Por necesidad política e intelectual, me tomé la molestia de darle lectura a las 165 páginas de lo que en la MUD han denominado, “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional”, publicado hoy 23 de enero de 2012, en el sitio web de Globovisión, aparato oficial comunicacional de la oposición en nuestro país. A mi juicio, era (es), preciso ir a la fuente antes que nos pretendan engañar vendiéndonos interpretaciones alejadas de la verdad verdadera; es decir, desmantelar el Estado Popular, Democrático, Revolucionario y Socialista, en todos sus órdenes y que hemos tenido, con sus aciertos y errores, en los últimos 10 años, para poner la República a la orden, en lo interno, de la burguesía y la oligarquía criolla y en el plano internacional, al servicio del gran capital trasnacional e iniciar un proceso de reconversión hacia el neoliberalismo desde el FMI, tal como lo están sufriendo todos los países que cayeron en la vorágine de la crisis financiera nacida en los Estados Unidos y que hoy arropa a todas aquellas naciones que no rompieron con las políticas económicas implementadas desde Wall Street.

No obstante que ellos en su discurso intentan, con la nariz tapada, hacer una apología y “reconocimiento” de la vigente Carta Magna (pues es preciso no aparecer como otrora golpistas), más sin embargo insisten es revisar lo que ellos denominan es, la ilegítima creación de instancias del Poder Popular que ponen en peligro sus pretensiones político feudales disfrazadas de descentralización y peor aún, atacar la creación de todas las Misiones según ellos, ilegales e inconstitucionales pretendiendo constreñir, además, la participación ciudadana sólo a lo establecido en el artículo 70 de la CRBV; o sea, que el pueblo no haga contraloría social ni indague (confinándolos al art. 184 de la CRBV), sobre cómo son invertidos los recursos por parte de las gobernaciones y alcaldías en una particular concepción de la descentralización (pequeñas repúblicas), que no desconcentración.

Para ellos, el Estado sólo es necesario y posible, a los fines de salvaguardar los intereses particulares del capital y no de la sociedad. Es decir, que se legisle no para el pueblo, sino para las élites.

En el ámbito de la Seguridad y Defensa, sostienen la necesidad de modificar la vigente legislación que rige el sector castrense y la Ley Orgánica que regula de Seguridad de la Nación; o sea, desmantelar la defensa nacional desde la concepción y perspectiva popular en los términos de la guerra no convencional y asimétrica, como también frenar y revisar el importante rol de la Fuerza Armada, en el marco de su imbricación cívico-militar, para que ésta (cosa incierta), pase a ser una entelequia “no clasista” como si no lo fue en los tiempos de la IV república. Igualmente proponen la eliminación de las Milicias Bolivarianas y regular el ingreso y tiempo de permanencia en la Reserva.

En el cuadro de lo anterior, de lo que se trata es de volver a los viejos y tradicionales esquema de sujeción (en tanto Repúblicas Bananeras), al Sistema Interamericano de Defensa a los fines de regresar a la añorada subordinación a los designios geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos. Para camuflar esta pretensión, nos quieren hacer creer que ellos ya no comulgan, por ejemplo, con el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca “Tiar” sino que mágicamente ahora profesan propuestas independentistas contenidas en el Consejo Suramericano de Defensa “CSD”, que como sabemos, nació desde la Unasur a instancia de los procesos de cambio que se suceden en nuestro Continente, con nuestro país a la cabeza, en el propósito de romper los lazos históricos de subordinación con el imperialismo norteamericano y sus aliados estratégicos.

Nos hablan de que su proyecto será de inclusión social; más sin embargo, le hacen apología al período más infausto que tuvo la república, entre los años 1990 a 1998. Como sabemos, en esa período los gobernantes de turno no solo se plegaron a las más aciagas políticas neoliberales (anti populares, antinacionales, violatorias de la soberanía y autodeterminación), sino que produjeron el período de más violación de los derechos humanos, civiles y políticos cuyos efectos obligaron y adelantaron las acciones de los insurrectos del 4F; teniendo como referente las acciones de respuesta popular, mejor conocida como el “Caracazo”.

Finalmente, no sólo desechan todos los avances y logros científicos, tecnológicos y de inclusión social en todos los órdenes, sino que además pretenden pasar por alto las acciones desestabilizadoras (no pasó nada; no hubo Golpe de Estado), de quienes siendo dueños de medios privados, instaron al desconocimiento de la institucionalidad, violentar el Estado de Derecho y deponer al Presidente legítimamente elegido por todos los venezolanos.

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(*) Politólogo e Internacionalista venezolano
    Magíster en Seguridad y Defensa