Cuando se habla de economía, cualquier discurso parece ser admisible. Hemos tenido que sufrir las explicaciones más inverosímiles, dicotómicas y absurdas. Así, hemos aceptado que nos llamen "rentistas"; que nos sugieran que una página web, como DolarToday, puede poner en jaque a un Estado; que un obrero deba pagar impuesto sobre la renta, aunque no la tenga; o que el salario no pueda aumentar porque entonces todo aumenta, aunque todo aumente sin que aumente el salario. Confunde y vencerás.
Otras veces, hay quienes hacen observaciones muy obvias y asertivas pero sin ofrecer mayores explicaciones y mucho menos soluciones. Claro que las cosas más obvias son más difíciles de explicar. Así, por ejemplo, dicen que el salario no alcanza para nada; que las sanciones estadounidenses afectan a la economía nacional; o que el poder adquisitivo ha caído por la hiperinflación. Observaciones correctas presentadas como callejones sin salida.
Esa forma de manejar el discurso económico no es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad de los intelectuales, periodistas, economistas, constituyentistas, académicos y demás pensadores e instituciones que tienen la función de avalar el discurso político ante la opinión pública.
Hoy, el salario del venezolano está siendo víctima de ese manejo discursivo. Aparecen por doquier especialistas que con fatuos argumentos sólo distraen a la opinión pública y, por lo tanto, afectan la gestión de gobierno. Unos proponen que el salario sea aumentado y otros que sea mantenido. Unos señalan al imperialismo y otros a los asesores. El trabajador vende su energía vital (trabajo) y otros discuten cuánto cuesta. Soslayan que la Constitución de la República obliga a que el salario sea ajustado al menos una vez al año y que se calcule en función del costo de la canasta básica (ver artículo 91 de la Constitución).
Si todos expusiéramos un único argumento, el de la Constitución de la República, ya tendríamos soluciones. ¿Acaso el aumento salarial debe ser sometido a debate?
Cuantitativamente, la crisis salarial se resume así: El año 2012, último año de gobierno del Comandante Chávez, cerró con un salario mínimo igual a 2.047,52 BsF, equivalentes a 476,16 dólares a tasa oficial. Hoy, el salario mínimo es de 400.000 BsS (40.000.000.000 BsF), equivalentes a 1,43 dólares a tasa oficial. Si se le suma el bono de alimentación, este monto asciende a 2,86 dólares mensuales. Así, el salario se redujo a un 0,6% y sigue bajando.
Esta crisis salarial no solo afecta el poder adquisitivo sino que también reduce la producción de bienes y servicios, pues, como sabemos, el trabajo es lo único que genera riqueza.
El sector privado aplica bonos especiales, muchas veces en dólares, para no perder su fuerza laboral. Aun así, el contexto nacional impide que el trabajador alcance una remuneración justa, por lo que debe encontrar formas alternativas de obtener ingresos.
Por otra parte, las trasnacionales se fortalecen porque encuentran una mano de obra de alta calidad, extremadamente barata y deseosa de ser contratada.
En cambio, el sector público es el más perjudicado. Allí no hay espacio para la negociación de las reivindicaciones; por una parte, porque esa negociación ha sido históricamente secuestrada por el sindicalismo (a pesar de que el patrono es el Estado), y por otra, porque no sólo tiene fijado el salario mínimo sino también el máximo.
En PDVSA, por ejemplo, el salario de un ingeniero con alto nivel de especialización, está alrededor de los 3 millones de Bolívares mensuales, lo que equivale a 10,78 dólares a tasa oficial. Un monto considerable si se le compara con el salario mínimo, pero que obliga al trabajador a decidir si dedica sus fuerzas a resolver la subsistencia de su familia o si la dedica a la producción de PDVSA. Pensemos ahora en los maestros, las enfermeras, los fiscales, y todo el personal que labora en las instituciones del Estado. Súmele las fallas en materia de formación, desarrollo de carrera, libre nombramiento y remoción en cargos de dirección, etc. Todo esto marca una tendencia peligrosa: El Estado perderá la mayor parte de su fuerza laboral. Este debe ser nuestro mayor miedo.
Es evidente que, de inmediato, debe ser aumentado y anclado el salario mínimo a un monto cercano al costo de la canasta básica. Eso no tiene discusión porque el cumplimiento de las disposiciones constitucionales no se discute.
Lo que sí se debe discutir son las medidas que deben acompañar al obligatorio aumento salarial; tales como la aplicación de controles sobre la ganancia capitalista, que cada día crece en detrimento del salario; la reestructuración del régimen fiscal; control de divisas; prohibición del libre nombramiento y remoción en cargos públicos; etc.
En 1999, el Comandante Chávez, en su discurso de Toma de Posesión, describió la crisis del momento diciendo: "Venezuela está herida en el corazón; estamos al borde de un sepulcro". Luego, se encontraron soluciones y el país salió de la fosa donde lo mantuvo el puntofijismo. Para avanzar, se deben evitar los debates postizos. Hay que aprender de los aciertos y de los errores, pero favoreciendo siempre, sin titubear, al factor de producción más importante: El trabajo.
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