La sociedad venezolana y el pueblo trabajador están atrapados entre dos cúpulas irracionales y ambiciosas. Ambas violan la Constitución.

El gobierno perdió la confianza y tiene muy molesto al pueblo por descargar la crisis sobre sus espaldas, por privilegiar a los corruptos responsables del desfalco y fuga de capitales, por aplicar un paquete antipopular y una contrarreforma que liquida conquistas de la revolución.

Del otro lado, la MUD, desde la derecha clásica, le disputa el control político y el manejo de los negocios. Busca terminar de sepultar la experiencia revolucionaria y los logros de la etapa de Chávez. La MUD utilizó el triunfo en la Asamblea Nacional para desconocer al presidente electo Nicolás Maduro (con el subterfugio del "abandono de cargo") y desató las reacciones autoritarias del gobierno. Ahora está en una escalada violenta para conseguir desplazar al gobierno por las malas, o para ubicarse mejor en una salida negociada. Pero esta vez, a diferencia del 11 de Abril de 2002, le arrebató las banderas democráticas al gobierno "bolivariano".

El gobierno, en lugar de garantizar y ampliar las conquistas sociales, soberanistas y democráticas de la revolución, se ha convertido en mampara política de una nueva casta usurpadora del poder que el pueblo le dió. Echó al basurero las propuestas de Chávez para un nuevo ciclo de la revolución, se atrinchera en el aparato del Estado burgués para mantener "como sea" sus privilegios (capitalistas), descarga sobre el pueblo la crisis provocada por el capital y la burocracia, y apela a métodos anticonstitucionales, no democráticos, en lugar de abrir paso a una verdadera participación y consulta a la ciudadanía. Con una democracia simulada y un autoritarismo cada vez más evidente, margina al propio sujeto social de la revolución bolivariana, a la clase trabajadora y a los sectores populares. El pueblo es dejado por fuera de la toma real de decisiones.

La MUD representa la versión neoliberal del capitalismo, a veces con camuflaje camaleónico "democrático" y otras en actitud abiertamente golpista y pro-intervencionista.

Pero el gobierno de la "Nomenklatura" del PSUV, con un alto componente militarizado, esconde una agenda antisocialista y antidemocrática, tras un superficial lenguaje de apariencia "socialista" y pantalla antiimperialista. Tras el telón de su teatro, negocia y entrega recursos del país y soberanía.

La lista ya es enorme y está dejando pálida a la llamada "Apertura Petrolera" cuarto-republicana: el Arco Minero del Orinoco (AMO), la prioridad del pago de Deuda ilícita por encima de las necesidades de la población, la preparación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como espacios territoriales con régimen neoliberal, las nuevas Empresas Mixtas con transnacionales y potencias mundiales (las viejas y las emergentes), la práctica de operaciones financieras lesivas a la República mediante canjes de bonos y con Fondos Buitres, el escándalo del donativo de la estatal venezolana CITGO a Donald Trump...

Esta es otra forma de "intervencionismo" en versión soterrada. No es una "intervención" con tropas extranjeras; es el gobierno de la era post-Chávez, quien dilapida su herencia política e invita a la rapiña; el que ofrece y comparte el botín, como una vía para consolidar y salvar a la burocracia corrupta y a la neo-burguesía asociada (incluyendo a sectores de la oligarquía tradicional), en sus nuevas formas de acumulación de capital y captura de renta.

La MUD no confronta estas políticas -ni puede hacerlo- al menos no de manera consecuente, aunque haga alguna que otra denuncia oportunista. Unas veces asume poses "democráticas" y otras juega al caos. Y, por si no le quedara otra, propicia y aliña escenarios de posible injerencia extranjera directa. Pero no presenta una fórmula distinta a la descarga de la crisis sobre la clase trabajadora y sobre los que menos tienen. Ya sabemos en qué consisten las fórmulas neoliberales y qué resultados han dado sobre las condiciones de vida de los pueblos del mundo.

