La primera República venezolana, lo fue de esclavistas, especuladores y propietarios solamente. Por eso se vino al suelo cual castillo de naipes.

I

Estamos en el año bicentenario de la instalación del primer congreso de la república, declaración de independencia y promulgación de la primera Constitución de Venezuela. El primer hito se cumple el 02 de marzo; el segundo, como sabemos en demasía, el 5 de julio y el tercero el 4 de diciembre de 1811. De manera pues que tenemos para el año que transcurre tres momentos estelares por celebrar y hasta regocijarnos.

Los hechos de abril y mayo de 1810 fueron estelares; cuando una gran conflictividad política en Europa, particularmente por la invasión napoleónica a España y la abdicación de los reyes de ese país, a favor de José Bonaparte, hermano del emperador francés y una honda crisis económica, determinada por el deterioro del intercambio comercial y la preeminencia de la práctica contrabandista, asuntos de mediana data que venían desarrollándose, coinciden y obligan a los mantuanos a optar por asumir el poder pero no en ejercicio de la soberanía venezolana, sino por una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Es pertinente y obligatorio advertir, que la dinámica de los acontecimientos y los factores de la crisis, hicieron que distintos componentes clasistas de la sociedad colonial venezolana, no sólo de Caracas, coincidiesen para tomar las acciones que conocemos. No obstante, por lo que sucedía en Europa y particularmente concernía a España, aquel gesto estaba en línea con quienes aspiraban mantener vivos los intereses de la dinastía borbónica.

Aquella acción no fue más que la respuesta de una clase, la de los mantuanos en particular, temerosa y sin la suficiente audacia para decidirse a romper con España y por internalizados vínculos que los ataban a la península. Afortunadamente, otros factores clasistas presentes en aquella nueva composición y correlación política, grupos más perspicaces, pudieron tomar posiciones que les permitieron seguir empujando, para hacer que se tomasen medidas adicionales como la prohibición temporal del comercio de esclavos en Venezuela, negocio que favorecía, aparte de los vendedores de aquella vil mercancía, también a quienes se valían de aquella mano de obra barata para aumentar sus riquezas; lo que equivale decir, la clase mantuana, hacendados venezolanos en su mayoría, descendientes directos de los conquistadores y colonizadores. Pero también estuvieron allí, mezclados en el conflicto, partidarios de la independencia, sobre todo aquellos “jacobinos” que desde la Junta Patriótica de Caracas, como un tal Simón Bolívar, agitaban sus consignas con firmeza.

No mencionamos la declaración de comercio libre como una medida estelar de aquella Junta Conservadora, llamada así porque su intención primigenia era mantener esperanzas de volver al redil español, en caso que cambiasen las cosas en Europa y los Borbones, por intermedio de Fernando VII, retornasen al poder en España, porque no tenían otra opción. O mejor dicho, fue una medida obligada. El comercio con España se había venido a menos, para decirlo de manera discreta y el contrabando con ingleses, holandeses, etc., era lo que animaba el comercio; tanto para la introducción de mercancías manufacturadas como para las exportaciones provinciales. No hacerlo hubiese significado para ellos incrementar la velocidad del deterioro, tomando en cuenta las dificultades que implicaba contrabandear o la de tener que perseguirlo, que obligó a pensar en una opción que fue apenas temerosa medida si la comparamos con las aspiraciones de héroes precedentes.

José Leonardo Chirinos, el negro libre que acaudillara aquel movimiento en la Sierra de Coro, en 1795, el mismo año que nacía en Cumanà Antonio José de Sucre, enarboló consignas a favor de la abolición de la esclavitud, la independencia y el comercio libre. Para ese año, si era una temeridad y desafío esta consigna, tanto como las otras. Pues las relaciones de intercambio comercial con España estaban en un nivel inmejorable. Y fue en verdad tanto, que a José Leonardo, no sólo combatieron hasta la muerte los españoles sino de manera muy solícita la clase mantuana. Lo de combatir no es una palabra en sentido figurado, sino que significa que salieron a buscar, armas en mano y disparando a diestra y siniestra, al líder popular y sus seguidores en las montañas al sur de la península de Paraguanà.

