No hay palabras para describir el salvajismo de los asesinos disfrazados de policía que arremetieron en forma violenta y criminal contra indefensos trabajadores que sólo reclamaban el respeto a las leyes laborales del país, constantemente violentadas por los patronos de la multinacional Mitsubishi.
Lo triste de este trágico episodio en “tiempos de revolución”, es que no es la primera vez que se produce y con toda seguridad no será la última. Ya los trabajadores de Fundimeca en Valencia, los de Alpina en Villa de Cura, los empleados de la Asamblea Nacional en Caracas, los obreros de Sidor en Puerto Ordaz o los petroleros al frente de las oficinas de la Corporación Venezolana de Petróleos en Lecherías (Anzoátegui) han sufrido todo el rigor de la violencia de los “carniceros”, perdón, uniformados de policía, azuzados por jueces y juezas corruptos al servicio del gran capital.
A pesar de la violencia que identificó los sucesos antes mencionados, en ninguno de ellos se había llegado al escenario del asesinato, como desgraciadamente sí aconteció el pasado jueves 29 de enero en las instalaciones de la empresa Mitsubishi. Que nadie se llame a engaños, esta es la peor afrenta que se haya cometido contra los trabajadores en los últimos años. Con esta acción, se les envía un mensaje terrorista a los trabajadores sobre lo que les puede pasar si siguen reclamando sus legítimos derechos.
Cárcel para los responsables materiales, intelectuales y políticos de la masacre
No son suficientes los discursos retóricos, con desagradable tufillo a demagogia, que afirman que se van a profundizar las investigaciones y que se castigará severamente a los responsables. Si es así, nos preguntamos ¿Por qué tan sólo se quiere hacer caer “todo el peso de la justicia” sobre los uniformados que dispararon a matar, pero aún sigue gozando de libertad la jueza asesina, que ordenó a los policías masacrar a los trabajadores indefensos?
Al igual que en el caso del asesinato de nuestros camaradas en Aragua, Richard Gallardo, Carlos Requena y Luis Hernández, se pretende encubrir a los verdaderos responsables intelectuales y políticos de estas criminales acciones. Los trabajadores debemos exigir cárcel de inmediato para las juezas Diana Vásquez y Lourdes Villarroel, responsables intelectuales de los hechos y al mismo tiempo debemos exigir que se inicie investigación y castigo para los responsables políticos, que también los hay en esta horrenda masacre.
¿Es que acaso no son responsables los funcionarios encargados de la Inspectoría del Trabajo en Anzoátegui, que hicieron oídos sordos al pliego de exigencias presentados por los trabajadores de la Mitsubishi cumpliendo con los procedimientos que establece la ley? Otro tanto debemos decir del gobernador del Estado Tarek William Saab, responsable de los escuadrones de policías asesinos. No olvidemos que bajo su administración también se produjo la agresión armada de la policía contra indefensos petroleros en Lecherías, cuando éstos defendían su contrato de trabajo.
¿Porqué los patronos de la multinacional Mitsubishi gozan de inmunidad? ¿No son ellos los responsables directos de esta tragedia por no acatar el ordenamiento constitucional y jurídico del país que consagra derechos vitales a los trabajadores como son el empleo, la organización sindical, la negociación colectiva, y la vida?
A todos estos responsables políticos hay que investigarlos y castigarlos. Que nadie venga con la historia de que hubo excesos de la policía, cuando todos los trabajadores sabemos que esa es la costumbre del sistema de justicia para amparar a los patronos que violan la ley, colocando los intereses particulares por encima de los intereses colectivos. Y todos muy bien sabemos que mientras eso sucede, el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional miran para otro lado, indolentes ante las angustias de miles de trabajadores que sólo pretenden defender sus escasos derechos.
Tampoco aceptamos la irresponsabilidad del Secretario Político del gobierno regional, quien asegura que los enfrentamientos fueron provocados por supuestos ataques perpetrados por los trabajadores. A este aprendiz de fascista le exigimos que ponga a disposición su cargo porque los trabajadores de Anzoátegui no estamos dispuestos a permitir que villanos de su calaña encubran las masacres como lo hacen los peores dictadores de republiquetas, que siempre justifican sus crímenes con este tipo de explicaciones. Sus argumentos nos suenan muy parecidos a las excusas que da el gobierno israelí para bombardear con misiles de largo alcance a indefensos pobladores palestinos en la Franja de Gaza.
Todos a la calle a derrotar las agresiones contra el movimiento sindical
Tenemos que seguir el valeroso ejemplo de los trabajadores del Estado Aragua, quienes han honrado sus muertos luchando denodadamente contra la indolencia y la impunidad con la que se pretende cerrar el caso del asesinato de sus camaradas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena. Ellos tomaron las calles, paralizaron el Estado, obligaron a la conformación de una Comisión de la Verdad y aún siguen batallando contra todos los que pretenden dar por terminadas las pesquisas luego de investigar a un solo posible sospechoso, cuando el país sabe que detrás de la muerte de los camaradas están tenebrosas manos políticas, policiales, sindicaleras y mafiosas.
De esa misma forma debemos movilizarnos este martes 3 de febrero pasando por los tribunales, la Asamblea Legislativa y la sede del gobierno regional. Materialicemos en todo el país el paro nacional de los trabajadores de la Industria Automotriz programado para el jueves 5 de febrero, para que los responsables materiales, intelectuales y políticos de la masacre de Mitsubishi sepan que los muertos tienen como dolientes a toda la clase obrera y el movimiento sindical venezolano.
Y preparemos al igual que en Aragua un Gran Paro Regional, como una acción de protesta que denuncie la masacre pero que al mismo tiempo permita articular a todos los trabajadores y sectores que se encuentran en conflicto laboral o social, especialmente a los petroleros, los trabajadores de la empresa Vivex y tantos otros que hoy luchan en defensa de sus derechos.
Que sea esta la oportunidad para volverle a recordar al gobernador Tarek William Saab que aún seguimos esperando las profundas investigaciones y sanciones que prometió cuando su policía disparó contra los trabajadores petroleros en Lecherías. A los trabajadores esa deuda no se nos olvida y la seguiremos recordando, ya que estamos convencidos de que si alguien tiene responsabilidad en el accionar de las bandas policiales represivas es precisamente este gobernador, quien se dice ser revolucionario pero facilita la acción criminal de la policía y archiva los expedientes de las investigaciones.
Y también lo decimos por la calle del medio, que las acciones violentas perpetradas el pasado viernes 30 de enero, en mucho obedecen a la inapropiada orientación impartida por el Presidente de la República a los cuerpos policiales y la Guardia Nacional de echarle “gas del bueno” a las movilizaciones estudiantiles. Bien sabíamos nosotros que ese mensaje no era exclusivo para los estudiantes, porque los trabajadores seríamos el blanco de estas acciones. Por desgracia nuestros vaticinios se han visto confirmados por la terrible masacre de la Mitusbishi, razón que nos obliga a exigir al gobierno nacional que retroceda en su política de reprimir a los que luchamos.
Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Febrero 1 de 2009