PELIGRA IMATACA

Los yacimientos de oro más grandes de América Latina se encuentran en un territorio selvático al este de Venezuela, conocido como la Reserva Forestal de Imataca.

En un nuevo intento por explotar esta riqueza, además de diamantes, maderas y otros recursos naturales, el gobierno nacional ha propuesto un nuevo Plan de Ordenamiento.

El país se encuentra así, una vez más, ante el aparente dilema entre conservación y desarrollo


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La Reserva Forestal de Imataca fue establecida por decreto presidencial en Enero de 1963. Se extiende por 3,8 millones de hectáreas, una superficie mayor que la de Holanda y casi del tamaño de Suiza. Se encuentra cubierta en aproximadamente un 80% por imponentes selvas tropicales, ricas en diversidad genética como pocos lugares en el mundo. Es un territorio rico además en oro, diamantes, hierro, bauxita, manganeso, cobre, agua y energía. Es una de las principales herencias naturales de generaciones futuras de venezolanos.

En Venezuela, una Reserva Forestal es un territorio boscoso, de carácter público, delimitado para la explotación sostenible y permanente de madera con fines industriales. La explotación se realiza normalmente a través de concesiones forestales otorgadas por el estado por períodos de 40 años, de acuerdo con principios de manejo cuya intención es garantizar la sostenibilidad de la actividad industrial y la conservación del recurso explotado.

En principio, las reservas forestales deben regirse por un Plan de Ordenamiento, cuyo diseño e implementación corresponde al ejecutivo nacional. Sin embargo, para la Reserva Forestal de Imataca nunca ha existido un Plan de Ordenamiento, a pesar de sus 40 años de existencia y del otorgamiento de concesiones forestales y mineras en ese territorio. Allí ha reinado la improvisación y la impunidad, y se ha facilitado la corrupción a través de la discrecionalidad con que funcionarios públicos han tomado decisiones sobre la explotación de los recursos naturales de este territorio.

Doce concesiones madereras se repartían originalmente cerca del 50% de la reserva, otorgadas en su mayor parte en los años 80. En la actualidad sólo se encuentran operativas 4, para un total de 760.000 hectáreas, el 20% de la reserva. Las concesiones se rigen por planes de manejo con períodos de rotación de 40 años y directrices que, de ser respetadas, podrían garantizar la sustentabilidad de la actividad industrial.


Sin embargo, el deficiente control de las empresas madereras y la corrupción que ha caracterizado al Servicio Forestal Venezolano durante décadas, ha facilitado una actitud depredadora que ha causado serios daños en la mayor parte de las áreas explotadas, aunque la producción oficialmente reportada no exceda, en promedio, los 10 metros cúbicos reales de madera industrial por hectárea.

El llamado "metro cúbico oficial" es una medida ficticia, existente sólo en Venezuela, creada para reducir artificialmente el volumen de madera extraído de los bosques naturales en cerca de 35%, minimiza el pago de impuestos, y transfiere a la nación los desperdicios y deficiencias de la industria maderera. Las deformaciones que introduce este instrumento de corrupción son de tal magnitud que con frecuencia la cantidad de madera en rolas que se procesa en los aserraderos, medida en "metros cúbicos oficiales", es inferior a la cantidad de madera aserrada que se produce. En otros casos, los factores de conversión de madera en trozas a madera aserrada frecuentemente superan el 80%, dando la errada impresión de altos niveles de eficiencia por parte de las empresas madereras del país.


Desafortunadamente, en Imataca se ha venido repitiendo el patrón de explotación forestal que ha devastado la mayor parte de las reservas forestales entregadas en concesión en el resto del país. Los bosques se explotan como si fuesen minas, destruyendo progresivamente las especies más valiosas, degradando los ecosistemas naturales y erosionando la sustentabilidad de la actividad industrial. De continuar las políticas y prácticas vigentes, la actividad maderera tiende a garantizar la destrucción de entre una quinta parte y un tercio de los recursos forestales de Imataca en los próximos 20 años.


La explotación de oro en Venezuela

El oro ha sido explotado de manera artesanal en el oriente de Venezuela desde mediados del siglo 19. En la actualidad, la producción oficial de oro corresponde a una porción variable de los valores reales, debido a limitaciones en los sistemas de administración y control, al contrabando, la explotación ilegal y la corrupción asociada a la actividad minera en el país.

