La discusión sobre la descentralización versus la centralización del poder del Estado es de vieja data. Venezuela, por su trayectoria histórica y política, se origina como Estado a partir de la resistencia a ser una gran confederación de naciones integradas en el proyecto bolivariano de La Gran Colombia. Precisamente esa búsqueda de autonomía desembocó en la separación radical del proyecto integrador.

La necesidad de consolidar el control de un territorio dominado por caudillos, y la resistencia a la dominación central de uno de ellos (considerado así aunque tuviese investidura gubernamental), facilitó una guerra de extensa repercusión en la estructura social y política del país que vio en los regionalismos un obstáculo para la consolidación nacional y el desarrollo de un proyecto de nación; a su vez, estos liderazgos regionales, de gran arrastre popular, encontraban en los gobiernos centralizados un obstáculo para consolidar el caudillismo que aparentemente tiene más contacto con lo popular.

Estas fuertes contradicciones entre la necesidad de adecentar un Estado y la preservación de liderazgos locales finalizó en el momento en que se establecen en el país unas Fuerzas Armadas Nacionales, generando la posibilidad de pacificar los conflictos regionales.

Sin embargo, en lo político se preservó en nuestro país prácticas regionales que exigían desconcentración del poder central en estructuras del Estado más cercanas a los ciudadanos de las regiones, ya que se observó un exceso de centralización del poder y del acceso a los servicios públicos en la capital y las principales ciudades del país.

Esta exigencia, no resuelta por el Estado centralizado, desembocó en una fuerte exigencia de pasar a un nivel considerado superior por aquellos que no veían en la centralización una posibilidad planificada de desarrollo. La descentralización se convirtió en una lucha, incluso, de aquellos que se proclamaron de izquierda. Algunos porque creían profundamente en la necesidad de que el poder local tuviese mayor posibilidad de ser abordado por aquellos que así lo requerían; otros vieron en la descentralización la posibilidad de acceder a los recursos del Estado sin necesidad de formar parte del gobierno nacional de turno, para así financiar sus proyectos grupales o personales.

Hasta aquí el dilema se centraba en la posibilidad de que sectores políticos que regentaban el poder central, también se enfrascaran en la lucha por las instancias descentralizadas para poder acceder, de esta forma, a los recursos del Estado, sin pretender nunca transferir el poder a las comunidades, a través de mecanismos idóneos que garanticen que los procesos de decisión sean lo más transparentes y que la ejecución de las decisiones se hiciera a través de las mismas comunidades o de a quien ellas delegaran.

Hoy vuelve al tapete el tema de la planificación centralizada y, con ello, el debate centralización versus descentralización. Pero vuelve como un tema agotado que no da respuesta a las circunstancias actuales, donde los planteamientos políticos giran en torno al poder comunal y al empoderamiento (versión castellana de empowerment, o sea, apropiación o posicionamiento) ciudadano de las decisiones que los afecten directa o indirectamente.

Con la estructuración del los Consejos Comunales como base del poder comunal, cualquier tesis que trate de desarrollar un modelo de desarrollo local o de organización geopolítica no podrá montarse con modelos viejos de Gobernaciones o Distritos, sin incluir lo comunal como base fundamental de la organización local.

El modelo Metropolitano en nuestra ciudad (Caracas) fracasó al nacer, ya que nunca hubo la intención, en el espíritu de los constituyentistas, de darle poder a la Alcaldía Metropolitana para generar organicidad a las políticas de servicio común de la ciudad. Tampoco, en su momento, la figura de Gobernación pudo coordinar acciones con la autonomía típica de las Alcaldías, solapando funciones o entorpeciéndose mutuamente el trabajo.

La ciudad de Caracas, siendo el territorio de asiento de los poderes nacionales, debe dar el primer paso para crear un modelo propio, autorregulado por las comunidades y pionera en la explosión del poder comunal y, en este sentido, no es la Gobernación, la Alcaldía Metropolitana, ni el Distrito Federal, el modelo de organización geopolítica más idóneo para dar espacio al poder de las organizaciones sociales.

Es hora que las instituciones dejen de ser espacios burocratizados y se comprenda que las instituciones están al servicio de la gente. Esto sólo se dará en el momento en que el pueblo tenga control real sobre la designación de los funcionarios que regentan los servicios públicos y defina, con las estructuras establecidas, los planes y proyectos a ejecutar e, incluso, que los ejecuten conjuntamente.

La Comuna de Caracas, propuesta que anda rodando por las calles de la ciudad, es una iniciativa que abre la discusión de la ciudad que realmente podemos tener y hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. La Comuna de Caracas es una propuesta organizativa de la ciudad que parte de los Consejos Comunales como estructura medular para la conformación de un entramado al servicio de los ciudadanos, donde el control de la ciudadanía sobre dicha estructura es mayor que el que en la actualidad permite la organización por alcaldías. Esta comuna estaría regida por un ciudadano electo o Vocero de la Comuna, trabajando por un equipo electo parcialmente por él y por las comunidades, a través de circuitos comunales, que estarían participando directamente en la ejecución, supervisión y evaluación de las labores de impacto colectivo de una estructura hecha a la medida de las exigencias comunitarias.

Este ensayo es obligatorio para dar el salto cualitativo de lo que tanto criticamos. Sólo así tendrá sentido el socialismo del siglo XXI. Queda discutir profundamente con las mismas comunidades si ésta es una opción válida o cuál es realmente la opción. Sería un error garrafal no someter cualquier propuesta de modificación de la Constitución de éste y otros puntos, y mucho menos a la ciudad de Caracas que tanto a dado por la defensa del proceso revolucionario en los momentos más coyunturales de desestabilización política dominada por las ideas imperialistas.