Las tesis sobre las causas mediatas e inmediatas que produjeron el golpe llegan normalmente a la conclusión de que el mismo fue ejecutado contra la posibilidad de que el pueblo hondureño alcanzará mayor poder a través de su participación en la toma de decisiones relevantes en el país. En otras palabras, había que detener la posibilidad de que el pueblo refundara la nación.

En este afán, la oligarquía y sus sirvientes de siempre no solo recurrieron al golpe, sino también a las tácticas mas salvajes heredadas del fascismo latinoamericano de los años setenta y ochenta, con el fin supremo de “persuadir” al pueblo de que es mala idea cuestionar la autoridad de los que mandan; de desafiar eso a lo que periodistas fascistas hondureños llaman paz, democracia y armonía social.

El 28 de junio, después de un largo y detallado proceso de planificación, tanto a nivel local como internacional, y con al menos el consentimiento de la administración norteamericana, o parte de ella, se ejecutó el golpe de estado que para la oligarquía significa mantener sus obscenos privilegios dentro de Honduras, y para el imperio y su derecha servil del continente como un ensayo para practicar la nueva visión de la democracia de los que tienen mucho.

Entonces el propósito ha sido detener la lucha del pueblo hondureño, y la eventual resistencia de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, el escenario que se presentó en Honduras después del golpe fue muy desfavorable para los golpistas que siempre supieron que podían burlarse de la comunidad internacional mientras contaran con el apoyo de los halcones.

La reacción popular ha demostrado que los planes de los enemigos de los pueblos son una cosa, y la reacción de los pueblos es otra. En nuestra Honduras, los cuatro meses de resistencia popular no solo han servido como una gigantesca escuela política para el movimiento social, sino también ha puesto en evidencia la posibilidad real de tomar el poder para el pueblo en lucha.

La estrategia de la derecha, en busca de esquivar el impacto de sanciones internacionales ha concentrado sus esfuerzos en la realización de unas elecciones que realmente no desean. Las ven, o por lo menos las han visto hasta ahora, como un mal menor que ellos pueden controlar electrónicamente, con el complemento eficaz de su maquinaria represiva.

Sin embargo, en las últimas semanas se les ha visto urgidos por descartar la participación de las candidaturas populares a los cargos en juego en esa elección. Es evidente que su carta electoral funciona si no participan las fuerzas progresistas en el proceso. Hoy la restitución meramente simbólica del presidente constitucional les sirve para alargar la tensión y someter a presión a nuestros candidatos para que pronuncien su renuncia públicamente.

El presidente Zelaya sabe y entiende que el camino trazado por los golpistas mas temprano que tarde los llevaría a un callejón sin salida; su argucia electoral terminaría acorralándolos, porque su misión NO ES EVITAR QUE EL PRESIDENTE RETORNE; ES EVITAR QUE EL PUEBLO TOME CUOTAS DE PODER REAL. Las arengas sobre la participación de un “mosaico” de ideologías que proclamaba Micheletti hace dos meses, se ha desvanecido y se ha puesto en tela de juicio la intención sincera de los golpistas de llevar a cabo un proceso electoral que incluya los candidatos en resistencia.

Si revisamos rápidamente lo que esta en juego nos daremos cuenta de verdades que siempre están presentes, pero que tendemos a obviar o ignorar:

El congreso nacional tiene la potestad de elegir: La Corte Suprema de Justicia (cada siete años); Fiscal general y Fiscal adjunto (cada cinco años); Procurador General de la República (cada 5 años); Tribunal Supremo Electoral (cada 5 años); Tribunal Superior de Cuentas (cada 5 años); Comisionado Nacional de Derechos Humanos (cada 5 años). Un poder importante el que tiene dicho congreso.

Durante los 30 años de vida electoral (no democrática) el control de todos estos entes (los que curiosamente tienen hoy periodos de ejercicio mas largos que el del propio presidente), el control del poder se ha centrado justamente en repartir esas instituciones entre representantes de los diversos grupos que conforman la oligarquía.

Siempre estos cargos han sido electos por consenso bipartidista y nunca ha habido ninguna disputa mayor sobre su repartición. La Corte Suprema y su famosa proporción 8-7 (Ocho magistrados del partido en el poder y siete del otro partido tradicional) patentizan la maquinaria de la impunidad y el soporte de la corrupción.

Por esta razón priva en honduras la arbitrariedad por encima de la legalidad; por eso los bancos pueden rematar lo que quieran cuando quieran; por eso existen grandes negocios con bases de datos sobre los historiales de las personas (centrales de riesgo); por eso los cambios de velocidad en la aplicación de la justicia entre muy lenta para los casos mas terribles de corrupción hasta muy rápida contra funcionarios de la administración Zelaya y los presos políticos de la resistencia.

Esta maquinaria de impunidad ha sido manejada por unos cuantos durante todos estos años: Los “Capos” de esta mafia del tráfico de influencias se cuentan con los dedos de la mano: Carlos Roberto Flores Facussé (quien ha ubicado su gente en todos los órganos mencionados); Ricardo Maduro Joest; Rafael Leonardo Callejas, y otro par de miembros de este selecto grupo de Corleones politicos

Vemos pues que lo que esta en juego para la derecha es sencillamente el mecanismo que le permite vivir bajo condiciones de dueños del país. Está claro que si los grupos populares ocupan posiciones dentro de esta estructura, esa manipulación se acaba; se posibilita la revisión del sistema en si; se abre el camino a la asamblea nacional constituyente y con ello la revisión de la duración y formas de elegir estos importantes estamentos auditores y administradores de la justicia.

Se ve muy obvio que el propósito de estos señores es EVITAR LA PARTICIPACION DE LOS CANDIDATOS DE LA RESISTENCIA en el proceso electoral. Por eso el análisis de la coyuntura es de suma importancia para los dirigentes populares, sus candidaturas, y el mismo presidente Zelaya. Las decisiones que tomen pueden tener consecuencias por años para la vida nacional.

El proceso de unidad de todos los grupos integrados en la resistencia es valioso para nosotros y preocupante para los oligarcas golpistas. Es imperativo encontrar las vías para un análisis profundo y unitario de las acciones a seguir. Se deben encontrar las vías para llegar a conclusiones valiosas entre los líderes políticos en resistencia y el presidente de la república.

En cualquier caso, sin importar cual sea la decisión final, todos estamos obligados a sumarnos a procesos de organización para enfrentar la eventual participación en el proceso electoral.

Mas allá de las consideraciones de tipo ético, moral (de las que carecen los golpistas), y políticas; y considerando las experiencias de los procesos populares en América Latina, luce de gran relevancia la utilización de los propios medios y reglas de la derecha para ganar los espacios que necesitamos para garantizar el avance de nuestros proceso de liberación.

Así pues, debemos apoyar las decisiones de nuestros dirigentes, conscientes de que la responsabilidad de estas revisten una importancia capital para nuestro propio futuro. Hoy la unidad es la herramienta de la victoria.


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