Entre 1960 y 1970, la producción oficial de oro osciló sobre un promedio de 700 kilogramos anuales, en su mayor parte debido a la actividad de pequeños productores artesanales. Para 1985 había aumentado a 2.700 kilogramos anuales, y para 1995 a cerca de 7.300 kilogramos anuales.


En 1997 la producción de oro registra un pico histórico de 22.000 kilogramos. El aumento en producción coincide con una caída de 30% en el precio del oro, pasando de 405 dólares la onza en Febrero de 1996 a 288 dólares la onza en Diciembre de 1997. Desde entonces el precio continuó en descenso hasta llegar a 255 dólares la onza en Julio de 1999.

La avaricia por el oro de Imataca ya ha generado serios enfrentamientos políticos, financieros y sociales. Los pequeños mineros, en su mayor parte de carácter artesanal o utilizando succionadoras y bombas de alta presión, reclaman haber sido desplazados por las grandes empresas multinacionales, condenándolos a la miseria.

Varias transnacionales del oro han protagonizado enfrentamientos por el control del oro de la región. Uno de los casos más emblemáticos es la disputa entre Vannessa Ventures y Crystallex International por la explotación de uno de los principales yacimiento de oro de Imataca: la mina Las Cristinas, cuyos yacimientos se estiman en 11 millones de onzas de oro, con un valor a precios actuales de aproximadamente 4.000 millones de dólares.

Los conflictos se extienden por toda la región. La pobreza y desesperación de sus habitantes se ha combinado con la improvisación y la corrupción de los entes públicos, mas la avaricia e irresponsabilidad de empresas transnacionales, para convertir a la minería de oro en Imataca en una sería amenaza a la estabilidad de los recursos naturales de este territorio y a la seguridad de las comunidades indígenas, y por ende al establecimiento de sistemas efectivamente sostenibles de desarrollo en esta convulsionada región del país.

La supervisión y control de las actividades de las transnacionales del oro en territorios selváticos es alarmantemente deficiente, mientras que los estándares que utilizan en sus operaciones en el país son mucho mas “flexibles” que los que aplican en sus países de origen.

Según las estadísticas del Ministerio de Producción y Comercio, en el 2001 la minería, en su conjunto, representó menos del 1% del producto interno bruto del país.

Refugio de inversionistas


Entre 1997 y el 2000 el precio del oro se precipitó a sus niveles más bajos en 20 años. Sin embargo, desde finales del 2000 ha venido ascendiendo principalmente como consecuencia del derrumbe de los mercados mundiales de valores y los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono.

El oro ha surgido como un importante refugio de inversionistas ante las convulsiones económicas internacionales. Para Diciembre del 2001 ya había ascendido a 276 dólares la onza. Para diciembre del 2002 había aumentado un 25% adicional, para cerrar el año en aproximadamente US$ 346 la onza. Durante el 2003 aumento un 20% adicional, cerrando el año en 417 dólares la onza, el precio más alto en 13 años. Mientras que las acciones en las principales bolsas de valores se desplomaron estruendosamente. El índice Dow Jones perdió el 20% de su valor sólo en el año 2002, y el índice Nasdaq perdió más del 40% de su valor en el mismo período.

El oro se convierte en una opción para la diversificación de inversiones en épocas de inestabilidad bursátil. Esta tendencia se acentúa por la pronunciada reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, el creciente debilitamiento de la economía norteamericana, el acentuamiento del terrorismo y las perspectivas de conflictos bélicos internacionales.


El significativo aumento en el precio del oro en los últimos 3 años ha acentuado las presiones, tanto nacionales como internacionales, por la explotación de los ricos yacimientos auríferos de Imataca.


El Decreto Presidencial 1850


La intención del gobierno nacional por impulsar la explotación de los yacimientos de oro de Imataca se formalizó a través del Decreto Presidencial 1850 del 14 de Mayo de 1997, bajo la presidencia de Rafael Caldera.

Esta decisión se encuentra vinculada a un convenio suscrito ese mismo año entre Venezuela y Brasil para construir un tendido eléctrico, con el propósito de suministrar energía desde Venezuela a la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima al norte de Brasil.

