Como parte de la jornada mundial contra la mega-minería la Plataforma Contra el Arco Minero convoca al pueblo venezolano a rechazar una vez mas este proyecto que entrega mas de 12% del territorio nacional a 150 empresas internacionales, en condiciones sumamente desventajosas para el estado y la población venezolana.

Una vez más alzamos nuestra voz para rechazar contundentemente este mega-proyecto que profundiza la condición rentista de nuestra economía, es sumamente contaminante y violenta los derechos de las comunidades indígenas y del pueblo en general.

A continuación la carta que será entregada en el Ministerio de Finanzas

Caracas 22 de Julio de 2016

Sr. Rodolfo  Medina

Ministro del Poder Popular para la Banca  y Finanzas

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. hoy, Día Mundial contra la Mega-Minería, para manifestarle nuestro total desacuerdo con  la gestión que adelanta su despacho en aras de entregar en concesión a 150 transnacionales, 112.000 Km2 del territorio nacional en lo que se ha dado en llamar por decreto Arco Minero del Orinoco.  La explotación minera -sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en este proyecto- pretende obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción ambiental irreversible de una importante  proporción del territorio nacional. El decreto 2.248 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, violenta principios fundamentales de la Constitución Bolivariana, vulnera la soberanía nacional, atenta contra el legado de los pueblos originarios y pone en peligro una de las fuentes de agua y biodiversidad más importantes del planeta.  

Es por ello que nosotras y nosotros, amparados en el derecho constitucional y ciudadano  a manifestar nuestro desacuerdo con aquellos proyectos que atenten contra la soberanía nacional, hemos adelantado acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la nulidad del decreto 2.248 en el cual se crea Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”; dicho recurso fue admitido el día 21 de Junio del año en curso bajo el expediente N°2016-0358/DA-JS, el cual expresa en su primera medida cautelar: “Que se ordene al Poder Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero del Orinoco”. En este sentido, exigimos que cesen las gestiones que su despacho adelanta para licitar y hacer acuerdos financieros sobre este territorio hasta que no concluya y haya decisión firme del Tribunal Supremo de Justica en esta materia

A nuestras preocupaciones se suma el hecho de la poca información revelada sobre los términos en los que se estaría entregando en concesión tan extraordinaria extensión del territorio nacional; las declaraciones públicas y el marco legal que expresa el decreto 2.248 son las únicas referencias oficiales a las cuales los venezolanos preocupadas por el impacto que sobre la vida y el territorio podría tener la puesta en marcha del mismo, hemos podido acceder. El Ministerio encargado de las Finanzas del país tiene la responsabilidad de hacer pública la información relacionada a esta, de manera transparente y de fácil acceso para el pueblo venezolano.

Los impactos nocivos de la gran minería a cielo abierto en América Latina y otras partes del mundo están más que documentados, y, francamente, nos parece una burla afirmar que en el caso del Arco Minero será la “minería ecológica” la que prive, cuando no existe ninguna tecnología utilizada en esta actividad  que sea compatible con la preservación ambiental.

La creación y delimitación de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de forzada vocación minera incluye en su territorio de dominio Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) tales como  el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal El Caura, los Monumentos Naturales del Ichún-Guanacoco, el  Cerro Guiquinima y la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar.

Las consecuencias ecológicas  que generará este proyecto están relacionadas con:

- La deforestación de grandes zonas boscosas y pulmones vegetales.

- La remoción y contaminación de extraordinarias cantidades de tierras vitales imposibles de regenerarse (extracción y envenenamiento de 700 millones de toneladas de material en 70 años para extraer 7000 toneladas de oro).

- La contaminación y desecación de cuencas hidrográficas vitales

- Una contribución sustantiva al incremento del calentamiento global.

- La reducción de la biodiversidad en todas sus manifestaciones animales y vegetales.

-El deterioro y la destrucción de bienes comunes cada vez más escasos y de más difícil acceso por parte de  la población venezolana.

Además de los impactos ambientales, en la amplia franja del territorio del Arco Minero del Orinoco se incrementará la escala de los fenómenos socio-culturales que han venido acompañando a la actividad minera durante  años: etnocidio, genocidio,  desarraigo, violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, para militarismo represión policial y militar, entre otros.

En este sentido aprovechamos nuestra preocupación por la  creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, otorgándole atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas.  Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, las fuerzas armadas lejos de representar la defensa de un hipotético “interés general” en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo estarían, de acuerdo a este decreto,  legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.  

Así, nos encontramos de hecho ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional, lo que no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantías a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, para que puedan operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, decretar la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras, tal y como ocurre con las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente.  Por cierto, esta política, lejos de representar una mirada estratégica alternativa a la lógica económica y social que ha predominado en el país durante un siglo, en los hechos apunta hacia la  profundización  del extractivismo y la acentuación del rentismo.

En síntesis,  con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, se ha decretado la subordinadinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, con el impulso a un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro socio-ambiental del país.

Por lo antes esgrimido, reiteramos nuestro profundo rechazo al Decreto 2.248 y la necesidad de su  anulación antes de sea demasiado tarde y se generen consecuencias que lamentaremos en el mediano y largo plazo, y exigimos a su despacho:

• Un pronunciamiento claro, por parte del Ministro Rodolfo Medina del Río sobre todo lo contemplado en el Decreto, tomando en cuenta los argumentos aquí expuestos.

• Que se haga pública toda la información relacionada al tema, en la que se aclare en detalle las características del proyecto, las 150 empresas transnacionales con las que se pretende firmar acuerdos, y los avances y términos de dichos acuerdos.

Finalmente lo exhortamos a hacer un ejercicio responsable del cargo que detenta como ministro de tan fundamental área para disuadir al Gobierno Nacional de llevar adelante un proyecto que contradice todas las garantías establecidas en la constitución en materia de derechos ambientales,  sociales, políticos y culturales en ese territorio, y pone en riesgo  el futuro mismo de nuestra nación, así como  las condiciones para la perpetuación de la vida en un área de gran significación ecológica para la Patria Grande.

Sin más a que hacer referencia, y atentos/as a una respuesta oportuna a nuestras exigencias,

PLATAFORMA CONTRA EL ARCO MINERO DEL ORINOCO