De manera que el intervencionismo no está sólo en las amenazas de la OEA o del Comando Sur de los EE.UU. Ya está aquí, de la mano de quienes, desde el poder político, entregan hoy la revolución y liquidan la soberanía conquistada, aunque lo revistan con el lenguaje y los símbolos del bolivarianismo, como táctica para ejercer su hegemonía sobre el pueblo nostálgico de los tiempos de Chávez.

Debemos rechazar toda forma de injerencia y de sometimiento de nuestra soberanía, pero ésta no puede ser entendida como el "derecho" de un gobierno a hacer lo que le de la gana con su pueblo. Es ese pueblo el verdadero dueño de la soberanía y por consiguiente debe ser tenido en cuenta, mediante todos los mecanismos de consulta y paticipación constitucional, así como mediante el sufragio.

El gobierno y el PSUV abandonaron la vía democrática, contra el ejemplo de Chávez, al negar el Referendo Revocatorio constitucional, postergar elecciones, establecer reglamentos electorales proscriptores de partidos menores, pretender concentrar poderes en el presidente con aval del TSJ y mantener un estado de excepción prorrogado. El gobierno opta por la imposición y no por la rectificación necesaria para la recuperación del apoyo popular, que le permita medirse en cualquier consulta. Por eso retrasa los procesos electorales.

La MUD trata de capitalizar un legítimo descontento y responde añadiendo a las protestas los ingredientes de una espiral de violencia y vandalismo. Mientras, el gobierno, se apoya fundamentalmente en la represión.

Así que estamos ante una situación muy compleja y confusa, en la que ambos, el Gobierno (la derechización del chavismo) y la MUD (la derecha clásica), juegan al "garrote y la zanahoria"; se propinan golpes mutuamente y a la vez negocian nuestro futuro y destino a espaldas de los intereses del pueblo.

La MUD y gobierno ocultan sus verdaderos programas, no le dicen realmente a la gente cómo están gobernando o quieren gobernar. El gobierno pareciera estar aplicando el "Paquete de la MUD" en vez del ofrecido Programa de la Patria y la MUD ha venido bejando que el gobierno le haga el trabajo y le allane el camino, sin tener que pagar ella misma el costo de ese desgaste que ha causado estragos al chavismo. Pero ahora ya quiere apurar la toma del control de los asuntos.

La protesta pacífica, el sufragio y el respeto del voto son derechos legítimos, reforzados en la Constitución Bolivariana. Pero, tanto la represión, como la violencia con que responden las cúpulas, con agendas al servicio del caos, son absolutamente condenables.

El gobierno debe ofrecer alternativas de vuelta al cauce democrático, electoral y constitucional, a la participación democrática y protagónica real del pueblo (no el show de tarimas y medios en que la han convertido). Y la MUD también debe atenerse a ese marco constitucional, en lugar de inventar atajos. Pero las cúpulas no pueden hacerse dueñas de la voluntad de la ciudadanía. El diálogo, si se limita a conversaciones en las altas esferas, a negociaciones oscuras entre los aparatos, no es un diálogo de la sociedad,no es un diálogo con el pueblo. Para ello, éste debe incluir la diversidad de expresiones sociales y políticas.

Para no seguir siendo objeto de estas manipulaciones de cúpulas, el pueblo debe retomar su participación y lucha autónoma. Es la única manera de recuperar lo mejor de la revolución bolivariana y a la vez enmendar y superar los peores errores de su dirección extraviada, tomando en cuenta al conjunto de los venezolanos.

Esto requiere de la recomposición democrática de los movimientos sociales, no cooptada, no clientelar, no burocratizada ni mediatizada por cúpulas, no capturada tampoco por los enemigos de clase. Y requiere la construcción de una nueva referencia política alternativa del pueblo trabajador, de la gente honesta que vive de su trabajo y no de la corrupción, la delincuencia o la explotación del trabajo ajeno.

Algunas Propuestas Urgentes Frente a la Crisis Política, Social y Económica:

1) Respecto a la cuestión democrática:

A) Iniciar una ruta democrática constitucional para dirimir los conflictos del país.

• Cese de la represión y de la violencia vandálica, respeto del derecho a manifestación pacífica.