El proyecto del tendido eléctrico incluía una sub-estación en Las Claritas, en la porción sur de la Reserva Forestal de Imataca, con el fin de suministrar la energía eléctrica necesaria para la explotación de los yacimientos auríferos en ese territorio.

Así, a través de un conjunto de medidas sin precedente y aparentemente desvinculadas, la Reserva Forestal de Imataca fue repartidas entre concesionarios madereros y mineros, usurpando territorios indígenas, violando el ordenamiento jurídico nacional, y contraviniendo acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y de protección ambiental.

El Decreto Presidencial 1850 generó inmediata resistencia en diversos círculos políticos, académicos, científicos y ambientalistas, así como entre organizaciones civiles y comunidades indígenas. Asignaba 1.4 millones de hectáreas, el 37% de la reserva, para la explotación minera en áreas parcialmente superpuestas a concesiones forestales.

Territorios indígenas

Imataca se encuentra habitada por docenas de comunidades indígenas de las etnias Warao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón, aparte de varios asentamientos de criollos. El Decreto Presidencial 1850 sorprendentemente no contemplaba ni reconocía los territorios indígenas. El tratamiento de los derechos de las comunidades indígenas fue vergonzosamente deficiente, limitándose a su importancia como “atractivo turístico” y como mano de obra para los "desarrollos" propuestos.

El Decreto Presidencial 1850 reparte más de tres millones de hectáreas para actividades comerciales, incluyendo derechos para el establecimiento de infraestructura para la explotación, procesamiento y comercialización de recursos naturales. Pero a los indígenas no sólo se les ignoran sus derechos territoriales. Se les impide, explícitamente, la expansión de sus actividades de subsistencia.

De esta manera, las comunidades indígenas quedaban condenadas como prisioneros en su propio territorio. Sólo podrían mejorar sus condiciones de vida si se incorporaban como mano de obra a los procesos de "desarrollo", destinados primordialmente a la explotación forestal y minera.

La Federación de Indígenas del Estado Bolívar emite un comunicado el 9 de Junio de 1997, en donde establece:

"La reciente aprobación en Consejo de Ministros del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca reafirma una vez más la política discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte del Estado Venezolano. Decreto que cambia totalmente la figura de la reserva forestal de Imataca, dándole apertura a la explotación minera, turística, industrial, forestal y poblamiento, sin consulta e información alguna a los principales afectados, que son los pueblos indígenas Warao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón".


Codicia y corrupción

El Decreto Presidencial 1850 vino acompañado de una avalancha de solicitudes para el otorgamiento de concesión para la explotación de oro en Imataca. Una investigación de la Comisión de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) desenmascaró una impresionante maraña de intereses y corruptelas asociadas a entes gubernamentales y empresas transnacionales del oro.

La avalancha de solicitudes por concesiones mineras en Imataca coincidió con un proceso asombrosamente eficiente y ágil para su aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente. Docenas de concesiones fueron otorgadas en pocos meses, comprometiendo a la Nación ante instancias internacionales, mientras otros denunciaban infructuosamente la ilegitimidad e inconstitucionalidad del otorgamiento de concesiones para la explotación de oro en ese territorio.

Inconstitucionalidad e ilegalidad

La investigación de la Comisión de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados concluyó en la introducción de una solicitud de nulidad contra el Decreto Presidencial 1850 ante la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), basada en un pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso en donde se cuestiona la legalidad y constitucionalidad de dicho decreto.

Casi simultáneamente fueron introducidas otras dos solicitudes de nulidad del Decreto Presidencial 1850 ante la Corte Suprema de Justicia, una por el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela y grupos ambientalistas, y otra por las comunidades indígenas de la región.

El 2 de Agosto de 1997 la Corte Suprema de Justicia finalmente admite el recurso de nulidad del Decreto Presidencial 1.850, aunque la sentencia definitiva quedó en suspenso desde entonces. Entre tanto, continuaron las actividades destinadas a asegurar la explotación definitiva de las riquezas mineras de este territorio.

