En Venezuela el salario mínimo y base de las pensiones no supera los 3,00 $ al mes. Mediante bonos sin efecto salarial, que representan mucho más de la mitad del ingreso de la clase
trabajadora, el gobierno destruyó el concepto y el sentido de la remuneración al empleo, lo cual mantiene a la población dependiendo de dádivas. Por ello, más del 80% del país está sumido en una pobreza atroz. Este es el contexto económico donde se desarrollarán las elecciones presidenciales venezolanas, previstas para el próximo 28 de julio.
Ahora bien, desde el punto de vista político, el marco de estos comicios es de represión a la disidencia y persecución a la lucha popular. A través del Tribunal Supremo de Justicia venezolano
el actual presidente, Nicolás Maduro, proscribió a toda la izquierda, acabando con la posibilidad de que pueda participar. Además, impuso condiciones inconstitucionales para el ejercicio del
sufragio en el extranjero, con lo cual impide el voto a millones de personas que salieron de Venezuela en los últimos años.
Las maniobras estalinistas de Maduro expresan su terror a que el pueblo trabajador vote por candidaturas que sí están en el campo de la izquierda revolucionaria. De hecho, Maduro usó la
intervención judicial de las agrupaciones políticas que podían representar una alternativa electoral frente al corrupto y desprestigiado PSUV, para proscribir partidos históricos de la
izquierda venezolana, que incluso apoyaron a Chávez en su primer período gubernamental. Por ello, entre otras razones, las elecciones presidenciales de 2024 tienen claros signos de fraude.
Además, a la población venezolana que reside en el extranjero se le exige contar con uno de los documentos más caros del planeta, es decir, el pasaporte vigente. Obtenerlo implica pagar más de 200,00€ en tasas y esperar alrededor de 6 meses por su emisión y envío desde Caracas. El trámite sólo se realiza en los países que tienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin
embargo, la constitución venezolana establece que el único requisito para votar es la cédula de identidad, como es lógico. El pasaporte se requiere para viajar a nivel internacional y es usado
por turistas, estudiantes o personas que trabajan en diferentes países. En su caso, es un documento para identificarse como población migrante, mientras tramita su regularización.
Pero jamás había sido un documento exigido para ejercer el único derecho político que tiene una persona venezolana en el exterior: votar en las elecciones presidenciales.
La exclusión de la población migrante es otra trampa electoral del gobierno de Maduro, pues sabe bien que los mayores flujos migratorios desde Venezuela se han producido a partir de la
segunda década del siglo XXI y que su origen es la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Por aire, tierra y mar ha huido una cantidad significativa de la población votante y, en
Latinoamérica, el éxodo venezolano se convirtió en una crisis. Colombia alberga más de 2 millones de personas venezolanas, mientras en Brasil aumentó la trata en la frontera con
Venezuela. Es indescriptible el sufrimiento de la migración venezolana que atraviesa una de las rutas más peligrosas del mundo, cruzando el Darién de Panamá. En el caso de Europa, el estado español es el país con mayor cantidad de migrantes procedentes de Venezuela.
Estos millones de personas, quienes en su mayoría están dispersas en Latinoamérica, representan la población venezolana migrante más pobre y que a su vez, resulta ser la principal
excluida en las próximas elecciones presidenciales. En su maniobra electoral Maduro se ensaña contra el pueblo venezolano migrante, acentuando su victimización. Demuestra con ello la peor cara de su falso socialismo: el hambre y la persecución política.
* Esperanza Hermida es una activista por los derechos laborales, venezolana y gallega.
