Ante el editorial publicado este lunes 25 de julio en la primera
página del diario El Universal, bajo el título "Justicia Arrodillada", el
fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aclara que el
Ministerio Público no se arrodilla ante nadie y menos ante medios de
comunicación que pretenden en forma irresponsable hacer de
investigadores y jueces y juzgar sin respeto alguno al debido proceso y
al equilibrio objetivo resultante de la investigación realizada. Nuestro
trabajo no es crear matrices de opinión ni orientamos nuestra actividad
técnica conforme a conveniencias empresariales o intereses políticos o
económicos.
Señala el Fiscal General que la deslegitimación a la que hace
referencia El Universal, al referirse al Ministerio Público y los
tribunales, contrasta con la política de algunos medios de comunicación
de prestar sus propios consultores jurídicos para ejercer la defensa de
ciudadanos imputados por esta Institución y, a su vez, con el mayor
descaro, prestarle las páginas de sus diarios para ejercer presiones
mediáticas indebidas respecto a los casos o juicios que deberían ventilar
en los tribunales y no en las páginas de los periódicos.
De esta manera algunos medios de comunicación social buscan
torcer la justicia y colocarla del lado de sus intereses o de los
intereses de sus consultores jurídicos. Critican y atacan a las
instituciones del Estado sin fundamentos serios y sin bases sólidas.
Señalan que en el proceso penal las condenas son escasas, denuncian la
impunidad, pero si se acusa o se condena a uno de sus protegidos,
entonces la justicia está mal administrada, sesgada por el Poder
Ejecutivo o simplemente no funciona.
Si el Ministerio Público realiza sus investigaciones en relación con
Súmate, con el Decreto Carmona, con la embajada de Cuba, defendidos por
un consultor jurídico de medios, entre otros casos más que también
defiende, para El Universal la justicia está arrodillada, no es objetiva
o, simplemente, no existe.
En el editorial de este 25 de julio señala El Universal que todo
ciudadano está sometido a un alto riesgo y que causa de ello es la
politización del sistema penal. Sin embargo, no son sinceros en cuanto al
riesgo al que está sometida la ciudadanía a partir de la manipulación
mediática de la justicia: Los medios acusan, los medios condenan y los
acusados y condenados son expuestos a un sistema inquisitivo donde no hay
presunción de inocencia, tal y como ocurrió con la denuncia de abril de
2004, formulada precisamente por El Universal, sobre la supuesta
adquisición de un cuadro de Reverón por el titular del Ministerio del
Interior y Justicia.
Algunos medios reclaman justicia, reclaman debido proceso, reclaman
imparcialidad y objetividad, pero sus dueños no son consecuentes ni
coherentes con ese reclamo en las páginas de sus periódicos.
El Universal habla de una justicia penal profesional y coordinada
con la prevención, pero ese profesionalismo no lo aplican para si los
editores, quienes en la actualidad, alejados de la ética que en los
medios masivos de comunicación es un "deber ser", asumen la vocería de
los partidos, ocupan el protagonismo de estos partidos y les dictan las
pautas que deben seguir para hacer y ejercer la oposición no al gobierno
sino a las instituciones y al Estado.
El Fiscal General de la República reitera que el Ministerio Público,
alejado de todo interés político, ha venido retomando la misión de la
institución desde el año 2001 para modernizarla y comprometerla con los
requerimientos de justicia de los ciudadanos venezolanos y de la
soberanía popular a la cual también irrespetan algunos de estos medios.
No nos van arrodillar quienes siempre han tenido la justicia arrodillada
ante sus intereses desconociendo otros que no son personales ni
individuales y que expresan con amplitud a un país que ellos han excluido
y han negado desde hace unas cuantas generaciones.