Después de la demostración de civismo, talante democrático y altísimo nivel de conciencia puesta de manifiesto por el bravo pueblo venezolano en el proceso refrendario del pasado 15-F, quedó claro ante Venezuela y el mundo que queremos construir nuestro sueño y hacer realidad la utopía de un mundo mejor en paz, democráticamente y en socialismo, para vivir dignamente, satisfaciendo sus necesidades.
Siempre con el comandante Chávez al frente, que asumió a plenitud el compromiso y, parafraseando al apóstol San Pablo, impregnado de pasión patria, juró desde el balcón del pueblo consumirse hasta el último aliento de vida para que no muera la esperanza.
Anuncia también profundizar la revisión, rectificación y reimpulso del proceso revolucionario para lo cual toma acciones sustantivas como la dinamización del Estado, materializada en la reestructuración del Gabinete ejecutivo, para hacer frente al desafío.
Mientras tanto, los enemigos históricos de los procesos de redención social, siguiendo al pie de la letra la receta del imperio, no cesan en su afán sistemático de torpedear el proceso revolucionario buscando condiciones para alterar el orden interno. Así, observamos a empresarios privados de rubros agroalimentarios jugar duro para posicionar la matriz de opinión de la supuesta inflación galopante.
El Gobierno, cumpliendo su rol de garantizar la seguridad agroalimentaria, reguló el kilo de arroz en la versión 3% granos partidos a 2,15 bolívares fuertes, y la empresa privada, esquilmando a los consumidores a través de un proceso de saborización cuyo costo por kilo es de 0,01 céntimos, le incrementa 300% bajo la mirada complacida de la patronal empresarial, partidos políticos de oposición y los grandes medios opositores, y además tienen el descaro de criticar la acción del Ejecutivo.
Mientras eso ocurre en Venezuela, desde el exterior arremeten por varios flancos. Es así como en el Informe Anual de la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas y el informe presentado por el Gobierno de Estados Unidos y refrendado por el Congreso, se ataca a nuestro país por ser ruta del narcotráfico, mientras que Colombia y Perú que poseen 85% de la superficie de cultivo ilícito de cocaína en América y en cuyo suelo se fabrica la pasta de coca son tratados con guantes de seda.
Además, esos informes desconocen que en Estados Unidos se cultivan anualmente 10.000 toneladas métricas de marihuana.
A ello se suman las temerarias declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que en un acto de conmemoración del asesinato a Raúl Reyes, en flagrante violación a la soberanía ecuatoriana, reiteró que perseguirán a los guerrilleros así no se encuentren dentro de territorio colombiano, aduciendo con el mayor de los sarcasmos que esa acción obedece a un acto de legítima defensa.
Esta aborrecible declaración ocurre no sólo ante la actitud cómplice del presidente Álvaro Uribe, sino que estuvo precedida de una campaña comunicacional difundida por CNN, RCN y la revista Semana en la que hacían ver que por lo menos nueve miembros del estado mayor central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban refugiados en Venezuela y otros dos en Ecuador.
Vean la gravedad de esas declaraciones que atentan no sólo contra los principios del derecho internacional y respeto a las soberanías, sino también contra la buena marcha de las relaciones entre tres países bolivarianos y la paz interior de nuestras repúblicas, y buscan crear condiciones para una conflagración bélica con la segura intervención de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, disfrazadas con cascos azules.
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