La arremetida internacional contra la esperanza del pueblo venezolano y su proceso de creación heroica, no se detiene. Como parte del plan imperial, ahora aparece el juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco acusando al Gobierno venezolano de amparar una supuesta alianza entre organizaciones declaradas como terroristas, según la cual ETA coopera con las FARC planificando atentados contra altos personeros de dicho país, entre ellos el presidente Álvaro Uribe y su predecesor Andrés Pastrana. Ante esta oprobiosa declaración es necesario hacer las siguientes consideraciones.
Si el juez Velasco en noviembre del año pasado abrió una investigación formal por la conexión FARC-ETA y establecía que databa de 1993, ¿por qué ahora establece que el gobierno del comandante Chávez propició dicha alianza, siendo que él asumió en 1999? La acusación contra el Gobierno se fundamenta en que en nuestro país reside el ciudadano vasco Arturo Cubillas Fontán, quien se encuentra en Venezuela por petición y consentimiento del Gobierno español en un acuerdo suscrito en 1989 entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, como colaboración para allanar los caminos hacia la paz que buscaba la desmovilización y reinserción de los etarras, el cual incluye, además de la residencia, la ubicación laboral. Tanto el Congreso español como el venezolano ratificaron dicho acuerdo. Si el juez Velasco requiere la comparecencia de alguno de los beneficiarios, lejos de estar satanizando al Gobierno, lo recomendable es que establezca en el fallo la supresión de dicho acuerdo.
Asimismo, emplea la inadmisible y excluyente premisa para pretender implicar a nuestro gobierno, pues su esposa, quien es venezolana y egresada de la Escuela de Periodismo de la UCV, ha ocupado cargos públicos. Qué argumento tan baladí. Otro aspecto significativo de resaltar es la fuente de donde se obtiene la información para dicha decisión, la cual fue enviada desde Colombia y supuestamente extraída del imaginario computador de Raúl Reyes, donde se establece que a algunas actividades militares de cooperación entre la ETA y las FARC acudía una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM; por lo tanto, tiene la anuencia de Venezuela. Semejante burla a la inteligencia humana aparece como afirmación del juez Velasco.
Como era de esperar, las reacciones en España giraron en torno a la agudización de las relaciones binacionales. La secretaria general del oposicionista Partido Popular, María Dolores de Cospedal, presiona al gobierno de Rodríguez Zapatero para que se plantee seriamente romper las relaciones con Caracas si se confirma que el gobierno revolucionario apoyó a ETA. El juez Eloy Velasco es militante del PP y trabajó en los dos gobiernos de Eduardo Zaplana, cuando fue presidente de la Comunidad Valenciana. Por su parte, los independentistas del Partido Esquerra Republicana de Catalunya, quienes formaron parte de la coalición para el triunfo de Zapatero, abogaron por una modificación de las relaciones con Venezuela, si no ofrece una explicación convincente.
Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero, quien parece ignorar que el acuerdo se hizo por solicitud del Gobierno de España, habla de redoblar esfuerzos para perseguir a las personas vinculadas con ETA en Venezuela y pide al presidente Chávez la colaboración.
Ante este recrudecimiento del bombardeo directo y fuego cruzado contra Venezuela en la máxima expresión de la guerra de cuarta generación hay que suscribir la respuesta del Comandante Chávez: Eso son restos, todavía, tristes restos de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo en el cuello.
Pero nosotros somos libres.
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