Ante la decisión de la Asamblea Nacional de abrir una investigación a un portal digital de noticias por divulgar información falsa, recrudece el ataque a la revolución bolivariana sobre de la libertad de expresión y ahora de manera maniquea hacen ver ante la opinión pública, que el Gobierno venezolano pretende ejercer control sobre el uso de Internet.
Es pertinente recordar que el artículo 57 de la Constitución Nacional establece taxativamente como derecho civil la libertad de expresión de pensamientos, ideas u opiniones y cuando determina los mecanismos para hacer efectivo ese derecho, estipula lo siguiente: "A viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y discusión, sin que pueda establecerse censura". Entendiendo que nuestra Constitución representa una suerte de carta de navegación que jalona el rumbo que debe seguir este proceso de creación heroica y por tanto le debemos fiel y estricto cumplimiento, queda claro entonces que no existe la posibilidad de conculcación de este derecho fundamental, pero no excluye a quien haga uso del mismo de responsabilidad por todo lo expresado.
Vale la pena preguntarse entonces: ¿Riñe acaso la libertad de expresión con el respeto que merecen las personas, pudiendo ser difamadas e injuriadas? Obviamente que no y por esta razón es que la Asamblea Nacional designó una comisión especial para investigar a quienes administren y permitan que desde sus páginas web, transite por la red informaciones, incurriendo en delitos estipulados en el Código Penal Venezolano. Constituye una manipulación mediática tratar de posicionar la falsa matriz de que en Venezuela lo que se pretende es aprovechar la coyuntura para introducir un proyecto de ley que acceda regular el Internet.
Esta falsa opinión no tiene sustento con un gobierno que ha dado pasos importantísimos para incursionar de forma activa en la tecnología espacial, a través de la puesta en órbita del primer y único satélite venezolano, el Simón Bolívar. El cual nos coloca en la vanguardia de la industria tecnológica en telecomunicaciones, rompiendo las barreras de la exclusión tecnológica, logrando en la inmensa mayoría el derecho igualitario de satisfacción de necesidades que tengan que ver con la transmisión y acceso a la información, incluyendo Internet.
¿Acaso pretenderá regular Internet un gobierno que ha lanzado un programa de alfabetización tecnológica, donde se ha logrado capacitar más de 600.000 compatriotas? Aunado al alcance del proyecto nacional de Infocentro, donde ahora los venezolanos cuentan con 668 infocentros fijos y 27 móviles, los cuales atienden permanentemente a 2,5 millones de personas y recibieron más de 10 millones de visitas durante el año 2009.
Además de la aprobación de 40 millones de bolívares para la instalación de 200 nuevos infocentros que estarán articulados con las comunas y servirán para fortalecer el poder popular.
Es importante resaltar lo expresado por el comandante Chávez durante el “Aló, Presidente” para reimpulsar el proyecto nacional de infocentros, quien informó que en 10 años de revolución, los suscriptores del servicio de Internet en nuestro país superan 600%; de 273.537 que existían durante el año 2000, se lograron incorporar 1.585.497 suscriptores para el primer trimestre del año 2009.
Queda demostrado que en Venezuela, lejos de establecer mecanismos para regular el Internet, se implementan políticas de Estado para lograr la inclusión igualitaria a los sistemas modernos de telecomunicaciones.
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