El ejercicio de la política puede tener un carácter noble, motivado por la necesidad de expresar los mejores sentimientos del hombre y la creatividad reformadora del ser que forcejea en el alma humana por surgir; pero puede también constituir la canalización, el desagüe para la expresión de las peores pasiones, ambiciones y aberraciones del espíritu. Por sus dos cauces se deslizan torrentes distintos, uno sublime, por donde se plasman los procesos ideológicos, y otro impuro que, como en las cañerías o las quebradas de las ciudades, transportan los desechos y han de estar diferenciados en el ser político.
En la Venezuela actual nos encontramos ante dos mundos, uno moribundo, a causa de su agotamiento por sus contradicciones y fracasos, y otro que plantea reformas, renovación y un lenguaje más diáfano y sincero. Dos escenarios contradictorios donde a menudo puede aparecer la irracionalidad, como por ejemplo en el caso de la oposición política, que adolece de una plataforma ideológica por lo que, con frecuencia, sus planteamientos carecen de lógica, de sensatez o de sentimientos nacionalistas.
Actualmente la oposición defiende la libertad de tres delincuentes procesados y condenados -uno de ellos propuesto ¡nada menos! que para presidir la Asamblea Nacional- a través de las normas de la institución más sagrada de la democracia: el Parlamento, contempladas en la Constitución vigente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Orgánico Procesal Penal, pero la decisión definitiva de este proceso será decidida por la Asamblea Nacional y sobre todo por el Tribunal Supremo de Justicia, con sus poderes para interpretar las leyes, crear jurisprudencia y aclararlas de acuerdo con los intereses nacionales, la lógica y los principios jurídicos.
Esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia aclare que el legislador venezolano jamás planteó extender la inmunidad parlamentaria a la delincuencia común, para asesinos y ladrones. La jurisprudencia existente en la materia se refiere a presos políticos. Lo que se puede justificar en un país donde en su pasado fue constante la violación de los principios democráticos.
Abogado
