La decisión del gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de aceptar el pasado año 2012 la propuesta de diálogo y negociación de un Acuerdo de Paz con Justicia, del Comandante del Secretariado de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, Timoleón Jimenez, también conocido como con el alias de guerra de “Timochenko”, no puede ser interpretada como una decisión dirigida a cerrar el ciclo histórico de la violencia social y política que ha ensangrentado a Colombia, sino como la decisión estratégica de la elite liberal-conservadora unificada alrededor de Santos y el Alto Mando de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el necesario apoyo del Departamento de Defensa y el Comando Sur de los Estados Unidos, de liberar el inmenso y altamente experimentado y dotado ejército, armada y fuerza aérea colombiana, para cumplir un posible papel de fuerza de presión e intervención en la zona norte de América del Sur, Centroamérica y áreas del Caribe, en favor de la estrategia de reforzamiento del control militar que los Estados Unidos viene desarrollando con la instalación de nuevas bases militares en Colombia, Costa Rica y Perú, la ampliación de existente en la triple frontera de Paraguay con Brasil y Argentina, así como el reforzamiento operativo de las bases aéreas y puertos de logística e bases de guardacosta e inteligencia en el Caribe Oriental.
No por casualidad, uno de los aspectos más claramente definido por el gobierno del presidente Santos ante su contraparte de las FARC-EP, durante el proceso de diálogo y negociación para la Paz que se desarrolla en la Habana, Cuba, es que la estructura y mando de las Fuerzas Militares, el nivel del pie de fuerza y el reequipamiento y entrenamiento de sus unidades estratégicas, no forman parte de la agenda; antes por el contrario, cualquiera sea el resultado final de las conversaciones, ya se está desarrollando un programa estratégico de incremento y modernización de los sistemas de guerra de las Fuerzas Militares – especialmente de medios aéreos y misilería de corto y mediano alcance - y de espionaje en el ciberespacio y guerra electrónica, que desequilibraría totalmente la ya desigual situación militar que tiene la República de Colombia con sus vecinos de Venezuela, Ecuador y Perú y no se diga, con los de Centroamérica.
El anuncio reciente del presidente Juan Manuel Santos, de suscribir convenios de colaboración en información de inteligencia con la militarista Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que produjo la preocupada reacción de diversos sectores progresistas colombianos y el aplauso del Frente Nacional liberal-conservador aliado del gobierno y los jefes militares, hoy se ha concretado con la declaración de su Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, que anunció la firma con el Vicesecretario General de la OTAN, Alexander Vershbow, de un “Memorandum de Intercambio de Información Clasificada y Buenas Prácticas en la lucha antiterroristas y contra el narcotráfico y otros delitos” (sic); documento que formaliza y hace pública, las ya desarrolladas relaciones de intercambio de información y cooperación en materias “antiterrorista” que viene desarrollando de manera encubierta el gobierno colombiano con la OTAN, sea directamente con su Comando Supremo en Bruselas, Bélgica o; a través de la poderosa Misión de Asesores militares, de policía y de inteligencia, de los Estados Unidos de América en su territorio.
Tal decisión forma parte del derecho soberano de los Estados pero, en las presentes circunstancias geopolíticas de América Latina y el Caribe, provoca serias y fundadas preocupaciones en los gobiernos de la región, en momentos en que, en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se desarrolla un importante proceso de construcción de una doctrina militar de Paz para la región, al margen de los viejos hegemonismos imperialistas y colonioalistas, que incluye la definición de la región como Zona de Paz y se crea un Consejo Militar, en el que están integrados los altos mandos militares de todos los países de UNASUR – incluido Colombia – que ya han avanzado en el diseño de planes de colaboración y cooperación en materia de seguridad y defensa, e incluso, en la producción conjunta de material militar; avances que se perturbaran por estas iniciativas regionales por la ruptura de la confianza entre los altos mandos de los institutos militares de la región y sus gobiernos, que verían a la República de Colombia como el “Caballo de Troya” de la OTAN, al interior del nacimiento proceso de integración militar de Suramérica.
En lo particular, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del Presidente Nicolás Maduro Moros, que mantiene la histórica doctrina militar de Paz, Cooperación y Apoyo Mutuo, planteada por el Libertador Simón Bolívar ante los delegados del Congreso Anfictiónico de Panamá (1.826) y desarrollada por el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías durante sus 14 años de gobierno bolivariano, tiene razones muy fundadas para preocuparse por política de alianzas de la República de Colombia con una fuerza militar-nuclear- extra-regional, encabezada por los Estados Unidos de América e involucrada en invasiones sangrientas a países soberanos como Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria, motivados por razones geopolíticas y de control de fuentes de energía; lo que convierte a Venezuela en una claro objetivo militar de esa alianza militar del centro Capitalista mundial, en su afán de resolver su profunda crisis sistémica, mediante el uso de la guerra y los conflictos internos.
Pese a ello, es fundamental mantener el impulso integrador de Paz y Desarrollo con Justicia Social que hoy se observa en la pluralidad del liderazgo político y militar de Suramérica, con el cual se podría neutralizar la corriente otanista y proimperialista que hoy domina las esferas del gobierno y las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia, esperando la reacción de las reservas democráticas y latinoamericanistas existentes dentro del Estado y las fuerzas y movimientos sociales colombianos que, no solo impongan la Paz con Justicia en Colombia, sino que impidan que esa Paz interna sea utilizada para fortalecer el aparato de guerra y promover la agresión contra otros pueblos de Nuestra América.