Manipulación de intereses

El nuevo gobierno nacional, dirigido por Hugo Chávez, se compromete públicamente en 1999 a modificar el Decreto 1850 a través de un debate nacional, abierto y participativo, de acuerdo con preceptos constitucionales y disposiciones explícitas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, el caso permanece en aparente estado de letargo durante mas de 5 años, mientras se concretaban medidas y se manipulaban intereses a espaldas de la sociedad venezolana, con el propósito de explotar los yacimientos de oro, diamantes, cobre, maderas y otras riquezas naturales de la Reserva Forestal de Imataca para el beneficio de una minoría, independientemente de los costos ambientales y sociales en que se incurra.

Suministro de electricidad

La explotación de oro en Imataca depende de la disponibilidad de grandes cantidades de electricidad. En los contratos de concesión con las principales empresas transnacionales y sus subsidiarias en el país, se establece el compromiso del Estado Venezolano de suministrar energía eléctrica a través de una estación localizada en Las Claritas, en la esquina sur de la Reserva Forestal de Imataca.

Cuando el escándalo por el Decreto Presidencial 1850 irrumpió ante la opinión pública en 1997, la construcción del tendido eléctrico que suministraría energía para el funcionamiento de las empresas mineras se encontraba en sus etapas iniciales. Hoy es una realidad.

En Agosto del 2001, los presidentes Chávez de Venezuela y Cardozo de Brasil inauguraron una línea de transmisión de 400 kilovoltios (kV) desde la central hidroeléctrica de Macagua, cerca de Ciudad Guayana, hasta una estación localizada en Las Claritas. A partir de allí continúa una línea de 230 kV que cruza la Gran Sabana con destino a Santa Elena de Uairén y Boa Vista, en Brasil.

El tendido eléctrico Venezuela-Brasil se construyó a un costo de 400 millones de dólares. Venezuela se compromete a suministrarle a Brasil suficiente electricidad para atender una demanda máxima de 200 MW. En la actualidad el flujo de electricidad a Brasil es inferior al 1% del consumo venezolano.

Una línea paralela de 115 kV parte de la central hidroeléctrica de Macagua y culmina en El Callao. Allí se descubrió recientemente un nuevo depósito de oro compacto de 3 millones de onzas, uno de los más ricos del mundo, con un valor de más de mil millones de dólares a precios actuales.


El Nuevo Plan de Ordenamiento para Imataca


En Junio del 2003 el Ministerio del Ambiente propone un nuevo Plan de Ordenamiento para la Reserva Forestal de Imataca, sujeto a aprobación en consejo de ministros. Dicha propuesta es el resultado del trabajo realizado por un equipo integrado por funcionarios del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana.


Llama la atención que se excluyera la participación de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, la única universidad venezolana con más de 50 años de actividad académica y científica específicamente en el sector forestal y de reconocido prestigio internacional. Quedó igualmente excluida la Universidad Experimental de Guayana (UNEG) en donde también se desarrollan actividades académicas y científicas sobre bosques e industrias forestales.

Actividad Minera


La nueva propuesta del gobierno nacional para facilitar la explotación minera en Imataca indudablemente representa un avance en relación con el Decreto Presidencial 1850. Entre otros aspectos:
Reconoce derechos indígenas sobre parte del territorio, a través de la delimitación de áreas para el manejo forestal, agroforestal y mineral por comunidades indígenas de la zona.
Aumenta las áreas destinadas a la protección.
Reduce la superficie destinada a la actividad minera a menos de un tercio de lo previsto en el Decreto 1850.
Dos tercios de la superficie dedicada a la minería corresponde a la zona de manejo con comunidades indígenas.
Fundamenta la zonificación en los sistemas ecológicos del territorio.

No menos cierto es que el nuevo plan de ordenamiento tiende a facilitar la operación de aquellos compromisos mineros ya suscritos por el estado venezolano sobre aproximadamente medio millón de hectáreas de la Reserva Forestal de Imataca. Los beneficiarios de estos compromisos ya cuentan con las respectivas autorizaciones para la Ocupación del Territorio y para la Afectación de Recursos Naturales Renovables, otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente.

