No hay duda de que la Revolución avanza, muestra de ello la Defensa Pública, al frente de la Dra. OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, mujer perseverante con temple de heroína Bolivariana, mostrado tales dotes ante todas las circunstancias que pudiera presentarse; el escenario viviente ésta vez fue la Asamblea Nacional, donde logró entregar la Memoria y Cuenta ante los diputados y diputadas, para así cumplir así con lo establecido en el Artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Defensora Pública Nacional explicó que es la primera vez que éste órgano acude al Parlamento para rendir cuentas, por lo que se marca una huella en la historia del país, no sólo por ésta particularidad sino por el progreso que se adquirió con tal Institución parida en Revolución, ya que se pudo atender a través de la Defensa Pública el 76% de la población penitenciaria; es decir, de las 43.520 personas en intramuros 31.652 son atendidos por la Defensa Pública; por lo tanto, ocho de cada 10 personas fueron y son asistidas por la defensoría, sometiéndose al mandatos de la ley para acudir a la población que ha sido privada de su libertad; lo interesante de todo, es que la defensoría con tan sólo nueve meses de su gestión ha beneficiando a 1.352.945 personas por razón de las 270.489 causas provenientes de todo el país, clasificándolas así: 141.783 (52%) corresponden a la materia de Protección de Niños Niñas y Adolescentes; 98.797 (36%) a Penal Ordinario; 14.659 (5%) en Responsabilidad Penal del Adolescente; 9.491 (4%) en Violencia contra la Mujer; 4954 (2%) en el materia Agraria y Pesquera; 805 (1%) en Integral. Por otro lado, para sensibilizar la institución ante el Proyecto Bolivariano, despertando el espíritu humanista y solidario, la defensoria ha adoptado desde el año 2010 jornadas integrales en las comunidades, obteniéndose con ello un impacto social en las diversas comunidades beneficiando más de millón y medio de personas; afiliando programas de atención integradoras con otras instituciones como la Asamblea Nacional, donde han realizado visitas a centros penitenciarios en busca de los diagnósticos carcelarios, aprovechando tal coyuntura para apoyar a los jóvenes en tales situación entregándoles equipos y clínicas deportivas; es que la defensoría viene progresando en la transformación necesaria que requieren estos centros, ya que exige una política de cambio debido a que ha sido olvidado y excluido por un sistema que nunca atendió estos espacios por medio del programa socioeducativo, el cual se basa en la parte integral cultural y de deporte demostrándole a la gente que sí se puede trabajar con estos jóvenes e incorporarlos a la sociedad. Un fruto importante es que gracias a la Revolución Bolivariana, desde marzo de 2010 la Defensoría Pública se convierte en un órgano autónomo, por lo tanto, la Defensoría asume independencia, quedando envuelta ha múltiples gestiones esperando lograr que la compleja estructura comprenda el proceso que se viene desarrollando, adaptando nuevos diseños filosóficos para la gestión, y así garantizar el derecho a la defensa para que siga evolucionando. Se debe conocer un poco de la historia para comprender los avances de la Revolución, la Constitución de Venezuela del año 1961, contemplaba en su Artículo 68 el derecho a la defensa, pero el mismo era violado bajo el argumento del llamado secreto sumarial, a pesar que nuestro país, siendo signatario del Pacto de San José de Costa Rica, reconoció este derecho en la legislación nacional; sin embargo, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, se inició una nueva etapa en la institucionalidad jurídico-política, al constituirse Venezuela en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, siendo uno de estos derechos fundamentales el de la Defensa, tal como lo establece el Artículo 49 ordinal 1 de la CRBV; en ese instante, el Constituyente previó a la Defensa Pública como un órgano constitucional, incorporando el mandato al Poder Legislativo, de establecer mediante Ley Orgánica su autonomía, organización y funcionamiento; y su incorporación como órgano Público integrante del Sistema de Justicia venezolano. En las Disposiciones Transitorias de la Constitución de 1999, en junio del año 2000 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial creó el Sistema Autónomo de la Defensa Pública, como una dependencia adscrita a la Comisión Judicial, pero ya para Enero del año 2007, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de la Defensa Pública, la cual entraría en vigencia 6 meses después de su publicación en Gaceta Oficial; finalmente, en septiembre del año 2008, la Asamblea Nacional reforma la LODP, que es el instrumento normativo institucional vigente a la presente fecha, en virtud del cual fue designada la primera Defensora Pública General de Venezuela, como autoridad con autonomía e independencia para llevar adelante el compromiso de transformación, crecimiento y desarrollo de la Defensa Pública; y el 16 de marzo del 2010 es cuando se designa la primera Defensora Pública General de la República, la Dra. OMAIRA CAMACHO CARRIÓN. A un año de gestión, se ha atendido más de 500 casos en materia inquilinaria, brindando la Defensoría Pública asistencia y asesorías legales gratuitas, apoyándose con sus más de 874 defensores, 24 coordinaciones y 17 extensiones. Es por ello que para poder cubrir la demanda nacional se requiere elevar tres veces el número de funcionarios, por lo cual se debe otorgar plena autonomía presupuestaria ya que al separase administrativamente del Tribunal Supremo de Justicia su condición administrativa y operativa tomaría nuevos rumbos, donde sus proyectos se consolidarían con las adquisiciones de terrenos en los estados del interior para habilitar las sedes regionales, esto mejoraría en un mediano plazo los retardos procesales, siempre que se aumenten el número de funcionarios. Como ejemplo de la efectividad de la Defensoría para contribuir a aminorar el retardo procesal de los privados de libertad, la DP traslada a sus funcionarios a las prisiones cada vez que los tribunales se constituyen en el recinto. Queridos lectores analíticos, la Defensa Pública reitera su disposición para asistir a los venezolanos y venezolanas proveyéndoles de un abogado, en