Sin embargo, más allá del carácter jurídico que el acuerdo legislativo le atribuye, en la realidad, las decisiones del Poder Nacional en Estado Federal Descentralizado y con autonomías relativas de Estados y Municipios, nunca han sido de cumplimiento obligatorio por parte de los órganos inferiores de la pirámide republicana quienes por mala costumbre, por ignorancia o, por posición política divergente, se resisten a tomar a pies juntilla, tales decisiones de los Poderes Nacionales, pretextando que la autonomía municipal solo les obliga a cumplir la Constitución y las leyes y no aquellos acuerdos legislativos que no tienen tal carácter o, que siendo la materia objeto del acuerdo legislativo un asunto de carácter nacional e internacional, están fuera de las competencias y atribuciones de los municipios que, supuestamente, solo atienden los asuntos locales.
Esas actitudes contra-republicanas y violatorias de la Constitución no son nuevas porque han estado presente a todo los largo de los 203 años de vida republicana en Venezuela y en toda Nuestra América Latina, donde el traslado del modelo federal de los Estados Unidos de América, ligado a una cultura política de estancos feudales heredadas del viejo repartimiento de encomiendas del sistema colonial español , construyeron en cada Estado y Municipio republiquetas desvertebradas, en donde, cada uno de los niveles y espacios de gobierno se asumía, de manera autónoma, el ejercicio de la función pública, convirtiéndonos en una suerte de archipiélago político, lo cual ha conducido a convertir la ineficiencia y la ineficacia, no en un error o falla de gobierno, sino en parte fundamental del ineficiente funcionamiento del Estado.
Hay que decirlo y enfatizarlo: el Plan de la Patria no nació en el presente año ya tiene su antecedente en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013, que fue rebautizado como Plan de Desarrollo Socialista Simón Bolívar y, éste instrumento para el desarrollo del Poder Nacional tiene, a su vez, como antecedentes a los llamados Plan de la Nación, ideados por los sesudos planificadores del Cuarta República, los cuales no tuvieron mayor incidencia en la planificación y ejecución de políticas públicas en los niveles de los Estados y los Municipios y por ende, mantuvieron desmembrado e inconexo el funcionamiento del Estado con sus negativas consecuencias para el desarrollo del país.
No ha de sorprender esta resistencias feudal de los gobernantes y legisladores estatales y municipales de articular su gestión a los planes acordados en el nivel nacional, si la misma Constitución de la República, originada en el proyecto propuesto por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías a la Asamblea Nacional Constituyente, también sufrió de la miopía, ignorancia o indolencia de nuestros gobernantes y legisladores estatales y municipales quienes no han sido capaces, en catorce (14) años, de convocar Convenciones o Asambleas Constituyentes en sus Estados y Municipios para adecuar el viejo orden jurídico de tales entidades federativas y municipales al contenido de la Constitución, con el fin de favorecer la demolición del viejo Estado Republicano formado por oligarquía liberal-conservadora pos-colonial y conservado, con sus retoques, por sus sucesores burgueses cuartarepublicanos, apenas diferenciados por el apellido de bolivariano con los cuales han sido bautizados estos órganos del Poder Púbblico.
Chávez siempre latigaba a las mentalidades feudales de nuestra cultura política subyacente en la revolución bolivariana, al afirmar que solo existía un solo Estado con una sola Constitución y por ende, todos los niveles de gobierno debían sujetarse Al Poder Nacional porque ello era esencial para alcanzar el objetivo estratégico de construir el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia, hoy en Transición al Socialismo; prédica que no ha sido oída y que corre el riesgo que se pierda en medio de las urgencias de los servicios públicos, los debates intrascendentes de las fracciones políticas y el asfixiante clima de la burocracia ineficiente y su sector saboteador.
Defender, expandir y consolidar la Independencia Nacional, Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, Convertir a Venezuela en un país potencia, Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacionaly, Contribuir con la preservación de la vida en el planeta, no es ni puede ser una responsabilidad única y exclusiva de los órganos del Poder Público Nacional sino que tiene que ser asumido jurídica y políticamente por todos y cada uno de los Poderes Públicos de los Estados y de los Municipios porque ello es esencial para la consecución de tales objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana, razón por la cual, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como vanguardia del presente proceso revolucionario bolivariano, junto a sus aliados del Gran Polo Patriótico, deberían presentar en cada uno de los Consejos Legislativos y Cámaras Municipales del país, Proyectos de Leyes u Ordenanzas Aprobatorias del Plan de la Patria 2013-2019, en donde se declare expresa y taxativamente, la primacía de ese Plan sobre las normas de planificación y de presupuesto, disponiendo la creación de una Comisión Especial, integrada por funcionarios de los gobiernos estatales y de los municipios, legisladores y legisladoras, concejales y concejalas, dirigentes sociales, académicos e intelectuales, según sea el ámbito de gobierno, para la elaboración de los correspondientes Planes Estatales y Municipales de la Patria 2013-2019. Solo así construiremo y de Machiques a Santa Elewna de Uairen y de Caracas a San Antonio de Atabapo, la Patria que soñó y diseñó el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. "Solo la imperatividad de la Ley y la sanción por su violación, garantiza su efectiva observancia".
