funcionamiento (adecuado o no) de nuestra administración pública.
La Contraloría Social no puede, ni debe, a pesar de la ya promulgada Ley de los Consejos Comunales, ser parte de los mismos, debe nacer de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como un órgano independiente, y generar su propia dinámica y naturaleza, para poder así velar por la ejecución de los recursos ejecutados por los Consejos Comunales, y por las instituciones públicas.
La necesaria Ley de la Contraloría Social debe ser el próximo objetivo para la lucha contra la corrupción, pero además, la armonización del resto de las leyes vinculadas con la participación y la planificación nacional debe ser urgente, para garantizar el mínimo ruido jurídico en el desarrollo de la Democracia Participativa y Protagónica.
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