Un cáncer afecta hoy la marcha del proceso revolucionario en Venezuela. Para nadie es un secreto que la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia siguen campeando en las estructuras gubernamentales. Quizás lleguen a niveles nunca antes conocidos, ni siquiera durante los años de democracia “puntofijista”. Sin embargo, abordar este problema, así como todos los demás que aún padecen el pueblo y los trabajadores venezolanos, no puede hacerse de manera parcial, tratando de “resolverlos” sin considerar el conjunto del proceso revolucionario; tomando medidas administrativas; despidiendo o metiendo preso a uno que otro burócrata corrupto. Las respuestas a este flagelo, así como a los males sociales que aún padecen los venezolanos, son de carácter político, y están relacionadas con la necesidad de instrumentar medidas transitorias que permitan trascender el capitalismo y avanzar al socialismo.

El proceso revolucionario que vive nuestro país se desarrolla con la pervivencia de estructuras estatales burguesas, heredadas del pasado reciente “puntofijista”. Se produce entonces una contradicción: la persistencia de un Estado capitalista con una profunda revolución, que por sus objetivos, por los métodos empleados por el pueblo, por el enemigo que enfrenta, tiene una naturaleza anticapitalista y socialista.

La cantidad de casos de corrupción que por distintas vías llegan a nuestros oídos; la desatención de los alcaldes y gobernadores golpistas y “bolivarianos” a los reclamos de las comunidades; el nepotismo galopante; la situación que recientemente se manifestó en la Disip, así como en el CORE 8 de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, ponen en evidencia lo dramático de la situación.

¿Qué es el Estado?

Para Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase sobre otra. Es decir, es el organismo que “legaliza” y asegura esa dominación, procurando conciliar y amortiguar el choque de las contradicciones entre las clases.

De tal forma que el Estado burgués, que aún existe en nuestro país, sería el mecanismo mediante el cual los capitalistas y el imperialismo ejercerían su dominio sobre el pueblo y los trabajadores.

Ese Estado está compuesto por los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, moral), que existen sobre la base de las ideas de la Revolución Francesa, la más significativa revolución burguesa de la historia, y se inspira en la división de poderes desarrollada por Montesquieu. Es decir que la revolución que vivimos, y que el propio Presidente plantea que debe dirigirse al socialismo, sigue coexistiendo con estructuras que no se corresponden con su dinámica, y con las aspiraciones anticapitalistas del pueblo, de allí que creer que es posible vencer la corrupción y el burocratismo en este marco, manteniendo las estructuras estatales y gubernamentales existentes, sea una utopía.

El pueblo y los trabajadores deben tomar el poder

Lenin planteaba que la liberación de la clase oprimida es imposible sin la destrucción del aparato del poder estatal de la burguesía. Esta, sin duda, es una tarea pendiente.

La burguesía y el imperialismo siguen controlando los principales mecanismos del poder estatal. Quizás no estén en este momento ejerciendo directamente ese poder, a través de sus partidos históricos (AD y COPEI), pero sus intelectuales, sus funcionarios, sus técnicos, aún permanecen en el seno de las instituciones del Estado. Permanecen agazapados en la Asamblea Nacional, en los ministerios, en los tribunales, incluyendo al TSJ, en el CNE, en la Fuerza Armada, en las policías, en las alcaldías y gobernaciones, en PDVSA y en la industrias básicas. Siguen reproduciendo sus intereses, sus aspiraciones, su cultura, a través de los medios de comunicación social, en las escuelas privadas, en las universidades.

Pero no sólo se trata de la presencia física de representantes de la burguesía en el seno del gobierno, sino que además, estas instituciones reproducen los métodos de la burguesía. Más allá de las buenas intenciones de los funcionarios que asumen cargos en el Estado, estos se ven sometidos, y tarde o temprano sucumbirán, a los privilegios del cargo, al carácter jerárquico y burocrático de las instituciones. Serán cooptados por una atmósfera de privilegios que coloca a los funcionarios por “encima de la sociedad”. Es decir, es imposible que con estas estructuras estatales se pueda profundizar el proceso revolucionario, y se logre liquidar la corrupción y el burocratismo. Con las alcaldías y gobernaciones de la burguesía; con la judicatura y el parlamento burgués; con la Fuerza Armada y las policías que tenemos, será imposible trascender el capitalismo y comenzar a construir el socialismo.

Lo anterior nos plantea un reto, el pueblo y los trabajadores, a través de sus organizaciones legítimas, deben tomar el control del aparato del Estado burgués para comenzar a construir otro Estado, acorde a sus necesidades, a la lucha contra la burguesía y el imperialismo, y a las exigencias de la profundización del proceso revolucionario. Un Estado verdaderamente democrático, donde el pueblo y los trabajadores hagan efectiva la democracia participativa; donde sus organizaciones ejerzan directamente el poder. Sin intermediarios “especializados”, sin una casta de funcionarios colocada por “encima de la sociedad”. Este Estado que aún persiste contradictoriamente en el marco de la revolución, no nos sirve para este objetivo.

