Este jueves, el juez federal de los Estados Unidos, James Boasberg señaló que la administración del presidente Donald Trump, actuó con “mala fe” al deportar a más de 238 migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, horas antes de que su orden para bloquear las expulsiones se hiciera pública.
Durante una tensa audiencia en el Tribunal de Distrito de Washington, Boasberg cuestionó la legalidad de las acciones del gobierno de Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había preparado las deportaciones sumarias antes de que se anunciara la proclamación ejecutiva que las autorizaba.
“Si realmente creían que todo era legal, no habrían operado así”, afirmó el juez, al referirse a la firma secreta de la orden por parte de Trump el 14 de marzo y su publicación tardía el 15 de marzo, cuando los vuelos ya estaban en curso.
La audiencia buscó determinar si la administración Trump violó la orden de Boasberg del 15 de marzo, que suspendía por dos semanas las deportaciones de presuntos miembros de la extinta pandilla Tren de Aragua. Pese a la medida, dos aviones con deportados llegaron a El Salvador, donde los venezolanos permanecen detenidos en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT).
El Departamento de Justicia (DOJ), representado por el abogado Drew Ensign, insistió en que no hubo desacato, argumentó que los vuelos habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que el juez emitiera su fallo. Sin embargo, Boasberg obtuvo una admisión clave del DOJ: la orden judicial no impedía deportar a los acusados mediante procesos regulares ni liberaba a pandilleros, contradiciendo argumentos previos de la administración Trump.
Organizaciones de derechos humanos y abogados de los deportados denuncian que muchos fueron señalados como pandilleros por el simple hecho de tener tatuajes familiares o camisetas de fútbol, sin oportunidad de defenderse y, en la mayoría de los casos, sin registro de antecedentes penales.
La administración Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, empleada en la Segunda Guerra Mundial contra japoneses y alemanes, que permite expulsiones sin audiencia. Por el momento, Boasberg extendió la suspensión de deportaciones por dos semanas más y evalúa una medida permanente.