La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento son dos piezas básicas y muy importantes en los procesos que se adelantan desde el alto gobierno. Estos dos instrumentos son muy en el fondo, la propuesta de descentralización que propone el proyecto bolivariano, cuyo supuestos básico (darle poder a las comunidades) toma mucha distancia de la propuesta que se formuló en la IV Republica a través de varias leyes.
Son novedosos los planteamientos sobre la atención prioritaria a los desequilibrios territoriales que dan paso o justifican la creación de los Distritos Motores de Desarrollo. Antes en época de la IV, los recursos de la Ley Económica de Asignaciones Especiales (LAEE) se distribuían bajo una consideración que establecían un clasificación de estados privilegiados y estados de segunda; la Ley del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento tiene una pauta que fija que la distribución de los recursos del Fondo Compensatorio Interterritorial (FCI). Novedosa también es la idea de la articulación de proyectos a todos los niveles con los respectivos planes. Es decir, la ley y más particularmente su Reglamento exige como condición que cada uno de los proyectos presentados por las organizaciones comunitarias como por las Alcaldías y gobernaciones esté alineado al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, al Plan Estadal de Desarrollo, al Plan Municipal de desarrollo y a plan comunitario. Esto es una novedad, que por supuesto en este año no se le dará cumplimiento porque sencillamente hay ausencia de planes en los municipios y en los estados.
El baremo que es un instrumento propuesto en el Reglamento y diseñado ya por la Secretaría del Consejo Federal, es también una herramienta para conducir la formulación de proyectos. El baremo y los criterios contenidos en él, eliminan las opciones de financiamientos de obras o proyectos que no tengan la orientación de atender variables y áreas valoradas en el instrumento por su impacto en lo social y la creación de una nueva referencia económica. El Baremo descarta por ejemplo, los proyectos de galleras que muchos alcaldes se propusieron ejecutar en sus gestiones. En Anzoátegui se conoció de un caso.
A pesar de ser dos importantes instrumentos, se siente que en este año, el Fondo de Compensación Interterritorial será un obstáculo para apurar las inversiones aún obviándose algunos requisitos que para este año no se le prestara atención.
¿Sobre qué argumentos hago esta afirmación sobre la que pretendo producir una reflexión?
Hay varias razones sobre las cuales intento responderme la pregunta y direccionar la reflexión. Debo decir, que la información que manejo es puramente referencial y es parte de discusiones que he tenido con compañeros de trabajo que me llevan a plantearme el asunto. En primer lugar, creo que la Oficina Técnica Regional (OTR) y la Unidad Receptora Estadal (URE) no tienen el personal suficiente para atender y revisar la cantidad de proyectos que se consignarán y sé que en ambas oficinas el personal es altamente calificado pero insuficiente para atender las demandas. Los Consejos Comunales vienen de una experiencia en la “formulación” de proyectos pero tengo la impresión (casi certeza), que estas formulaciones no tenían las condiciones o precisiones técnicas y metodológicas que exige el Consejo Federal de Gobierno a través del baremo.
Ignoro cómo durante el trimestre del año se han realizado los desembolsos y cuánto de los recursos del Fondo de Compensación se han entregado contra proyecto y están ya en proceso de ejecución. Para tener una idea de esta situación, sería importante comparar cuántos recursos para estas fechas ya estaban en ejecución con el procedimiento FIDES y LAEE y cuánto se han desembolsado efectivamente a través del Fondo del Consejo Federal.
Aunque ignoro estos detalles, creo que ha debido dársele un tiempo de maduración y fortalecimiento institucional al proceso de instalación de las OTR, URE y de formación más sistematizado a los consejos comunales con el objeto de darles las herramientas que requieren para realizar su trabajo. Este inconveniente se complica más, si consideramos que los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), carecen igualmente de un personal técnico para ayudar o apoyar este proceso de formulación de proyecto.
Para el proyecto bolivariano es muy importante en este año hacer todas las inversiones necesarias para atender problemas y los proyectos que se formulen, porque este año y los anteriores son de siembra y la recolección de la cosecha queda para el 2012.