Debemos romper los paradigmas de la burguesía

Nos preguntamos, ¿por qué en lugar de conferirle a un tercero el poder de gobernar y legislar, sea este diputado, ministro, alcalde o gobernador, no ejerce directamente el poder el pueblo organizado? ¿por qué el pueblo que se movilizó para derrotar el golpe y el paro-sabotaje petrolero tiene que seguir pidiéndole a un funcionario que cumpla con sus promesas electorales? ¿por qué no es él directamente, quien le da respuesta a sus problemas y reivindicaciones?

Las estructuras de gobierno existentes, sólo sirven para perpetuar la dominación de la burguesía y el imperialismo sobre el pueblo y los trabajadores. Los que llegan a un ministerio, a una alcaldía o a una gobernación, se contagian de la atmósfera de privilegios que los rodea, colocándose rápidamente al margen de los intereses populares. De allí que sea necesario pensar en otras formas de gobierno. ¿Quién dijo que las alcaldías, concejos municipales o gobernaciones, son las únicas formas posibles de gobierno local y regional? En ese sentido, es bueno echar mano de otras experiencias revolucionarias para repensar las estructuras de gobierno.

¿Qué proponemos?

Es nuestra opinión que un gobierno de los trabajadores y el pueblo, debe comenzar por tomar medidas concretas que lleven a la práctica la democracia participativa y protagónica, como forma de enfrentar el burocratismo y la corrupción. En ese sentido, esto debería iniciarse mediante la eliminación de las alcaldías y gobernaciones, y su sustitución por consejos comunales, municipales y estadales de gobierno. Quizás esta tarea podría ser asumida, en una primera instancia, por los Consejos Comunales y Locales de Planificación Pública, que dejarían de ser organismos de consulta o planificación, dependientes de alcaldes y gobernadores, para pasar ejercer directamente las labores de gobierno. Estos consejos deberían confluir en un gran consejo nacional de gobierno o planificación pública. Todos estos organismos deberían tener funciones legislativas y ejecutivas. De lo que se trataría, entonces, es de asegurar la más amplia participación e intervención del pueblo en las decisiones, constituyéndose esto en un mecanismo de conjura del burocratismo, el clientelismo y la corrupción.

Lo que normalmente sucede en la actualidad, es que después de elegido el alcalde o gobernador, este se separa de sus electores, convirtiéndose en una especie de “pequeño presidente”, un reyezuelo, que gobierna individualmente; y coloca en los cargos de confianza a sus amigos, familiares o compañeros de partido, y no a los luchadores y dirigentes populares y comunitarios. Esta estructura debe romperse radicalmente, sustituyéndose por formas de gobierno donde sea el pueblo y los trabajadores el que ejerza las funciones públicas. No se trata simplemente de “acercar el gobierno al pueblo”, si no que este sea quien cumpla dichas labores directamente.

No es posible eliminar de un día para otro la burocracia, ni la cultura de corrupción entronizada durante décadas por el capitalismo y la burguesía, sin embargo, mediante la masificación de la participación popular en los asuntos públicos, es posible comenzar a enfrentar la cultura de la ganancia y el provecho individual; la conciencia consumista y de competencia desenfrenada, propias del capitalismo, y que son la base social de la corrupción. Es posible, sin duda, minimizar el burocratismo y los privilegios.

Ahora bien, lo anterior es una medida política dirigida a comenzar a reestructurar el Estado sobre nuevas bases, pero no es suficiente. Medidas como la anterior, deben estar acompañadas por otras. Todos los miembros de los consejos arriba mencionados deben ser elegidos por sufragio universal en todos las parroquias, municipios y estados. Estos funcionarios deben ser responsables ante sus electores, y revocables en todo momento. Y deben ser, preferiblemente, los más destacados activistas y dirigentes populares, comunitarios y sindicales de cada localidad o región. Por otra parte, todos los funcionarios públicos deben ser elegidos democráticamente por voto universal, esto incluye a los jueces de los tribunales, los cuales también deben ser revocables.

En cuanto a los salarios, todos los que desempeñen cargos públicos deben tener un salario que equivalga al salario promedio de un trabajador especializado. En nuestro caso, podría tomarse como parámetro, el salario de un obrero especializado de nuestra principal industria, PDVSA. Igualmente, deberían desaparecer todos los gastos de representación, primas especiales por el cargo, tarjetas de crédito corporativas, choferes, vehículos oficiales, y todas las demás prerrogativas de los funcionarios del Estado burgués.

Otro tanto debería hacerse con las policías, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada, las cuales deben perder todo carácter político. En el caso de las policías estas deben someterse a la jurisdicción de los consejos de los trabajadores y el pueblo, mientras que el ejército permanente debe ser sustituido por el pueblo en armas, a través de la creación de las milicias obreras y populares, las cuales deben ser responsables ante los consejos.

No obstante, estas medidas tienen un carácter político, dirigidas a reestructurar las formas de gobierno, pero sólo adquirirán pleno sentido simultáneamente con la expropiación de los capitalistas, y en la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social de todo el pueblo y los trabajadores.

*Profesor de la UCV. Militante Opción de Izquierda Revolucionaria
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