"Actuando por esta vía comunicacional en mi condición de Presidenta de la
Asociación Civil Bolivariana Angostura (ACBA), acudo ante la Opinión
Pública, con el objeto de plantear asunto emblemático relacionado con la presunta Violación de los Derechos Humanos y Abuso de poder, ocurrido en fecha 18 de febrero del año en curso por parte de algunos efectivos Militares concretamente de la Guardia Nacional de alto rango, subalternos y Civiles en Ciudad Guayana, donde algunos de éstos funcionarios, sin el consentimiento y la autorización de la Junta Directiva y de su presidenta de la Asociación Angostura, que represento promovieron reuniones clandestinas con la intensión de convocar a algunas personas que en su mayoría no corresponde con legalidad de miembros asociados, haciendo ver como si fuera una asamblea convocada por la Junta Directiva y la presidenta, pues bien aplaudieron,  levantaron acta en hojas de papel en blanco para que los presentes que se encontraban en la reunión colocaran sus firmas para hacer ver ante los asociados, que una asamblea destituyo la presidenta y ponerle el guante la asociación y de esa manera controlar los intereses individuales de un grupito de personas que deberían estar destituidos por mala conductas e irresponsables, tratando de justificar que todo se estaba realizando en el marco legal estatutario y jurídico, cuando solo se observaba el desarrollo de una
ilegalidad de usurpación de funciones, utilizando a muchas personas que
habían acudidos bajo engaño para  la intervención de su presidenta y del
cuerpo directivo de la Asociación Angostura, ocasionado un gran daño
psicológico a los miembros Asociados, así como a la junta directiva quienes
han estado recibiendo amenaza, atropellos de todos tipo, al no firmar
un acta clandestina que ha estado recorriendo todos los espacios donde
se encuentran trabajando los referidos asociados de la asociación
Angostura.

Dicho Plan fue ordenado por instrucciones del ciudadano General Comandante
del Regional N°8 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en
cooperación con el Segundo Comandante y sucesivamente, los Destacamentos
y Compañía de Apoyo pertenecientes a ese Regional Nº8, ejecutaron el
plan. La mencionada reunión convocada por esas personas, es improcedente
por cuanto constituye un irrespeto a los Derechos y Garantías
Constitucionales previsto en el Artículo 2º de nuestra Constitución
Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que se produjo un Abuso de
Poder que está evidenciado en contra de los principios morales, éticos y
espirituales, establecido en el artículo 2º de nuestra Constitución
Bolivariana que dice que “VENEZUELA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO  DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA, QUE PROPUGNA COMO VALORES SUPERIORES  DE,  SU ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DE SU ACTUACIÓN, LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD, LA SOLIDARIDAD, LA  DEMOCRACIA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EN GENERAL, LA PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA  ÉTICA Y PLURALISMO POLÍTICO.

La reunión efectuada para ese día tuvo como objetivo interferir en los
asuntos internos de la Asociación Angostura, sin cumplir con los
procedimiento establecidos en los estatutos que rigen el funcionamiento
de sus deberes y derechos de sus miembros, la vida y el camino de sus
objetivos y metas, contenidos en el documento protocolar del Registro
Público del Municipio Caroní del estado Bolívar, que nos indica la fecha
18/02/2012 cuando se produce su restructuración y legalización. Su
creación se fundamenta en el Artículo 52 de la Constitución Nacional,
por lo que hemos observados de que se trato de una Violación de los
Derechos Humanos Civiles Constitucionales al violentar la norma tanto
interna estatutaria de la Asociación, como la norma Constitucional,
pasando por encima de la junta directiva, de la presidenta de la
Asociación, de los mecanismos y procedimientos legales y
 extrajudiciales. Se trato de un Plan improvisado planificado por parte
del Comandante del Regional N°8 de la Guardia Nacional, del Tcnel.(GNB)
Luis Ruiz, la abogada Carmen Ribero, Asesora, (del Militar Retirado)
Luis Santana Ortiz Santana, (GNB) Johel Jiménez y del (Ejercito) Eliecer
Aguinagalde, autores intelectuales, cooperadores supuestamente los que
promovieron la ilegalidad para intervenir la Asociación Angostura,
obstaculizando el trabajo comunitario que viene realizando la presidenta
de la Asociación Bolivariana Angostura ante las instituciones,
Organismos del Estado y del propio Ministerio Público, en donde reposa
una denuncia por presunta Estafa que cometieron empresarios en
complicidad presuntamente por la Abogada Carmen Rivero en perjuicio de
los asociados de la Asociación Angostura que viene SIENDO
INVESTIGADOS POR ANTE LA FISCALÍA CUARTA DEL MINISTERIO PÙBLICO CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA CORRUPCIÓN, BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES CON COMPETENCIA EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EN LA CAUSA ASIGNADA CON EL N° 07-F4-CC-0137-10.

Obedeciendo a la Constitución República Bolivariana, la presidenta de la Asociación Civil Bolivariana Angostura, en reiteradas oportunidades solicito la
posibilidad de reunirse con el saliente y entrante Comandante del
Regional N°8 de la Guardia Nacional, sin recibir respuesta, hasta ahora
la de pretender de intervenir la asociación como si fuéramos
delincuentes y de invadir un terreno que está destinado para la
construcción de 250 viviendas y en consecuencia estamos dispuestas a
confrontar los correspondientes  documentos legalizados por ante las
autoridades competentes, empezando desde el Anteproyecto de Urbanismo,
que por cierto fue presentado al ciudadano Presidente Hugo Rafael Chávez
Frías, que sin duda han habido algunas respuestas de carácter
procedimental que en los próximos días tendremos respuesta
satisfactorias, lo que sí puedo manifestar que dicho Anteproyecto de
Urbanismo fue aprobado por la Dirección de Planificación Urbana de la
Alcaldía de Caroní, cumpliendo con todos los requisitos legales.