Entre las disposiciones finales de la nueva propuesta de ordenamiento se establece explícitamente: "Los compromisos mineros adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de este Decreto, localizados en las Zonas de Ordenamiento en donde se permite el Uso Minero, se continuarán realizando de conformidad con lo previsto en el presente Decreto, la Ley de Minas y la normativa ambiental vigente"


La actividad minera es, por definición, insostenible. Es igualmente incompatible con los propósitos y objetivos de las reservas forestales y otras áreas protegidas bajo régimen de administración especial. Viene normalmente acompañada por el deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con mercurio y cianuro, y la erosión de los suelos. Viene también acompañada de nuevos asentamientos humanos, los cuales a su vez generan mayor presión sobre los recursos naturales y sobre la infraestructura de servicios de las zonas afectadas.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, como es el caso venezolano, y cuando dicha actividad genera sólo beneficios económicos marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.


En el caso de las empresas mineras con contratos en Imataca, la regalía oscila entre 3% y 5%, dependiendo del precio del oro, mientras que en el sector petrolero se eleva al 30%.

Sin embargo, si aún bajo tales circunstancias se considera prudente la actividad minera en las áreas afectadas por compromisos contractuales vigentes, sería preferible desafectar dichas áreas, desincorporándolas de la reserva forestal. Según la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la desafectación de partes de una reserva forestal requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional.


Es igualmente conveniente revisar los términos de los contratos con el fin de minimizar los daños ambientales, garantizar una distribución más equitativa de los beneficios, y asegurar que la actividad de las empresas mineras contribuya efectivamente al desarrollo de las zonas afectadas.


Actividad Forestal


El nuevo plan de ordenamiento permite al menos triplicar la superficie actualmente bajo explotación por parte de la industria maderera, lo que pondría en peligro la mayor parte de los bosques naturales de la reserva. Cerca de tres cuartas partes de la superficie total de la reserva puede ser sujeta a la explotación forestal, incluyendo las 451.000 hectáreas abiertas a la minería, ya que estas áreas se clasifican como zonas para el manejo combinado forestal y minero.

Sin embargo, el nuevo plan de ordenamiento para Imataca omite la introducción de las salvaguardas necesarias para garantizar que la actividad de la industria maderera se rija por lineamientos que conduzcan a un manejo efectivamente sostenible de los bosques explotados para la producción de madera comercial.


En Imataca, al igual que en otras reservas forestales del país, los bosques se explotan como si fuesen minas, destruyendo progresivamente las especies más valiosas, degradando los ecosistemas naturales y erosionando la sustentabilidad de la actividad industrial.

Las regalías en el sector forestal son insignificantes. Para las maderas mas valiosas explotadas en concesiones forestales, como Mureillo, Saqui-Saqui, Cedro, Apamate y Caoba, la regalía equivale a aproximadamente el 1% del valor de la madera bruta (m3 reales en trozas) en el mercado nacional (Gaceta Oficial 36758 del 05.08.1999). Para otras maderas es menos de la mitad.


Aún si se consideran las disposiciones fiscales señaladas en los artículos 102, 103, 105 y 105 de la Ley Forestal de Suelos y Agua, el artículo 26 de la Ley de Timbre Fiscal y las resoluciones del SENIAT, el conjunto de impuestos y regalías es inferior al 5% del valor de la madera bruta en el mercado. Venezuela es así uno de los países con los más bajos impuestos para la explotación forestal en el mundo.

El nuevo plan de ordenamiento se fundamenta en una serie de premisas falsas que colocan en entredicho la confiabilidad de sus conclusiones. Por ejemplo, el Informe Final sobre el “Ordenamiento Reserva Forestal Imataca”, MARN-UCV, Diciembre 2002 establece:

"El actual aprovechamiento forestal implica grandes inversiones, pero el beneficio neto por hectárea es bajo, (US$ 8,3)…”


En realidad, la explotación industrial de bosques naturales en Venezuela es una actividad altamente rentable. Los costos operativos normalmente no exceden los US$ 50 por metro cúbico, y el conjunto de impuestos y regalías difícilmente supera los US$ 7 por m3 real. Mientras que los precios de mercado de la madera en trozas normalmente oscilan entre US$ 120 y US$ 200 por metro cúbico, generando una ganancia neta que normalmente varía entre 60 y 100 dólares por metro cúbico. En Guayana la producción promedio se encuentra entre 5 y 10 metros cúbicos reales por hectárea, por lo que los beneficios suelen oscilar entre 300 y 700 dólares por hectárea.


