200 familiares, 41 diputados, 600 policías uniformados y una sigilosa cantidad de los otros, unos 60 medios, 40 cámaras de televisión, asesores y curiosos. Con esos actores se puso en escena uno de los dramas más culminantes del caso Cromagnon, el boliche bailable donde murieron por corrupción, ineficacia gubernamental y ganancia empresaria, 194 adolescentes el 30 de diciembre de 2004.

El final fue como se había previsto, más o menos. La sesión fue suspendida por un cuarto intermedio hasta el lunes, tras una maniobra de ambos gobiernos, el local y el nacional, para impedir lo que parecía inexorable: el juicio político al Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

La brutal violencia de las 2,30 de la madrugada contra los familiares, fue la correspondiente al plan montado por el gobierno, basado en dos determinantes: impedir a cualquier costo el juicio a Ibarra e imponer un gigantesco operativo policial para asegurar ese objetivo.

A las 12 de la noche faltaba un solo voto para que los familiares se vieran conformados en su fuero ético y emotivo, viendo procesar por mal desempeño, corrupción, desidia y autoconfesión de culpa en la función pública, al otrora Fiscal de la Nación y prestigioso abogado derechohumanista. Ese voto costaría el poder a Ibarra y la base de sustentación de Kirchner en la Capital.



Pruebas y confesiones

El expediente de pruebas documentales y testimoniales supera las mil fojas y la mayoría de ellas son de absoluta fidelidad: comprometen al Jefe de Gobierno porteño y su cadena de resposanbles y administradores, como los responsables políticos tipificados de la masacre, 194 muertes que pudieron ser evitadas. Por supuesto, junto a su amigo y socio político, el empresario Omar Chabán.

Autoconfesión. La primera prueba de culpabilidad la dio el propio Jefe de Gobierno contra si mismo a comienzos de 2005, cuando dijo esto en la Legislatura: "Si el 25 de noviembre se 2004 se hubieran hecho las inspecciones, Cromagnon no hubiera existido". Relevo de pruebas, dicen los juristas... Ibarra acusa a Ibarra.

La investigación arrojó datos espeluznantes como el de que existen unos 197 inspectores para inspecccionar cerca de 200 mil locales públicos en la Capital Federal. De ese total, unos 80.000 locales fueron encontrados en estado de "graves irregularidades".

O sea, que en sana ley 80.000 locales no podrían estar funcionando si no fuera porque logran los permisos y habilitaciones pagando coimas (sinecuras, comisiones ilegales, "majadas de mano") a los funcionarios de Ibarra y de todos los Ibarras anteriores a Ibarra.



Ilusiones que matan

Pero pruebas para enjuiciar al Jefe de Gobierno sobran. De hecho, al día de hoy ocho (8) de sus principales funcionarios están procesados por causas similares.

¿Entonces qué faltó para que un hecho tan sensible en la población y tan verificado los culpables por dos comisiones investigadoras, no haya ganado el Juicio Político en la Cámara Legislativa?

La respuesta está en los pasillos, sillones, gavetas y resquicios de la propia Cámara. Allí se negoció la matemática del voto a través de la maquinaria corporativa para impedir la caída del Jefe de Gobierno y su estructura gubernamental.

Eso implicó, por ejemplo, enfermedades repentinas de diputados, desapariciones sorpresivas, ausencias inexplicables, compras de legisladores recién electos y hasta el llanto de una diputada oficialista en un baño de la Legislatura, porque se debatía anoche jueves entre votar a favor del Juicio por razones humanitarias, y votar en contra porque se lo pedía el aparato ibarrista-kirchnerista. Al final de la controvertida noche, prefirió huir con su dilema.

Pero hay otra razón: Los familiares se equivocaron al creer que se podía encontrar una solución de tamaña magnitud política, dentro de las paredes de la Legislatura y su resbalosa madeja legal. Olvidaron provocar y organizar un poderoso movimiento social que obligara a tan obsoleta institución a responder al interés de los familiares. Un sentimiento podrá mover montañas, no las transforma.

A la fecha, la clase media porteña los apoya en el terreno sentimental, pero no se movilizaría con ellos. Eso lo confirmó la encuesta del diario La Nación, que señaló que el 64% estaría por un juicio a Ibarra. Pero nada más.

Este error de político los llevó a rechazar el apoyo de los movimientos sociales (piketeros y otros) y de partidos de izquierda de fuerza considerable. El aislamiento creció con la marcha de los meses del 2005, a pesar de que nadie duda de sus razones.

Ese aislamiento social lo aprovecharon los gobiernos nacional y local, para actuar dentro de la Cámara Legislativa porteña contra los familiares, sus razones, sentimientos y objetivos. Y lo lograron, por lo menos en la primera gran prueba. Inclusive actuaron dentro de los mismos familiares, tentándolos con ofertas monetarias, cargos y manoseos varios, usuales en ocasiones como estas.

El secreto de esta dialéctica perversa está develado: Si Ibarra es echado por juicio político, se afectará gravemente su aliado más cercano: el gobierno de Néstor Kirchner.

Y la matemática del poder del Estado capitalista no discute su lógica feroz: ni amigos ni enemigos, sólo tiene intereses: Si cae Ibarra, sube Duhalde a la jefatura gubernamental capitalina a través de Telerman, y esto, después de perder en la Capital con Macri y ganar con Cristina en las Provincias, no es una pieza negociable para la Casa Rosada.

A no ser que un poderoso movimiento de familiares de víctimas de Cromagnon imponga con su fuerza el juicio a Ibarra, la redención de las víctimas y la condena de los cómplices.