La crisis financiera del imperialismo ya se ha convertido en una crisis económica y social a escala mundial. El impacto de la crisis también está haciendo mella en los precios petroleros.

La recesión abierta en el principal país consumidor del petróleo venezolano y en otros países compradores, reducirá la demanda del producto generador de gran parte de nuestros ingresos. Después de haberse multiplicado en los últimos años, los precios del petróleo han bajado, en el contexto de esta crisis, a por lo menos la mitad de su valor.

Esto podría afectar seriamente el cumplimiento de los proyectos y compromisos del gobierno en inversiones sociales, industriales y de infraestructura. También se verán afectadas las expectativas del pueblo hacia la revolución y la contrarrevolución tratará de sacar más provecho a las frustraciones.

Mientras el gobierno prevé limitaciones en el presupuesto, que podrían retrasar la llegada de algunas soluciones, miles de millones de dólares se van todos los años en el pago de una Deuda Externa Fraudulenta, impuesta por el neoliberalismo y heredada de la IV Republica.

En algunas oportunidades el presidente Chávez ha hablado del carácter de la Deuda Externa venezolana y de otros países latinoamericanos, mencionándola como un mecanismo de sometimiento y expoliación de los pueblos. Incluso se ha referido a la posibilidad de que la deuda venezolana haya sido pagada varias veces. Pero, al disfrutar de elevados y crecientes ingresos petroleros, el gobierno ha preferido seguir pagando, para evitar confrontaciones concretas con los prestamistas (FMI, BM, banca internacional, tenedores de bonos).

Aunque esto ha sido placentero para los acreedores, en realidad no ha evitado mayores tensiones, porque de todos modos, el imperialismo ha seguido empeñado en tumbar a Chávez o en asesinarlo, como se ha visto y ha sido denunciado en repetidas ocasiones. Aunque les paguen la tramposa e ilegítima deuda que impusieron para financiar sus propios “paquetazos” neoliberales, ellos necesitan sacarse de encima a un gobierno que no aplica sus dictados y gana cada vez más espacios de soberanía, ha desplazado a la oligarquía criolla del control directo del Estado y agita políticamente las ansias revolucionarias de otros pueblo de la América Latina.

En cambio, al tener que pagar la deuda, el gobierno se ha privado de inmensos recursos que podrían haber ayudado a resolver mucho más rápido y de manera mucho más efectiva el tremendo déficit de vivienda que soportan las clases populares en Venezuela o podrían haber permitido mayores alzas de los salarios, resolver problemas como el deterioro de los hospitales o mejorar sustancialmente la recolección de la basura que agobia a los habitantes de los barrios. Esta concesión al imperialismo no nos ha dado beneficios reales y por el contrario, nos ha forzado a sacrificios que pueden costarle caros a la gobernabilidad revolucionaria.

Esta conducta le hace daño a la imagen de la revolución venezolana como ejemplo a seguir. Siendo una referencia mundial revolucionaria, un país admirado por las conquistas sociales y democráticas de la revolución bolivariana; en este aspecto damos un mal ejemplo a los demás pueblos que luchan en Sur América, mientras que en países como en Ecuador y en Bolivia, los gobiernos han adoptado posturas mucho más progresivas y soberanas en esta materia.

Una de las peores cosas es la impunidad y la degradación ética que implica el pago de la deuda. Hasta estamos pagando deuda externa privada que fue reconocida y asumida por los gobiernos de la IV Republica y la tenemos que pagar el conjunto de los ciudadanos, porque se deduce del presupuesto que nos corresponde. Deuda que incluye no pocos aportes que beneficiaron a empresarios ladrones, que luego atentaron o siguen atentando contra el proceso revolucionario y que financian conspiraciones, como lo hicieron el 11 de Abril y con el paro-sabotaje petrolero.