En 1797, entre Caracas y La Guaira, apenas con menos de dos años de distancia, se develó el complot que lideraron Manuel Gual y José María España. Este movimiento recogió las mismas consignas que agitó José Leonardo, pero por el origen clasista de su vanguardia, gente vinculada a capas del pueblo distinta a los esclavos, pero insertas entre comerciantes, pardos, etc., logró crear interés y ganar simpatía más allá del universo que impactó José Leonardo. Aquellos dos revolucionarios, como el líder de la sierra coriana, por haber atentado contra las bases del sistema, fueron castigados con la muerte, lo que apoyaron y aplaudieron los mantuanos, los mismos dueños de los esclavos, quienes aparecerán entre los hombres que liderarán los hechos de abril y mayo de 1810; trece o catorce años después.

La Junta nacida en Caracas el 19 de abril, tomó el comando de una nación que no existía, sino era un conjunto pequeño de provincias, que pese a formar parte de la Capitanía General de Venezuela desde 1777, para aquel momento y con posterioridad, vivieron desconociéndose y desarrollando sus actividades con independencia*. La existencia de la Capitanía desde apenas 33 años, no había podido, ni quiso nunca, integrar a las distintas provincias y formado a sus habitantes en la idea que pertenecían a un pequeño “país colonial” llamado Venezuela. Pero aparte de lo arduo que de por sí era la tarea, las autoridades españolas, por razones de estrategia, tampoco pusieron interés que los provincianos venezolanos se reconociesen como integrantes de una misma unidad política territorial. Persistentemente la autoridad española se opuso hasta que las provincias comerciasen entre sí.

Este fue un remanente histórico colonial, que sirve para entender, aparte de otras razones, porque los constituyentistas de 1811, en la preliminar de la Constitución que nos hizo nación y patria, establecieron categóricamente:

“En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere delegado a la autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las provincias que la componen, su soberanía e independencia: en uso de ellas, tendrán derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y Administración territorial, bajo las leyes que crean convenientes”.

Para ilustrar aquel sentimiento provincial derivado de cientos de años de historia, durante los cuales, las provincias venezolanas vivieron ignorándose en todos los sentidos, tomemos como referencias los siguientes hechos.

“La provincia de Cumanà”, se dijo antes de entrar a formar parte de la confederación nacida con la Constitución de 1811, “quiere, desde un principio, dejar claramente establecido que es una provincia dispuesta a participar en la Confederación, pero conservando en gran medida su independencia”.

“El grado de soberanía de los barceloneses se manifestó en el “Código del Pueblo Soberano de Barcelona Colombiana”. En él se establece, en enero de 1812, un mes después de promulgada la Constitución de Venezuela, que “La República de Barcelona es una e indivisible”.

Los cumaneses se definieron como provincia, al momento de acceder a formar parte de la Confederación, pero sentaron que conservaban su independencia. Los barceloneses fueron más allá y se denominaron, en el Estatuto ya nombrado, “República”.

Con posterioridad, cuando se desate la guerra por la independencia, aquel internalizado concepto provincial hará sus estragos lo que en cierto modo tendrá sus efectos en el estallido de la guerra federal, el caudillismo que fenecerá con Gómez y caracterizará a Venezuela, ya entrada en el siglo veinte.

Aquella definición federalista de la Constitución de 1811, en su sección Preliminar, que ya hemos citado, mencionada por el Libertador, en “El Manifiesto de Cartagena”, como una de las doce causas de la caída de la Primera República, tomándola como un error de los constituyentistas, resultó del enorme peso cultural, histórico y hasta material, imposible de descargar para aquellos hombres.

El sentimiento que se desprende de las declaraciones de cumaneses y barceloneses era el imperante en cada provincia y no es posible pensar que pudiera haber sido distinto. De modo que los constituyentistas se limitaron a recoger lo que imponía la realidad. Pensar de manera diferente, hubiese producido males mayores.

Es sensato pensar y opinar que aquel estado de descentralización produjo debilidades, incapacidad para la toma de decisiones, como lo consideró Bolívar, pero también que no había en 1811 posibilidades de eludirlo y evitar se estampase en la primera carta magna.

De todos modos, sin hacer señalamientos de responsabilidades, que en todo caso habría que atribuirle al régimen colonial hispano que nos mantuvo desunidos y negándonos unos a otros, o a la dialéctica de los acontecimientos, podemos asegurar que fue una de las debilidades con las que nos asomamos como patria a la historia y causará la pérdida de la primera república, la prolongación y dureza de nuestra guerra de independencia, agravados aquellos avatares por los intensos debates y desacuerdos entre los héroes de la patria.

En los primeros momentos de apremio, aquella inevitable organización deparó determinantes dificultades, como para poder unificar fuerzas y recursos de diferente naturaleza con fines defensivos, que pudieran provenir de las provincias hacia un mando central.

damas.eligio@gmail.com