Corresponde al gobierno, por mandato expreso de la Carta Magna, organizar y dirigir la política educativa a nivel universitario. Es sin duda alguna, esa la intención puesta de manifiesto en el controvertido decreto 3.444, aparecido en Gaceta Oficial de la República N° 5.758, Extraordinario, de fecha 27 de enero de 2005. Un decreto, que en las quince paginas que ocupa en gaceta, no contradice el espíritu y razón del costutuyentista consagrado en el artículo 109 del Texto Constitucional, en el que se establece que “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio…”; sino que por el contrario ha profundizado en el mismo al asignarle rango constitucional. En todo caso, de lo que se trata, es de cumplir con el mandato constitucional -invocado para la formulación del decreto en cuestión-, establecido en los numerales 11 y 20 del artículo 236 de la Constitución, según los cuales corresponde al Presidente de la Republica, como atribuciones y obligaciones “Administrar la Hacienda Pública Nacional”, y “Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional…” respectivamente. Es decir, de lo que se trata, es simplemente de dotar de la necesaria y obvia estructura organizacional al Ministerio de Educación Superior, para cumplir los fines que el Estado asigna a la educación superior. Esto último, debe imponerse como voluntad general del Estado (Mayoría de la población que votó y apoya el proceso de transformación en marcha) por encima del interés de una minoría privilegiada, que tiene en la universidad su “enclave”. Es el clamor de la sociedad venezolana en general, pero también, y con mayor vehemencia de la mayoría de los miembros de las comunidades universitarias cuyas autoridades ni representan, ni son representativos de la academia.
Se trata entonces, del deber, pero también, de la obligación que tiene el gobierno nacional de rendir las cuentas de los recursos que se invierten en las universidades. Sin importar, que sus autoridades sean, o no afectas al gobierno. Todas y especialmente aquellas universidades en las que sus autoridades “dicen formar parte” de la Asociación Bolivariana de Rectores (ARBOL), deben ser exhaustivamente revisadas y auditadas, ya que poca o ninguna diferencia existe entre unas y otras. Pero es que además, se trata de un compromiso adquirido por el Presidente de la República con el pueblo de Venezuela, que lo votó y que cansado de la descomposición social y política por una parte, y la ilusión y esperanza de una sociedad fundada en la equidad y la justicia en la que el Estado provea la mayor suma de felicidad posible (Bolívar) por la otra, exige cumplir lo prometido.
Entonces, de lo que se trata es de combatir entre otras cosas, valga como ejemplo de los muchos privilegios existentes, el manejo discrecional de los procesos de admisión a las universidades que deja sin oportunidades, a las mayorías que no cuentan con el apoyo de los responsables de los procesos de admisión, y/o no son hijos y familiares de los profesores, empleados y obreros cuyos convenios contractuales le otorgan esos privilegios, y los hacen más iguales, que aquellos, que no tienen familia universitaria, contradictorio con el principio de igualdad constitucional. Pero además, es vieja la práctica de la venta de cupos en las diferentes universidades nacionales, en las que se han conformado redes de tráfico de cupos, con participación activa de dirigentes estudiantiles carentes de escrúpulos, en muchos de los casos convertidos en polítiqueros de oficio dentro de las universidades.
Muchos otros privilegios, a los que no están dispuestos a renunciar los universitarios que ven en la universidad un negocio, pudieran enunciarse como parte de las razones argüidas por quienes se oponen al decreto. Son dichos privilegios y distorsiones, el origen de la progresiva incapacidad productiva (Orlando Albornoz) de estas instituciones y la expresión más elocuentes del deterioro ético de la sociedad.
Es en tal sentido, que el Decreto 3.444 constituye un esfuerzo importante, por parte de gobierno nacional para avanzar en la implantación del concepto de la autonomía responsable en el país-incorporado en las declaraciones de principios aprobadas en las consultas regionales preparatorias de la Conferencia Mundial de Educación Superior en 1998-, ya que como bien señala el profesor Carlos Tunnermann, el ejercicio amplio de la autonomía, implica “…serias responsabilidades para la universidad. Dueña de su destino debe responder por lo que haga en el uso y disfrute de su libertad y en el cumplimiento de su misión…”(IESALC-UNESCO). Un concepto, que como más adelante expresa el mismo Tunnermann, “…se concibe como una autonomía responsable, que no excluye ni dificulta la rendición de cuentas a la sociedad (…) concepto que va más allá de la simple rendición contable de cuentas y se refiere a la rendición social de cuentas, es decir, al resultado global del quehacer institucional”. Se trata, de un concepto revisado y debatido desde el año 1999, cuando según Magaldy Tellez y Humberto González, ambos profesores de la UCV, “…empezaron a perfilarse las políticas propuestas para orientar las transformaciones de la educación superior en Venezuela”, luego de “un proceso permanente <
Lo que se pretende entonces con el Decreto 3.444, no es suprimir la autonomía universitaria, sino de retomar un concepto medular para las universidades, pues como lo sugieren los profesores Luís Bermúdez y Ovidio Charles (Universidad de Carabobo), “…la autonomía en manos de los políticos fue llevada a excesos, a una situación que merece ser sometida a examen en la actualidad. En lo fundamental, los juegos políticos y gremiales han creado una especie de síndrome de la anarquía y de la irresponsabilidad que, a pesar de los esfuerzos de la dirigencia más racional, han incorporado factores de ingobernabilidad institucional” para más adelante, poner en claro las verdaderas motivaciones de oponerse a las políticas publicas para transformar la educación superior, cuando afirman que “La autonomía, definida históricamente como adversa al Estado, hoy ante el Mercado que es el nuevo interventor, no sabe tomar distancia critica, sino que se genera unas actitudes de entrega total, si reservas o de rechazo emotivo sin dar buenas razones”.(ORUS).
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