La democracia revolucionaria garantiza al máximo los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque su premisa es dar la mayor suma de seguridad y felicidad al pueblo. Pero esa garantía está sujeta a normas que quienes aspiran a disfrutar deben cumplir y, no son otras que las contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que norman el desarrollo de la vida nacional, frente a las cuales todos somos iguales y estamos obligados a respetar y cumplir.

Pero pareciera que esa premisa no se está cumpliendo, al menos cuando se trata de delincuentes políticos que haciendo uso y abuso de las garantías constitucionales existentes en nuestro país (valga decir, que ellos niegan para el exterior), atentan contra las personas, la propiedad pública y privada y contra los tratados internacionales de los cuales es signataria Venezuela y del derecho internacional, que ampara a las representaciones diplomáticas en el país. Es posible que este gobierno se está cuidando de la campaña internacional emprendida para satanizar a nuestra revolución bolivariana, donde los mismos delincuentes que están aupando la desestabilización del país, hablan de presos políticos y exiliados, cuando la realidad es que en Venezuela, lo único que hay son políticos delincuentes, sancionados por la justicia y en el exterior lo que existen son terroristas y ladrones, que tienen cuentas pendientes con nuestra justicia y sus operadores y colegas en Venezuela, pretenden hacerlos aparecer como víctimas del régimen, que tiene “presos políticos” y compatriotas “desterrados”. Mayor falacia no puede existir y eso lo demuestran los hechos vandálicos, de violencia, de terrorismo, que grupos paramilitares disfrazados de estudiantes realizaron en San Cristóbal, capital del Estado Táchira, donde planeaban secuestrar a la esposa del gobernador Vielma Mora y como no la encontraron en la Fundación de la Familia Tachirense, arremetieron contra el edificio, disparando cargas de clavos y tornillos, con sofisticados lanzamorteros, que evidentemente fueron comprados en el exterior, con la finalidad de mantener grupos terroristas, lo cual presuntamente fue alimentado por el gobierno anterior en la entidad que estuvo en manos de un militante de COPEI, célebre por sus coincidencias en la Asamblea Nacional, con quienes mantenían nexos con paramilitares en Colombia y en la frontera venezolana, por donde entró el batallón de irregulares presumiblemente enviados por Álvaro Uribe Veles, a petición de opositores venezolanos y que un influyente militante de Primero de Justicia, alojó en su hacienda (Daktari), desde donde vestidos con uniformes y distintivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana , marcharían al centro de Caracas, para asaltar el palacio de Miraflores, asesinar al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, crear el caos, publicitando para el exterior, que era obra de la FANB y así crear el clima para la intervención extranjera y la masacre del pueblo bolivariano.

Todos sabemos, que los cabecillas de esos infames atentados contra la patria, son los mismos que siendo Alcaldes de Chacao y de Baruta, durante el golpe de abril 2002, se dieron a la tarea de asaltar la embajada de Cuba en Venezuela y las residencias del Ministro de Interior y Justicia, hoy gobernador de Guárico, Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín y del Diputado Tareck William Saad, para exponerlos al desprecio público y al linch de las hordas de la derecha sedientas de sangre revolucionaria, que les acompañaban en sus tropelías.

Esos personeros hoy gozan de las garantías del gobierno revolucionario para continuar en sus andanzas incluso en cargos de elección popular. Uno está refugiado en la gobernación del Estado Miranda, desde donde ampara a su par, porque quiere tras bastidores seguir fortaleciendo su pálida imagen política, para lanzarse de nuevo a la presidencia de la República, ante la hipotética y anhelada por parte de la oligarquía, falta absoluta del Comandante Chávez, que para su despecho está vivito y coleando en un centro médico de la Habana, de donde vendrá con más fuerzas y el látigo de su verbo, para continuar al frente de la revolución.

El otro, Leopoldo López, venía agazapado con su discurso de dialogo y ejercicio de la democracia, tratando de confundir al pueblo chavista y seguir engañando a quienes de buena fe les han seguido; pero se cansó y se quitó la máscara en una escuálida asamblea realizada la pasada semana, en el este caraqueño, donde asumió como propios los actos del Táchira y arengó a los “estudiantes” que según él luchan por la “defensa de la democracia y la constitución en el Estado Táchira”, comunidad trabajadora y pacífica, estremecida por los actos criminales cometidos por un comando terrorista integrado por grupitos de la Universidad Católica de San Cristobal y de otras dos universidades públicas, que no llegaron a 60, pero que causaron graves daños a bienes del Estado y particulares, cuando armados con pistolas nueve milímetros y lanza morteros atacaron la Fundación de la Familia Tachirense, patrocinada por el gobierno regional, donde son atendidos niñas y niños victimas de violencia sexual o en situación de calle, con discapacidad y otras necesidades. En esta acción la idea central era secuestrar a la esposa del gobernador Vielma Mora, vaya a saber con que intenciones. Afortunadamente el mandatario que estaba en Caracas, en gestiones propias de su cargo, fue alertado sobre el plan y sugirió a su esposa vía telefónica que no fuese ese día a la fundación.

Pues bien, desde nuestra posición como defensores de este proceso de cambio y comunicadores comprometidos con la defensa del pueblo y la soberanía nacional, exhortamos a los órganos competentes a activarse y aplicar la Ley, a quienes andan enloquecidos, producto del estrés post electoral y que ante la imposibilidad de obtener el apoyo del pueblo, buscan atajos para hacerse del poder como en abril del 2002, que durante las efímeras horas de gobierno del sátrapa Pedro Carmona Estanca, mostraron sus ansias de pasar factura al pueblo bolivariano, al cual se proponían masacrar, como lo hicieron durante la rebelión popular del 27 de febrero, cuando los cerros bajaron a reclamar justicia. Por eso nos preguntamos: ¿Hasta cuando impunidad frente al terrorismo?

Periodista*

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