Algunas instituciones del Estado, dada su importancia en la conservación de la pureza democrática y la moral ciudadana, están destinadas a ser gerenciadas por los más virtuosos funcionarios públicos. Sociedades imperfectas en su gerencia en general pero que, sin embargo, son cuidadosas en colocar en la vigilancia de la justicia y el orden a personalidades distinguidas por su ética y capacidad intelectual. Venezuela no ha sido afortunada en ese campo judicial; existen criterios de que en momentos particularmente aciagos para el país, como durante las dictaduras, la justicia estaba mejor conservada que durante la IV y V Repúblicas. El Tribunal Supremo de Justicia es un ejemplo, magistrados honorables mezclados con otros, que no lo son, aunque en minoría. Los hay reconocidos por sus fechorías o como comerciantes de la justicia, que aun cuando son del conocimiento público, permanecen en sus cargos.
Recientemente, una Comisión de Postulaciones nombrada por la Asamblea Nacional escogió a los miembros para la reforma parcial del TSJ. Fue creada por la Constituyente de 1999, distinta a la comisión que también creó la Constituyente, pero con todos sus integrantes, la de la Reestructuración del Poder Judicial que cumplió a cabalidad con su función, destituyó a más de 400 jueces, estableció y reglamentó la puesta en marcha de los concursos para jueces y liquidó a las tribus existentes, pero que fue desmantelada en mala hora por el TSJ, quien asumió para sí, arbitrariamente, la designación de jueces, atribución que la Constitución otorgaba a la Comisión de Reestructuración.
La Comisión de Postulaciones acaba de descartar para integrar el TSJ y posible presidente, al más connotado de sus candidatos, un funcionario ejemplar, valeroso, el primero que se enfrentó a los golpistas de abril de 2002 desenmascarando el golpe de Estado. Un hombre íntegro y capaz, vilipendiado por la oposición desorientadora, lo que demuestra su indiscutible dignidad.
El Presidente de la República debe enfrentarse a la corrupción del Poder Judicial. Es el momento en que a través de la Ley Habilitante se busque la vía para plantear el reordenamiento de ese poder. La situación judicial del país es sumamente grave.
Abogado