¿Qué beneficios nos dejaron las deudas de los gobiernos del Punto-Fijismo? Hay que preguntarse por qué tenemos que postergar la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo para pagar deudas ilegítimas, fraudulentas, contraídas antidemocráticamente y con procedimientos irregulares, con fines contrarios a los intereses de las mayorías.

Cuando en Venezuela afrontamos la catástrofe de los deslaves en Vargas, que ocasionaron pérdidas materiales entre 10 y 15 mil millones de dólares, la Red Venezolana Contra la Deuda Externa (1), envió documentos a la Asamblea Constituyente, a los Poderes Públicos y se movilizó hasta la Fiscalía con la consigna “¡Petróleo para la vida, no para la Deuda!”, exigiendo la realización de una auditoria con participación ciudadana, el mismo día en que Caracas recibía a la Cumbre de la OPEP. De esto jamás hubo respuesta.

Era un momento donde la suspensión de pagos de la deuda estaba más que justificada para hacer frente a la necesidad de la reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre natural. Posteriormente, cuando ocurrió el sabotaje petrolero, cuyas pérdidas se estiman también en unos 15 mil millones de dólares, una vez más estuvo planteada la necesidad de recuperarnos echando mano a los recursos de la deuda externa. Pero continuamos pagando la deuda corrupta y financiando a nuestros desestabilizadores.

Luego, cuando se dispararon los precios petroleros y se catapultaron las reservas internacionales, se le presentó al mundo, como si fuera un gran logro, el pago de la deuda pendiente con los organismos multilaterales causantes de los estragos neoliberales en Venezuela y del sacudón del 27 de febrero: El FMI y el BM. Esto, en verdad, devalúa a nuestra revolución y le resta capacidad de respuesta, además de generar confusión.

Ahora que el petróleo vuelve a bajar y con ello los recursos del país para afrontar las demandas de la población y las exigencias de la revolución, la continuación del pago de la deuda corrupta de la IV República y del endeudamiento, vuelve a aparecer de manera redoblada como una seria amenaza.

En Venezuela, la Deuda Externa Directa Bruta, que en el año 1996 (antes de acceder el Comandante Chávez al poder) era de 23.893 millones de dólares, está ahora en 29.953 millones de dólares (según cifras del BCV al 30/06/2008).

En América del Sur, movimientos y organizaciones sociales, que hacen parte del Movimiento Social de Deuda, les han pedido a los Presidentes de la Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela la realización de auditorías integrales y participativas del crédito público, con la finalidad de detener los pagos de deudas ilegítimas y poner fin a la impunidad con la que se viene funcionando el sistema financiero internacional en nuestros países.

El Encuentro de Economistas realizado recientemente en el Centro Internacional Miranda, para examinar la crisis financiera, ha incluido también entre sus recomendaciones la revisión de las políticas de pago de la deuda, en el sentido de no reconocer las deudas ilegítimas que forman parte del oprobioso legado neoliberal.

El reciente Encuentro de Trabajadores del PSUV, donde participamos las diversas corrientes sindicales que militamos en el partido, incluyó igualmente en su propuesta programática optar por el No Pago de la Deuda Externa.

Al gobierno de nuestro presidente Chávez le toca reconsiderar el tratamiento oficial de la Deuda Externa en Venezuela. A los movimientos sociales y a la militancia del PSUV nos toca la realización de este debate, para determinar cuál debe ser la posición revolucionaria y la manera de afrontar la crisis mundial en beneficio de los trabajadores y el pueblo, en lugar de seguir atrapados en las trampas del imperialismo y la banca usurera internacional.


(1) La Red Venezolana Contra la Deuda fue creada en el año 2000 y es parte del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). También ha mantenido estrecha vinculación con la red Jubileo Sur.

*Gonzalo Gómez, miembro del Equipo Editor de Marea Socialista y cofundador de Aporrea.org, fue fundador de la Red Venezolana Contra la Deuda y Jurado del Tribunal Andino de la Deuda Externa, que sesionó en Quito, Ecuador en el año 2002.