Por otra parte, Venezuela ha suscrito compromisos internacionales para el manejo sostenible de bosques naturales sometidos a la explotación maderera, tales como el Acuerdo Internacional de la Madera Tropical, el Acuerdo de Tarapoto y la Convención Sobre Diversidad Biológica. A través de los dos primeros, Venezuela ha asumido compromisos internacionales para asegurar que el manejo de bosques naturales sometidos a la explotación maderera se rija por principios y criterios de reconocimiento internacional.

Sin embargo, en la práctica estos compromisos han permanecido ignorados, mientras que en otros países tropicales se han convertido en los lineamientos básicos de la explotación forestal.

Según el artículo 5 de la nueva propuesta de ordenamiento para Imataca, uno de sus lineamientos es "Establecer los parámetros regulatorios para el aprovechamiento sustentable de los recur­sos naturales del área".


Los principios y criterios para el manejo forestal sostenible de la Organización Internacional de la Madera Tropical (OIMT), no sólo corresponden a compromisos internacionales suscritos por Venezuela, sino que permitirían la ordenación efectivamente sostenible de los bosques naturales de Imataca sometidos a la actividad maderera y facilitarían la cooperación internacional.

El cumplimiento de estos compromisos permitiría también que la madera producida pueda recibir certificados, o sellos verdes, de reconocimiento internacional, facilitando así la exportación y mejorando la posición competitiva de la industria nacional en los mercados internacionales.


El nuevo Plan de Ordenamiento de la Reserva Forestal de Imataca es una oportunidad única para introducir estos principios como rectores de la actividad maderera en la zona, así como principios equivalentes sobre la conservación de la diversidad biológica y la emisión de gases del efecto invernadero. De esta manera, el nuevo plan de ordenamiento podría convertirse en un precedente positivo a ser multiplicado en otras reservas forestales del país.


Créditos de carbono


El nuevo plan de ordenamiento omite las relaciones entre la conservación de los bosques de Imataca, el Protocolo de Kyoto y el calentamiento global. La actividad maderera tiende a destruir, o al menos degradar, las zonas afectadas. Entre sus consecuencias se encuentra la emisión de gas carbónico (CO2) y otros gases del efecto invernadero.

La deforestación de bosques tropicales representa en la actualidad cerca del 20% de las emisiones globales de gas carbónico (CO2). Mientras que las emisiones anuales de gas carbónico de Venezuela oscilan alrededor de las 240 millones de toneladas anuales (equivalente a 65 millones de toneladas de carbono por año). Aproximadamente la mitad corresponde a emisiones provenientes de la destrucción de los bosques naturales del país y la otra mitad al consumo de energía.


Aunque la deforestación evitada no forma parte de las medidas contempladas en el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto (2008-2012) para la generación de créditos de carbono, en la actualidad es posible negociar créditos de carbono con empresas privadas, organismos internacionales o gobiernos de países industrializados con miras a su reconocimiento en períodos posteriores al actualmente bajo negociación.


Salvo que se introduzcan cambios fundamentales tanto en la política como en la práctica de la actividad maderera, no hay motivos para pensar que la explotación industrial de los bosques de Imataca vaya a diferir significativamente de lo que ha ocurrido en las otras reservas forestales del país sometidas a la explotación maderera en los últimos 40 años. Esto implicaría la pérdida de al menos el 40% de la biomasa forestal de las zonas explotadas en los próximos 20 años, y la consecuente emisión de al menos 120 millones de toneladas de carbono en el mismo período (440 millones de toneladas de CO2, asumiendo que la explotación maderera en los próximos 20 años se limite al 50% de los bosques existentes en la actualidad en la reserva). Los correspondientes créditos de carbono ascenderían a US$ 2.400 millones a precios actuales.


Bajo tales escenarios, los beneficios económicos, ambientales y sociales de la conservación efectiva de los bosques de Imataca tienden a superar con creces los derivados de la explotación maderera.


