Jorge Rodríguez, Presidente del Consejo Nacional Electoral ha anunciado que tiene un ante-proyecto de Ley para desarrollar los mecanismos de solicitud y celebración de referendos revocatorios establecidos en la Constitución. Dijo que no estaba completo por “no haber encontrado un mecanismo para resguardar la identidad de los solicitantes, sin menoscabar el derecho del revocable a saber quiénes promueven su posible salida del cargo”. Yo propongo desde esta ventana y antes de que se presente el nuevo proyecto de Ley ante la AN, que aunque pudiera resultar más costoso en términos de dinero, pero a la vez más económico en términos de desarrollo y del bienestar que todos -en el menor plazo posible- sin distingos de ideología y pensamientos, queremos para el país, que a cada funcionario susceptible de ser revocado, al llegar a la mitad de su período, se le abra automáticamente la posibilidad de sacarlo o dejarlo en el cargo.
Lo que menciona Rodríguez en cuanto a “resguardar las identidades de los solicitantes” de revocatorios e igualmente lo del “derecho” del posible revocable a saber quiénes promueven su posible salida del cargo, no puede existir en la actual Ley Electoral, puesto que ya se ha argumentado que este instrumento legal es pre-constituyente y la figura de los referendos vino con la nueva Constitución. El hecho de que la Ley Electoral fuese pre-constituyente fue el principal alegato que se esgrimió, por ejemplo, para que las cuestionadas “morochas” siguieran su camino como venían andando, hasta que la nueva Ley electoral diga lo contrario o norme tal mecanismo. No entiendo mucho ese tal “derecho” que pudiera tener un funcionario sujeto a ser revocado, a saber quienes son las personas que promueven su posible salida del cargo” (?). ¿Por qué tendría que saber en detalle quienes estarían interesados en promover su revocatoria del cargo? Debería bastarle el saber que los mismos electores que lo eligieron, confrontando sus votos entre quienes lo apoyaron y los que votaron por otros candidatos, tienen todo el derecho constitucional de accionar el mecanismo de su remoción...
Ya el principal Rector del CNE, dijo públicamente que no iba a entregar listas de direcciones de habitación de votantes a ninguna de las organizaciones políticas que lo han solicitado, puesto que eso sería un ataque contra la privacidad de cada elector y una conculcación de un derecho constitucional. Por eso tampoco entiendo lo aparecido en la prensa y puesto en boca de Jorge Rodríguez en cuanto a ese “fulano derecho” que tendría cualquier funcionario elegido a enterarse de quienes son los que promoverían su salida del cargo, obtenido en anterior justa electoral.
Me imagino que eso solamente responde a las truculencias políticas que, a pesar de los avances tecnológicos, constatables en su seguridad y transparencia por los contendores y sus técnicos especializados en informática (al punto de que la mayoría de partidos van a participar en las próximas elecciones del cuatro de diciembre y para ello están llamando a votar), no dejan de cacarearse. Y en este punto se plantea el dilema, de que si se recoge el número suficiente de firmas, éstas deberían aparecer publicadas porque lo exigen algunos ciudadanos interesados en el revocatorio, algunas organizaciones políticas y/o hasta el propio revocable, para saber si es cierto que se recogieron...y entonces podría pasar lo que sucedió con la filtración de la famosa lista de “Sumate”, convertida luego en Lista de Tascón...! Y utilizada precisamente para lo que no se quiere: Para malas interpretaciones, para chantajes laborales, revanchas, exclusiones, etc. ¿Cómo hacer? Porque nunca faltan los estúpidos, quienes a pesar de que la tecnología utilizada en las máquinas para votar ha sido escudriñada una y otra vez por quienes creen en los procesos electorales y en el voto como mecanismo de participación, que se sabe -probada y comprobadamente- que funciona a cabalidad con una cantidad exigua de margen de error, siguen pidiendo como último recurso de fastidiar a como dé lugar, el que se abran todas las urnas y se cuenten todas las papeletas...!
Con un mecanismo como el que proponemos aquí, hasta desaparecería eso de la “promoción” de un referendo revocatorio cualquiera. La apertura del proceso de acopio de firmas necesarias para que éste se dé, se realizaría automáticamente y cada funcionario susceptible de ser revocado sabría a qué atenerse. Y no esperar “confiado” en su propio poder, o en el que se deriva del partido que lo apoya o de otros apoyos gubernamentales, ciertos o no, que lo que hacen es socavar este importante mecanismo de participación ciudadana contenido en la nueva Constitución. Además, un mecanismo como el propuesto, no ameritaría necesariamente de una enmienda constitucional, sino de una nueva forma de interpretación en cuanto a la manera en que se abre el proceso de recolección de firmas, cuyo número -según la Constitución- no puede ser menor al 20 % de electores(as) inscritos en la circunscripción que corresponda. Al llegarse a ese porcentaje de firmas de electores, el CNE debería dar como recibida, también automáticamente, la solicitud de referendo revocatorio. Y entonces, proceder en consecuencia. Es decir, abrir el proceso...
El CNE, en todo el país, a través de los medios nacionales y regionales, publicaría la lista de funcionarios a los que su período de gobierno o de representación haya alcanzado su primera mitad. Y abriría el lapso correspondiente al acopio de firmas para que quienes estén interesados en revocar al funcionario, comiencen a firmar para que el referendo se lleve a cabo. Incluso podría abrirse, paralelamente a la visita “física” para firmar en las dependencias del CNE, un portal de Internet, como los que conocemos en los cuales se recogen firmas para cualquier causa “noble”, dedicado a cada funcionario. ¿Qué más democrático y discreto, que este mecanismo doble de recolección de firmas?.
En un tiempo prudencial, que sería establecido también, de no haberse recogido la cantidad de firmas necesarias (el tal 20 %), pues no se realiza el Referendo Revocatorio. Ahora bien, si se recogen de acuerdo con lo pautado en la Constitución o en la nueva Ley, el funcionario se expone a la evaluación popular de la comunidad que lo llevó al cargo. Si creen necesario que para este nuevo mecanismo habría de enmendarse la Constitución, pues a enmendarla, que para eso los humanos han hecho las Leyes, para perfeccionarlas y no para aguantar y sufrir a causa sus imperfecciones.
Contamos con funcionarios elegidos, a lo largo y ancho del país, que están haciendo un pésimo trabajo en favor de los cambios que se reclaman, pero están protegidos por el manto de la organización política, por el chantaje derivado del mismo poder que los rodea y hasta por padrinazgos -ciertos o no, pero utilizados siempre como tales- del propio Presidente o de otros altos funcionarios de los poderes establecidos. Y entonces la gente se inhibe de promover por su cuenta y riesgo un referendo en contra de un gobernador, de un alcalde o de cualquier funcionario elegido, porque “puede irle adversamente” (por decir lo menos), desde el mismo momento en que lo intente. Podrán ser acusados de traidores al proceso, a la revolución, etc. cuando lo más seguro es que quieran perfeccionar la revolución y acelerar el proceso de cambios por el cual “ladra” el país. Y angustiados, advierten que las formas de gobernarnos no son las que deben ser o incluso caminan en contra de las líneas políticas del gobierno nacional.
Debería estudiarse este mecanismo para crear, como lo plantea Jorge Rodríguez, “un sistema más amigable, rápido y efectivo..”. No debería esperar el CNE por las solicitudes de referendos, sino abrirlas automáticamente. Total, en la mayoría de los casos, no se recogerán firmas suficientes. Pero existen casos emblemáticos en el país, en los que si se dieran los revocatorios, los funcionarios saldrían como cohete de navidad... pa’ donde Chávez mandó al ALCA.
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