Aunque la reunión de la UNASUR hoy en Quito apunta a impedir semejante locura, lo cierto es que no está descartada tal cosa en la perspectiva actual de los acontecimientos.
Decir algo así podría sonar a tremendismo si las fuerzas en marcha no estuvieran avisando sus propósitos.
De todas maneras, ninguna perspectiva es absoluta en si misma, sobre todo cuando se trata de política internacional, relaciones de Estado y grandes fuerzas sociales en pugna. Una guerra es algo más complejo que el deseo y el objetivo manifiesto de alguna de las partes en juego.
No existen condiciones políticas internacionales o bases sociales internas en ambos países, para prever una guerra de escala, o una invasión lata como las de Santo Domingo en 1965 o las de Panamá y Grenada en 1990. Pero esto no anula o impide los “accidentes” que puedan generarla.
Sobre todo señala la posibilidad de aplicación de las nuevas técnicas de guerra, llamadas de “baja intensidad” o de “cuarta generación”, dirigidas a medrar, fragilizar, desestabilizar y echar, en fases sucesivas o por colapsos internos, a gobiernos desafectos al dominio de Washington.
Tanto el Departamento de Estado, apoyado en el Comando Sur de los Estados Unidos y en sus agencias de seguridad, sobre todo la USAID y CIA, como el actual grupo gobernante de la Casa de Nariño en Bogotá, han dado sobradas muestras en los últimos meses o años, de lo que quieren hacer con el gobierno bolivariano de Caracas y el movimiento social que lo sostiene.
Bastaría recordar que las acusaciones de Uribe, y de Santos mientras fue su Ministro, de sus fiscales, jueces y parlamentarios, contra el régimen venezolano han sido tan sistemáticas que conforman un legajo de demonización dirigido a legitimar acciones de “cuarta generación”.
Revisemos un apretado resumen de hechos: Tres rupturas sucesivas de relaciones políticas en medio de 8 años de resumen malísimas relaciones bilaterales (excepto en lo comercial hasta 2008), dos retiros abruptos de personal diplomático, una hilera de imputaciones y recriminaciones crecientes desde el año 2007, un amague de choque físico entre ambos presidentes en Cancún, en el ultimo verano, la colísion casi militar entre 2008 y 2009 por el bombardeo a Ecuador y a causa de la instalación de las bases estadounidenses, la introducción de un grupo de decenas de paramilitares por la frontera de Cúcuta, protegidos hoy por la Gobernación del Estado Táchira, y lo ultimo: una acusación formal con rango de Estado, y tono escandaloso de preguerra, en el escenario de la OEA.
De algo similar, solo se tiene memoria en excepcionales ocasiones: En 1961, cuando Rómulo Betancourt propuso la expulsión de Cuba de la OEA, en 1964 para legitimar la invasión a Republica Dominicana, después del conato de golpe en Chile el 29 de junio de 1973, o situaciones bélicas consumadas como las de Malvinas, y en algunos casos de golpes de Estado.
Desde Estados Unidos, con Obama y sin el, el asunto es mas serio si consideramos que se trata del imperio dominante del planeta.
Nadie gasta más de 600 millones de dólares cada año en el armamento de un gobierno, sin registrar la ayuda secreta, para hacer diplomacia o desarrollar el turismo tropical. Después de Afganistán, Paquistán, Irak e Israel, Colombia es el Estado que recibe la mayor cantidad de ayuda militar directa del gobierno de Estados Unidos. En ninguno de esos países han ido a jugar al truco, aunque Colombia no haya llegado al mismo nivel de colapso. Pero los hechos de los últimos dos o tres años en el continente, indican hacia donde se dirige el viento.
Las siete bases militares norteamericanas en Colombia, las activadas en Panamá el ultimo año, la segunda que estarían desarrollando en Honduras y las plataformas militares reactivadas en Aruba, Bonaire y Curaçao, frente a las costas venezolanas, ademas los ejercicios militares en Perú, Paraguay y las costas “pacificas” de Chile; otro hecho clave de esa dinámica fue el golpe de estado en Honduras; las recientes maniobras militares en Puerto Rico; la ocupación militar de Haití aprovechando un desastre natural; la flota de 42 buques militares instalados en Costa Rica y las declaraciones pro estadounidenses, de sus socios en el llamado "cordón del Pacífico" (Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y México).
Dos presidentes, Micheletti y Martinelli, le han dado voz a estos aprestos atreviéndose a conminar la desaparición de los regimenes de Venezuela, Bolivia y Cuba.
Habrá o no habrá guerra entre Colombia y Venezuela no es cosa de juegos de abalorios o adivinanzas gitanas.
Los datos anteriores son decisivos por su relación con los Estados que los generan, pero hay otros factores que no deben desestimarse en la actual ruleta latinoamericana.
Juan Manuel Santos quiere sentarse en la Casa de Nariño: eso no seria posible si su amigo mete al país en un estado de guerra. Su rol como Presidente no será el mismo que como Ministro ejecutor de la “Seguridad Democrática”. Él no cambia, cambia su rol en el escenario. No olvidemos que la burguesía colombiana quiere recuperar los mas de 6 mil millones de dólares evaporados en el mercado venezolano, y aunque apoyo a la pareja Uribe/Santos en la limpieza militar que hicieron en 8 años, hoy quiere otra cosa. Como lo han dicho ellos mismos, el objetivo actual es reinsertarse en la subregión, comenzando por el mercado venezolano, mejorar las debilitadas relaciones de Estado con la mayoría de los gobiernos, excepto los del “cordón del pacifico” y ver si con Santos logran la firma del TLC en el Congreso de EEUU.
UNASUR adquirió un peso subregional con capacidad de calmar fuegos como lo demostró con la rebelión de la media luna boliviana.
La derecha venezolana resulto la mejor aliada del gobierno colombiano dentro de Venezuela, base social para un ataque eventual; este es un dato revelador: su odio antichavista y su amor a los yanquis le hicieron cambió el tradicional chovinismo anti colombiano, por apoyo a cualquier cosa que sirva para sacar de escena al gobierno bolivariano. Este factor podría generar un “accidente” propiciatorio desde el interior venezolano, algo difícil (pero no imposible) a esta altura del blindaje defensivo en la frontera.
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