Conclusiones

La aprobación del plan de ordenamiento recientemente propuesto por el gobierno nacional para la Reserva Forestal de Imataca tiende a convertirse en un peligroso precedente para el manejo y administración de otras reservas forestales y de otras Áreas Bajo Régimen Especial (ABRAE), como los parques nacionales. Implicaría la autorización de la actividad minera a pesar de su incompatibilidad con los objetivos de las reservas forestales, precedente que podría replicarse en otras áreas protegidas del país.


En su forma actual, el nuevo plan de ordenamiento coloca a Venezuela en el inminente peligro de sacrificar uno de los principales legados naturales de generaciones futuras, a cambio de paupérrimos beneficios económicos a corto plazo. Ante tal situación, es necesario hacer valer los preceptos constitucionales sobre la participación ciudadana, efectiva, activa y protagónica, en los asuntos de interés colectivo.


Una revisión objetiva de este proyecto podría ordenar el manejo de la reserva forestal de Imataca bajo lineamientos que contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento de su estabilidad ecológica, social y económica.

De lo contrario, Venezuela corre el inminente peligro de sacrificar uno de los principales legados naturales de generaciones futuras.






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Sent: Saturday, September 18, 2004 10:35 AM
Subject: Pero las fuentes centrales vienen a ser referencias de ¿denunciasd? afirmadas especialmente enEl Universal y El Nacional



Gracias, Profesor Celestino Flores, por participar en este debate sobre Bernard Mommer.

Usted dice:

"...Pero las fuentes centrales vienen a ser referencias de ¿denunciasd? afirmadas especialmente enEl Universal y El Nacional..."

A lo que contestamos que, la fuentes de El Universal y El Nacional se refieren a las inversiones de la Polar en Petróleo, texto anexo:

EL UNIVERSAL, Caracas, martes 03 de junio, 1997


Empresas ganadoras

Inelectra, Polar y ARCO



Este consorcio resultó el ganador del primer campo sometido a licitación, Kaki, que es uno de los mayores en área, ya que tiene una superficie de 305 kilómetros cuadrados, y el campo Maulpa.

Este consorcio está formado por Inelectra, S.A.,

Atlantic Richfield Company (ARCO) y Polar Uno, C.A.



Se trata de empresas venezolanas.

INELECTRA estuvo representada en el acto por Jorge Rojas e Iker ANZOLA.

POLAR UNO estuvo representada por Lorenzo Mendoza y Hernán ANZOLA.

(Para ampliar información consultar El Nacional, 2 de marzo de 2004, pag. B-1.)

**

Respetuosamente, debo decir que antes de dudar de las informaciones, aque que tuviere dudas debería probar que son falsas.

No se trata de hacer un tour hacia el estado Monagas, para ver en el terreno si Campo Kaki y campo Maulpa relamente existen. Para eso solo hace falta entrar en la página de la nueva PDVSA oara confirmar este dato: h ttp://ww w.pdv. com/lexico/camposp/ubicacion.htm

(quitar espacios intermedios)



También existen otras direcciones de internet, donde podemos confirmar estas informaciones:


INELECTRA, SACA
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
... SA participa en los convenios operativos de la primera y tercera ronda a través
del Campo Boscán (1.086 Km 2 ) y los pozos de Kaki y Maulpa (554 Km 2 ...
ww w.fitch venezuela. com/PDF/inepc01.pdf -

***

Sobre la conexión Giusti-Mommer, no proviene de los diarios citados.

La información aparece, sí, en un artículo de prensa, pero del diario El Mundo, escrito por William Echeverría el 21 de enero de 2003, en pleno paro. Aquí aparecen todas las conexiones, EXCEPTO la de Asdrúbal Baptista con la Polar y, por supuesto, la de las Inversiones de la Polar en Petróleo.

Les remito dicho artículo completo:

El Mundo Martes 21 de Enero de 2003



Este País

DECAMERON
La guerra del petróleo



Willam Echeverría



El paro petrolero es un paro ideológico y político terminal. ¿Qué significa esto? La negociación se percibe como inalcanzable.

Por eso las posiciones se han radicalizado.

Estamos en un punto de no retorno.

Quien gane esta guerra del crudo negro impondrá su visión del mundo, sus valores, y por qué no ... hasta se podría ensayar un modelo de sociedad distinto, eso sí, dependiendo de quién ejecute los movimientos para dar el jaque a la reina.

