En Venezuela, entidades
como Mercal, Pdval, Abasto Bicentenario y Casa han sido componentes
de una red en desarrollo mediante la cual el Gobierno Nacional procura
la disponibilidad de una significativo stock de alimentos en condiciones
de menor precio en comparación a las ofertas del sector privado.
En tal sentido las medidas de subsidio y regulación de precios representan
una valiosa iniciativa destinada a materializar el acceso oportuno,
tangible y satisfactorio de los sectores sociales más precarios a una
alimentación adecuada.
Ahora bien, en el marco
de discrepancias ideopolíticas que abarcan todos los aspectos de la
vida nacional (con miras a las elecciones presidenciales de 2012), una
categórica crítica del oposicionismo neoliberal contra la gestión
alimentaria del Ejecutivo Nacional es que su desarrollo administrativo
y de infraestructura en el comercio y distribución de la comida se
ha efectuado en perjuicio de la libertad de empresa, habida cuenta de
una serie de intervenciones y expropiaciones de supermercados y redes
de comercialización pertenecientes a la empresa privada. Esto ha servido
de pretexto para nutrir la campaña mediática de desprestigio contra
el Gobierno Bolivariano, presentándolo como enemigo del empresariado
y de la institución de la "propiedad privada", concepto,
este último, que implicaría una inexcusable violación del derecho
contemplado en la Constitución vigente.
Respecto a la infundada
matriz de opinión de que el Gobierno Nacional despliega una acción
sistemática de menoscabo a la propiedad privada, es menester precisar
que un aspecto clave de los neoliberales es la generalización de los
bienes expropiables, tal argumento ideológico les permite invisibilizar
(ocultar) cualquier diferenciación o clasificación entre medios de
producción (empresas, almacenes, distribuidoras) y bienes de uso personal
o comunitario (mini abastos, consumibles). Se trata de un asunto específico
que reviste especial importancia e impacto ideopolítico, al ser una
tergisversación que genera angustia en la clase media y le hace creer
que el Gobierno Nacional se propone expropiarles sus bienes de uso directo
personal (automovil, vivienda, pequeños comercios, etc).
Ciertamente la consolidación
de esta matriz de opinión reportaría un doble perjuicio para el
actual proceso de cambio social, primero una total imcomprensión del
pueblo con relación a la legislación vigente en materia de propiedad,
interés social y utilidad pública en función de la seguridad alimentaria;
segundo, grave afectación a la popularidad y reputación del Gobierno
Bolivariano como ejecutor de una política de
"expropiación universal", es decir, de afectación a la propiedad
de todas las clases sociales y contra todo tipo de bienes, sean estos
industriales, empresariales, familiares o personales.
En paralelo a las matrices
mediáticas contra la política alimentaria del Ejecutivo Nacional,
vinculándolo al fantasma de la estatización, la cubanización y el
comunismo, otro ámbito que suscita controversia en materia de la seguridad
alimentaria es el modesto desarrollo de la productividad nacional,
lo cual pareciera generar la percepción colectiva de que se han invertido
mayores esfuerzos en consolidar una red pública de distribución de
alimentos, más no una gran industria estatal de alimentos. Asimismo
se especula sobre un insuficiente desarrollo de la productividad nacional
de alimentos asociado al alto porcentaje de importaciones que ordinariamente
el Gobierno Bolivariano realiza en este ámbito estratégico.
A su vez, informes
difundidos por la FAO (Food and Agriculture Organization)
revelan la agudización de una crisis mundial de alimentos y su
negativo impacto contra los países
no industrializados cuya seguridad alimentaria es dependiente de las
importaciones desde países avanzados en
la manufactura y procesamiento industrial de alimentos. Es así
que en nuestro país, el oposicionismo ha lanzado abundantes denuncias
de que existen ingentes importaciones que aparentemente constituyen
el problema esencial de la gestión alimentaria oficial; en tal escenario
afirman que el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y
el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras son entes
dedicados a la importación masiva, que en buena parte la presunta escasez
de rubros alimenticios se debe a este factor, habida cuenta de la severa
inestabilidad que padecen los mercados internacionales.
En efecto,
a juicio del oposicionismo, el recurrente aumento de precios es un hecho
atribuible fundamentalmente a la dependencia importadora y no al empresariado
privado nacional, quien según el parecer de los
neoliberales, ha sido víctima de la falta de apoyo e incentivo gubernamental
y sometido a expropiaciones que pudieran estar al margen de los procedimientos
legales; por esto, para derrotar las especulaciones del oposicionismo,
la política requerida para garantizar una óptima seguridad alimentaria
implica (según la experiencia de muchos países) el fortalecimiento
de una moderna industria nacional.
De modo que además de
hacer falta una inversión planificada de recursos múltiples para una
mayor capacidad de producción instalada en nuestro territorio con industrias
nuevas y repotenciadas, también esw vital impulsar una ardua actividad
política de concertación entre diferentes sectores sociales a los
fines de disminuir la conflictividad y procurar la reactivación de
un aparato de producción mixto con amplia participación y prioridad
en la prestación del servicio alimentario.
Finalmente es pertinente
subrayar como reflexión autocrítica en el panorama alimentario,
la necesidad de promover un esquema económico industrializado,
con la convicción del carácter auxiliar que poseen las unidades artesanales
de producción de alimentos, pues si bien estas últimas se mantienen
como importante instancia de la participación del pueblo en la estructucra
socioeconómica nacional de hoy, estas por si sólas no harán materializable
el modelo de altra productividad que pueda conducir a Venezuela hacia
la seguridad alimentaria, ni mucho menos la soberanía en este ámbito.
Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.