el caso de que no cuenten con fondos para pagar uno privado, ya que su propósito es dar asistencia jurídica gratuita a todos, sin importar su condición socioeconómica. Prestando apoyo para asistir, orientar y tutelar en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, responsabilidad penal del adolescente, penal ordinaria (adultos), agraria, indígena y violencia contra la mujer. Sin embargo, para darle cumplimiento a la Ley de Defensa Pública, se quiere extender la plantilla de defensores, lo que le permitirá atender casos laborales en lo civil, mercantil y tránsito; contencioso administrativo; ante los órganos y entes administrativos nacionales y estadales; ante los órganos y entes administrativos municipales; también, la atención integral, que consiste en asistir a cooperativas; es que el trabajo debe estar unido a las políticas del Gobierno Nacional, por ello es necesario que todos caminen en una sola línea, en el Plan Nacional Simón Bolívar; ya que las políticas públicas del Gobierno también han sido asumidas por la Defensa Pública de manera articulada. Una de las gestiones presupuestaria de la Defensoría, es la asignación plena de su presupuesto 2011, ya que ostenta con sólo el 35% del solicitado, situación que obstaculiza cubrir su funcionabilidad operativa hasta mediado del año, es por ello que también la Asamblea Nacional debe modificar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en su Artículo 51 a los efectos de incluir a la Defensora Pública General como ordenadora de pagos respecto al presupuesto de su institución y así concretar la autonomía presupuestaria; ésta situación debe ser abordada con prioridad y con carácter urgente, ya que se requiere ampliar el servicios a todas las materias del ámbito jurídico; la DP está exigida a beneficiar en su conjunto al Pueblo que requiere de servicios jurídicos para evitar ser víctimas de la explotación capitalista de los grandes bufetes; la ampliación de los servicios traerá un inmenso aporte e impacto social, jurídico y político; por lo tanto se requiere que se reconozca la independencia y autonomía de la Defensa Pública para ejercer sus atribuciones relacionadas con el manejo y ejecución de su propio presupuesto, tal como fue la intención del Órgano Legislador; requerimiento oficial que se hizo el año pasado ante la AN, para que le otorgase a la Defensa Pública completa autonomía, situación que permitirá solicitar créditos adicionales, para poder cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores de tal institución, además que permitiría aumentar la nómina de los abogados al servicio del pueblo, debido a la gran carga laboral que mantiene cada profesional entre 300 a 800 casos dependiendo de la instancia por cada Defensor o Defensora. Para el año fiscal 2011 la Defensa Pública solicitó al Ejecutivo Nacional la cantidad de 1.047 millones de bolívares, los cuales fueron aprobados 365 millones de bolívares, lo que se explica es que éste monto no es suficiente, ya que desde Enero la Defensoria asumió más de 700 empleados migrados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sumando la necesidad de adquirir nuevas sedes regionales para poder prestar un mejor servicio. La Defensa Pública se obligará, una vez transferida su presupuesto total solicitarle al Presidente de la República, HUGO CHÁVEZ, un crédito adicional para cubrir los compromisos en lo que resta de 2011. Otro de los logros de la Defensa Pública es llegar ser un órgano con autonomía funcional, administrativa y financiera (a pesar de la transferencia parcial de su presupuesto), única e indivisible, por lo que como órgano constitucional posee la misma jerarquía que el Ministerio Público; por lo tanto, en los actos protocolares debe incluirse en el mismo rango la Defensa Pública con otras instituciones autónomas del Poder Público Nacional. Como institución se ha dado la tarea de transformar la Defensoria como ente sensible y doliente cuando se trata de solidarizarse en momentos catastrófico con el Pueblo, muestra dada en la incorporación de programas de capacitación teórico y práctica, así como normas legales que rigen, respecto y ante las eventualidades por precipitaciones o emergencias naturales. Es importante señalar que la Defensa Pública propone fortalecer la articulación en el sistema de justicia para mejorar la situación penitenciaria, ya que es necesario que todos los actores del sistema de justicia se modulen, es ineludible que se debe retomar este tema para hacerle frente a tal situación que reclama la población intramuros de nuestro país; la DP tiene la mejor disposición para aportar lo que se ha evaluado a través de la gestión de los defensores y defensoras en los Centros de Reclusión. Toda ésta gestión sin duda alguna no pudo realizarla sóla la Defensora Pública General, Dra. OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, ya que junto a su equipo orgánico multidisciplinado prestan sus conocimientos para impulsar la gestión con un alto grado de Revolución Bolivariana, apoyándose en grandes mujeres que les brinda discrecionalidad en los análisis y decisiones gerenciales tomadas desde su Despacho, mujeres como la Dra. Gladys Gil, hábil, decisiva y perspicaz en sus ocupaciones gerenciales para dar buenos resultados; la Licda. Raquel Camacho, perseverante, cautelosa y leal a sus principios revolucionarios, compañera de actos de la Defensora Pública General; y la Dra. Yorsy López, reflexiva, analítica y estadística en el desarrollo organizacional y gerencial, posee una mixtura entre las cualidades más noble del Ser Humano: la Solidaridad y la Fidelidad. A 200 años de la declaración de la independencia la nueva gestión de la Defensa Pública hace de esta institución un instrumento más para la soberanía, la defensa de los derechos y libertades, en completo respeto al Estado de Derecho y de Justicia a la que ahora se puede acceder con mayor facilidad mediante la defensa completamente gratuita; hoy y por siempre el avance se viene materializando como Defensa Pública en Revolución para crear de esta institución con rango constitucional el BUFETE DEL PUEBLO, de todos y todas para recordar que defender el derechos de los particulares es deber de la Defensa Pública.



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