Como un retornelo interminable, estas palabras forman parte de la situación contradictoria que vive Venezuela. Aparecen a cada instante en redes sociales y medios de comunicación, aunque su combinación no sea fácil de explicar y se haya convertido, más bien, en uno de los trenes más rápidos para llegar al centro del dolor: expectativas frustradas, violencia social y agudización de la pobreza.
A todo nivel se expresa el desorden y el pillaje: una forma de caos se instaló en el país. Involucra autoridades y a variadas entidades del área productiva y del comercio. Venezuela vive en una dimensión desconocida, donde la delincuencia tiene manos libres, especialmente en el terreno económico. Hay malestar en muchos lugares del territorio nacional y en todos los sectores sociales asalariados. La mayoría de las personas que trabajan por su cuenta, principalmente, profesionales, carecen de posibilidades para adquirir alimentos y servicios.
A estas causas del descontento se suman razones emocionales, como el temor a la lluvia, porque las consecuencias del aguacero son tremendas. O la angustia porque se vaya la luz, y con esa falla, se caiga el internet o se dañen las lavadoras o neveras. Está la rabia porque un alto cargo gubernamental en Carabobo, del PSUV, hizo circular un vídeo juego con héroes intergalácticos que personifican a Chávez y al Presidente de la República. Esto último causó indignación hasta en medios familiares de Chávez, como fuera reflejado en varios medios.
Empezando diciembre de 2022, un paquete de harina pan y un trozo de queso que no llega al kilo, cuestan en Venezuela 20 dólares. El aumento salarial, instructivo Onapre incluido, no cubre la comida para una familia de 3 integrantes. Un mes entero de sueldo o salario mínimo, no alcanza para disfrutar con las amistades de una tarde en un parque público de cualquier ciudad, tomando un refresco. La economía de los bodegones citadinos, es un espacio al que sólo pueden acceder elitescos personajes y algunos delincuentes. No es para el pueblo. Ya se pagaron los aguinaldos, incluso anticipados en el sector público, y ahora, al momento de escribir estas líneas, el gobierno no frena la devaluación: el dólar ronda los 11 bolívares. Con el dinero percibido por concepto de aguinaldo, es imposible hacer las hallacas.
Mientras se reanudan las conversaciones en México, el pueblo percibe su desarrollo como si se tratase de capítulos nuevos de una vieja serie. Son los mismos actores y actrices, con alguien de relleno, para incorporar alguna refrescante trama. Así, por ejemplo, está participando en esta temporada y como defensora de derechos humanos, una modelo italiana, relacionada con el empresario colombiano detenido por EEUU en África. Sin duda, cada puesta en escena de este intercambio entre el gobierno y un sector de la oposición, se corresponde a un interés, a un público, a una coyuntura especifica. Vale decir, liberar dinero de las reservas retenidas, canjear rehenes políticos, operar empresas en otras latitudes, establecer vías para resolver el tema diplomático con EEUU, reeditar la posesión y uso de la industria petrolera por parte del imperio... En estos encuentros se omite cualquier observación o comentario al hambre y la pobreza que provoca la industria armamentista, alimentada por el mene venezolano. Tampoco se aborda el tráfico de drogas, de personas y de órganos humanos. Son negocios aparte.
Las conversaciones que no fluyen son las que necesitan los trabajadores y trabajadoras del país. El diálogo social con las organizaciones sindicales es prácticamente inexistente. En este sentido, cabe destacar que se realiza algún encuentro en Ginebra, a propósito de la conferencia anual de la OIT, pero se mantiene a un conjunto de dirigentes sindicales presos, las convenciones colectivas no se discuten y los salarios son fijados por el máximo representante gubernamental, sin considerar la realidad laboral.
En Venezuela no se garantiza el espacio para que los sindicatos ejerzan incidencia en la gestión económica y mucho menos, en la fijación de precios y combate al desempleo estructural. Tampoco es posible la participación del sindicalismo en la formulación de políticas públicas, ni se le aceptan propuestas para que esas directrices se diseñen con enfoque de derechos humanos. La exclusión es la norma que guía al gobierno en materia sindical. Maduro sólo admite hablar con su central sindical, un organismo a su medida, donde toda la gente le aplaude.