El Comandante del Regional Nº8 de la Guardia Nacional tiene que darle la
cara y explicarle a los colectivos Asociados sobre el gran abuso
cometido sin ningún motivo y razones, tan solo, lo que hemos hecho la
Presidente Betty Rojas es denunciar todas las irregularidades detectadas
en la asociación en el año 2010-2011, denunciado ante la Fiscalía
General de la República y no hay otra razón que declárame la guerra en
contra mí persona los empresarios que fueron revocados por una
negociación que ya estaba notariado para tomar el control del terreno,
construir las viviendas chimba y ellos crear un centro comercial para
ellos, tocamos intereses, y salieron padrinos, la cual me reservo los
nombres, cuando llegamos a la Asociación nos encontramos de que todo era
un negocio, confabulación y trampa por todo partes y esto se evidencia
por los documentos consignados ante el Ministerio Público e inclusive
denunciado por antes los Organismo rectores de Vivienda y de la
Presidencia de la República, donde se encuentran en buen resguardo,
elementos probatorios que están siendo investigados y que recuerden que
para construir vivienda se requieren de muchos esfuerzos, sobre todo las
actuaciones diligenciadas por ante  la Dirección de Planificación
Urbana de la Alcaldía Bolivariana del Municipio  Caroní, la respectiva
Permisologías lograda ante las distintas reuniones realizadas en la
Ciudad de Caracas. Es decir nuestro trabajo ha sido constante y
transparente que poco ha sido el apoyo del Comando Regional Nº8 de la
Guardia Nacional, constante y justificable es el trabajo.

Pretender intervenir e Invadir el terreno de la Asociación sin apertura un procedimiento, constituye un abuso de autoridad en el sentido lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la
libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa
vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, se
entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes
o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere. Imponer por la fuerza
el abuso son hechos graves violatorios, desde todo punto de vista en el
sentido de tratar de desconocer el trabajo constitucional de la
Asociación Civil Bolivariana Angostura y de intervenir a través del
abuso del poder a sus miembros, que bajo presión vía telefónica, verbal y
por terceros han estado amenazados a la presidenta con penetral dentro
de su residencia para quitarle los Documentos correspondientes a la
Asociación. En virtud de un conjunto de abusos y de normas violentadas,
nos declaramos y me declaro en Alertad , porque de lo que se trata es de
un ASUNTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ESTADO QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN  INMEDIATA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÙBLICA, DE LA DEFENSORÍA   DEL PUEBLO, DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA REPÙBLICA, DEL CONCEJO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL DEFENSOR PÙBLICO GENERAL, DEL
FISCAL GENERAL MILITAR Y DEL DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA MILITAR A LOS FINES DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO CONSTITUCIONAL,
como es la defensa y el desarrollo de la persona el respecto a su
dignidad el ejercicio democrático de la voluntad popular y el bienestar
del pueblo, la garantía del cumplimiento, de los principios, derecho
consagrado en esta Constitución, que se proceda por esta vía apertura
los procedimientos correspondientes por ante la Fiscalía Cuarta, contra
la  corrupción en cuanto a la conducta de la Abogada Carmen Rivero y del
Presidente, Vicepresidente y gerente general de la empresa de Recursos
Ambientales Viables  (RAVCA), que la dirección de planificación Urbana de Caroní se constituya vigilante sobre las condicione que estableció
sobre el anteproyecto de la organización comunitaria de vivienda
Angostura relacionado con el Complejo Residencial Batalla de Ayacucho
conformado por doscientas (250) viviendas Unifamiliares, ubicada en un
lote de terreno identificada con el N°324-01C-02 de la UD-324 Villa
Vetania perteneciente a la Parroquia Unare y por otra parte el llamado a
la presidencia de la Republica para que se mantengan en alerta sobre
las gestiones y movimientos que realiza la Asociación en cuanto a la
presentación  del Urbanismo al Ejecutivo Nacional. De la misma manera
solicitamos la destitución de la Abogada Carmen Rivero quien siendo
Defensora Publica de Presos Suplente y asesora de estos empresarios
promovió e impulso esta injustificada violación de los Derechos Humanos
consagrada en las Constitución de la Republica tiene la palabra el
Defensor Público Generar una apertura a los procedimientos adecuados así
como el Ministerio Publico por hechos que comprometen seriamente su
envestidura como Funcionaria Pública del Estado".

Y por eso es que nuevamente, a través de este escrito, pido en nombre de
este colectivo serio y responsable que me ha hecho llegar esta
información, a nombre de este colectivo y del pueblo del Estado Bolívar,
un pronunciamiento de la Fiscalía General de la República, a nuestro
sistema de justicia y demás entes del Estado a contribuir con el cese
del Estado de Impunidad e Indefensión, a impartir verdadera justicia a
los inocentes y a sancionar a los verdaderos culpables. Antes de que sea
demasiado tarde.

 Independencia y Patria Socialista!!!