Yo también sigo escribiendo en Aporrea, porque es uno de los pocos medios en Venezuela, que le abre las puertas, a los que respaldan el proceso Revolucionario.
Hoy, cuando la Corte de Derechos Humanos se reúne en Costa Rica , para condenar a Venezuela por la no renovación de la concesión a RCTV, Haremos las siguientes consideraciones:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está parcializada contra Venezuela. El planteamiento que hiciera en vida el presidente Hugo Chávez de retirarse de la (CIDH), es un acto de soberanía.
Estados Unidos no forma parte de la CIDH, aún cuando la sede de este organismo queda en Washington y para formular una denuncia hay que viajar a esa ciudad estadounidense, además una ciudadana de Estados Unidos es integrante de la comisión.
La paz y seguridad de las naciones no pueden estar garantizadas mientras la principal potencia militar del mundo (EEUU) no puede ser juzgada. Yo juzgo, decido y sin embargo a mí nadie me puede tocar. Qué ironía.
Durante más de 50 años, desde 1947 exactamente, Estados Unidos integró la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 3 de mayo de 2001, 28 países votaron contra la presencia de Washington en esa comisión. La comunidad internacional sancionó, así, a uno de los países que más ha irrespetado los Derechos Humanos en todo el mundo.
Entre 1970 y 1983, la CIDH no se ocupó de Venezuela, aún cundo se registraron innumerables violaciones de los derechos humanos. El Ministerio Público ha contabilizado más de 1600 denuncias de crímenes de todo tipo cometidos en el periodo del Punto-fijismo (1958-1998).
Pese a ello, la comisión revivió, con respecto a Venezuela, en 1983: para defender los derechos humanos y el debido proceso, de los responsables del atentado contra un avión de Cubano de Aviación, en 1976. Es decir que la CIDH se activó para defender a quienes mataron 73 personas, pero desconoció todo lo sucedido a partir de 1958.
En 1995 las víctimas de la masacre de El Caracazo acudieron a la comisión, y esta instancia no hizo nada. En 1999, con el triunfo de la Revolución Bolivariana, el organismo hemisférico recordó, repentinamente, que debía demandar al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Estado dirigido por Hugo Chávez no era el mismo que el de la Cuarta República; por ello no fue necesario acudir a un juicio. El mismo Estado admitió que si hubo violaciones de los derechos humanos. La Corte condenó a Venezuela, pero falló a favor únicamente del grupo de victimas que acudieron a solicitar apoyo. El Gobierno Nacional, en cambio, decidió extender la indemnización a todas las personas que la solicitaron por estos hechos. Inclusive, las investigaciones continúan y hay una oficina abierta para darles seguimiento a los abusos perpetrados durante el Punto-fijismo, dijo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
Con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, la comisión hizo silencio y no dijo nada sobre lo que ocurría en el país. Se pronunció el 14 de abril de ese año, cuando la acción cívico militar logró el regreso del presidente Chávez tras 47 horas de secuestro y amenazas contra su vida.
Luego del golpe de Estado, la CIDH realizó una visita a Venezuela, pero cuando público su informe en diciembre de 2003, no expuso nada sobre el secuestro del Mandatario Nacional. Estos hechos, sumados a otros, hacen más que justificable la revisión solicitada por el Mandatario al Consejo de Estado. Esta solicitud también fue presentada a la Asamblea Nacional, en donde fue aprobada por una mayoría de 91 votos a favor del retiro del (CIDH) y 22 en contra.
La oposición ha criticado en forma desmesurada la actitud de retirarse Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considera que se aislaría en el ámbito internacional. Recordemos que Venezuela es miembro activo de la ONU, que tiene una comisión de Derechos Humanos, así como del pacto de La Haya y del Tribunal Penal Internacional, lo cual no existe la posibilidad de aislamiento tras la decisión de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos nunca ha suscrito esos pactos, y no por eso deja de ser parte de la comunidad internacional.