• Supresión del Estado de Excepción.

• Liberación de aquellos detenidos que no estén implicados en verdaderos crímenes ni atentados graves a servicios públicos. Castigo de los responsables con estricto apego al ordenamiento legal y juicios justos dentro del debido proceso.

• Eliminación total de las sentencias anticonstitucionales del TSJ.

• Establecer un cronograma electoral para resolver situación de la AN con elección inmediata de diputados sustitutos para el Edo. Amazonas, convocar las elecciones regionales (de alcaldes y gobernadores) y poner fecha a la elección presidencial.

• Facilitación de la participación electoral, en lugar de obstaculizarla; sin imponer el restrictivo y proscriptor Reglamento Electoral que impide en la práctica la vida política electoral a las organizaciones que no pertenecen a los grandes aparatos polarizados (como se esta viendo en el caso de partidos menores del GPP y con Marea Socialista).

B) Instalar Otro Diálogo, no exclusivo ni sólo de las cúpulas, sino inclusivo del pueblo, abierto y público, con acceso a todos los medios de comunicación. Medios públicos y privados, así como la comunicación popular, deben ser reales espacios para exponer y escuchar planteamientos, criticas y propuestas del pueblo y no sólo de la polaridad Gobierno-MUD. Esto requeriría un rescate de lo que alguna vez fue nuestro Proceso Popular Constituyente de discusión y participación en la toma de decisiones. No nos confundamos, no se trata de una nueva Asamblea Constituyente ni de una nueva Constitución, sino de la aplicación cabal del Art. 70 de la CRBV, en el uso de los "medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía, en lo político...". Para ésto, se podría promover un espacio de concurrencia de organizaciones y movimientos, sociales y culturales, gremiales y de la clase trabajadora, de las comunidades... corrientes políticas diversas, personas destacadas por sus conocimientos y obras... Es muy importante la expresión de esa gran franja que se viene configurando con los llamados Ni-Ni, procedentes en gran medida de un chavismo defraudado que no tiene vocería. La cúpulas ignoran y marginan a este sector por el que temen ser desplazadas.

Pero cuidemos que no sea un espacio secuestrado por las cúpulas y las burocracias y que no sea un teatro para el show de la democracia simulada. No se trata de otro "Congreso de la Patria", manipulado por el gobierno y el PSUV. La MUD ni siquiera se ocupa de estas apariencias, decide su cúpula sin mediaciones.

No dejemos que se adueñen de las calles grupos armados de uno u otro signo y se impongan sobre la ciudadanía. Empecemos pues, a reunirnos los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo con el pueblo, la clase trabajadora con sus iguales, para obligar a una solución pronta a esta situación trágica. Que los poderes se ejerzan en función de todas y todos nosotros, que primen las grandes mayorías sobre los estamentos y sus intereses. Si no "mandan" en favor del pueblo; entonces, que se vayan, en favor de la paz, el bienestar colectivo y de la recomposición del país.

Sin esto no podremos recuperar y reorientar, como pueblo, el impulso y propósitos del proceso revolucionario que iniciamos desde el 27 de febrero de 1989, que nos abrió el camino del sueño libertario y redentor por el que transitamos en vida de Chávez. Sólo hay esperanza con nuestro propio involucramiento y co-responsabilidad.

2) Respecto a las condiciones de vida del pueblo y la crisis económica:

• Aumento urgente del salario tomando en cuenta Art. 91 CRBV (mínimo al nivel de la canasta básica).

• Suspensión temporal de pago de Deuda (sospechosa de Ilícita) mientras se realiza Auditoría Pública y Ciudadana, para destinar los recursos al abastecimiento de alimentos y medicinas, en lugar de restringir importaciones de esos bienes como hace el gobierno.

• Anulación del Decreto depredador del Arco Minero del Orinoco.

• Acelerada investigación del Desfalco y Fuga de Capitales y de hechos de corrupción (Auditoría Ciudadana), con medidas nacionales e internacionales para la recuperación de divisas y destinarlas a la superación de la crisis.