El guerrillero de toda la vida, Douglas Bravo, reivindicado como “padre” del “proceso”, aunque no se atreve a decir que Chávez haya traicionado la revolución, explica que Pdvsa es un doble poder.

Un poder paralelo. ¿Quién controla el petróleo? Directamente el Gobierno no tiene ese control. Según esta óptica, ningún gobierno revolucionario puede coexistir con una empresa como Pdvsa que pretende una transnacionalización.

Es evidente que se produce un choque entre el concepto de nación y empresa con intereses hacia afuera.

Dentro de la Agenda Alternativa Bolivariana, documento que señala los lineamientos del futuro gobierno de Chávez, se comienza a perfilar la idea de Pdvsa como un Estado dentro de un Estado. El cambio de óptica es drástico. La internacionalización de Pdvsa contra la internalización. La visión revolucionaria es ver hacia adentro y mirar hacia la Opep. Objetivo primario: volcar la atención a la Opep. Fin último: lograr el control de la corporación. El Estado absorbe las ganancias de Pdvsa para financiar la revolución, bajo un esquema disfrazado del gasto social.

Los primeros antecedentes de esta visión “revolucionaria” se remontan a los años 70. El partido Revolucionario de Venezuela (PRVRuptura) funda una Comisión Ideológica de Ruptura. Dicha comisión la integraban Angel J. Márquez, Argelia Melet, y todo el grupo que formaba parte de la revista Ruptura y, clandestinamente, en ese comité participaban Alí Rodríguez (actual presidente de Pdvsa conocido como el comandante Fausto), Julio Chirinos, Doris Francia, Douglas Bravo y otros. Se organizaban seminarios de petróleo. Al igual que lo hiciera Rómulo Betancourt, con su análisis recogido en el libro Venezuela, Política y Petróleo. Estos hombres derrotados militarmente continuaron su actividad política.

El nombre de Bernard Mommer siempre aparece desde esta época. Mommer es una persona experta en el manejo del tema petrolero. El Estado dentro del Estado como premisa básica para entender lo que sucede en Pdvsa, es la línea de investigación que estudia desde hace más de 20 años (La teoría de la renta). Cuando el hoy ex presidente de Pdvsa, Luis Guisti, era gerente de Planificación de Maraven, forma un equipo de profesionales de alta competencia. Ramón Espinasa era parte de ese equipo y contrata a Mommer como asesor. Después, Giusti es nombrado coordinador de planificación de Pdvsa. Trabaja con su equipo de siempre (el economista Leopoldo López, actual alcalde de Chacao, participa también).

Junto a Andrés Sosa Pietri, en tiempos de Caldera, proponen llevar la producción petrolera venezolana a 10 millones de barriles. Dentro de la industria este plan de crecimiento es calificado por algunos sectores como el Plan Disney.

La reacción no se hace esperar.

Frente a esta iniciativa liberal aparece otra para hacer resistencia.

Mommer también trabajó en el período de Caldera con el ministro de Coordiplan para entonces Asdrúbal Baptista, quien renuncia rápidamente al cargo.

Mommer es el primero que hace una observación bastante fuerte a la apertura petrolera. Este hombre trabaja con Alí Rodríguez en la comisión de Energía del Congreso de la IV República. Luego, tiene su oficina en el ministerio de Energía y Minas de la mano del comandante Fausto. Por rivalidades en el liderazgo entre Chávez y Rodríguez, Mommer sale del cargo. Viaja a Inglaterra. Cuando es designado como secretario de la Opep, Rodríguez lo vuelve a poner a su lado. Se espera su llegada a Venezuela en estos días para completar la reestructuración de Pdvsa.

Mommer, junto a Álvaro Silva Calderón (Opep), Alí Rodríguez y Bernardo Álvarez (embajador en EEUU) se dan la mano dentro de la estrategia de renacionalización petrolera. (FIN) .

***

De las conexiones entre Mommer y Baptista, aparte de que lo asesoró en Cordiplan, durante Caldera 2, existen varios libros publicados desde 1985 en adelante y hasta el 2002, por lo menos. Todos referentes al negocio petrolero.

***

Saludos.



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