Los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano son parte importante de los retos que tiene planteado, no solo el gobierno bolivariano del Comandante Hugo Chávez Frías y su Vice-presidente Nicolás Maduro Moros, sino el conjunto de los órganos del Estado que están relacionados con la problemática de la criminalidad social e internacional, por lo que todos los esfuerzos que se vienen realizando para enfrentar esta situación deben ser el resultado de una política que englobe todos los órganos del Poder Público relacionados con el problema y sus soluciones de corto, mediano y largo plazo.
Es cierto e indiscutible que el fenómeno criminal de las sociedades modernas son, en lo fundamental, el resultado de un sistema impuesto por las Clases Propietarias, dirigidos al beneficio de minorías sociales y a la esclavización, explotación y pauperización de las condiciones de vida de las Clases Prtoductoras, generando con ello la voluntad y decisión de muchos de hacer uso de medios meta-legales de sobrevivencia y obtención de lucro que terminan por ser reprimidos por el Estado, con el propósito de garantizar la paz y la seguridad social y la preservación del orden político, social y económico injusto; lo que no niega la existencia de factores criminógenos originados en las patologías humanas que inclinan a determinados individuos a conductas antijurídicas que se asocian y articulan a los factores sociales determinantes de la criminalidad.
Este cuadro general de la criminalidad y su contención y control por parte del Estado tiene hoy, nuevos factores en el desarrollo de crimen internacional organizado y transfronterizo relacionado con las operaciones criminales altamente rentables para sus actores materiales y sus operadores intelectuales, quienes consiguen incorporar a miles de personas en regiones enteras del planeta, a los cuales el Estado no le es facil enfrentar sus operaciones de transportación de sus “productos” y beneficios y en la legitimación de sus activos en diversas partes del mundo; sea a través de los sistemas financieros situados en paraísos fiscales o, a través de millonarias inversiones, en asociación con poderosos grupos burgueses, en sectores como la industria del juego y el entretenimiento, la construcción turística e inmobiliaria y la adquisición de tierras.
El enorme esfuerzo humano, técnico y financiero del gobierno del Comandante Chávez, del Poder Judicial, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General para desarrollar políticas en materia económica y social, de impacto directo en la población con altos índices de criminalidad, como las Misiones de estudios Robinson, Rivas y Sucre, formación laboral como “Saber y Trabajo”, Programa de Alimentación Escolar, Misión Che Guevara etc,; junto con la expansión del sistema judicial para combatir la impunidad y el retardo procesal, el incremento de la Defensa Pública para proteger los derechos procesales de los imputados, el mejoramiento profesional, organizacional y ético de la Fiscalía General, los importantes cambios técnicos, científicos y operacionales de la policía judicial, la creación de la Universidad de la Seguridad, la Policía Nacional, las operativos de Desarme y DIBISE y la creación de un Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios; confirman la firme voluntad del Estado de enfrentar los actores y factores generadores y multiplicadores de la criminalidad venezolana, apegados a la Constitución y las leyes nacionales y a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, con el fin de hacer posible una sociedad con mayor grado de libertad personal, convivencia pacífica y bienestar social; hoy comprometida por la actividad antisocial y criminal.
Este conjunto de políticas y acciones desarrolladas por el Estado, las cuales no tienen comparación en nuestro continente, han alcanzado importantes resultados en la prevención y represión de las conductas antisociales y la criminalidad transnacionalidad asociada al narcotráfico, pero siguen existiendo como “Telón de Aquiles”, los centros penitenciario desbordados en el números de privados de libertad, las deterioradas instalaciones penitenciarias, el rezago en la construcción de nuevas instalaciones modernas y seguras, la corrupción en el seno del personal de servicios penitenciario y especialmente, la alta capacidad de violencia y extorsión de las bandas criminales que operan en esos lugares y, la vigencia de normas y políticas penitenciarias que no diferencian suficientemente entre los criminales violentos y reincidentes de tales delitos, de aquellos vinculados a delitos no violentos, por lo que se hacen necesarias cárceles de Alta Seguridad, ubicadas en zonas apartadas de los centros poblados y sometidos a regímenes penitenciarios severos, que impidan la continuación de su actividad delictiva extramuros y limiten la posibilidad de imponer su autoridad dentro del recinto carcelario y fuera de ellos.
Las experiencias venezolanas e internacionales prueban que no hay salidas policiales y militares al flagelo de la criminalidad pero hoy existen suficientes evidencias de la necesidad de una radicalización en las normas y sistemas de tratamiento de la delincuencia que impida y destruyan las estructuras criminales en las cárceles, aumente los tiempos inmodificables de reclusión de los criminales violentos y reincidentes y, la creación de presidios de Alta Seguridad que impidan a los feroces e incorregibles criminales reincidir en sus delitos, a la vez que desestimulen a quienes pretenden reemplazarlos en su carrera criminal. Ello no resolverá la lacra criminal engendrada en la sociedad de los Propietarios, pero incidirá positivamente en la desincorporación del cuerpo social a los más peligroso y dañinos actores de la inseguridad pública y la tranquilidad social en Venezuela.
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